Esta semana se produjeron en Salta tres marchas de comunidades indígenas: una desde San Antonio de los Cobres, centro oeste de la provincia, hacia la capital; otra desde el departamento de San Martín, hacia la ciudad de Tartagal; la tercera, desde Aguaray hasta Pocitos.

Las tres son nuevas tentativas de las comunidades por conseguir no sólo que el gobierno las escuche (porque está enterado de sus reclamos desde hace mucho) sino que alguna vez se haga cargo de resolver lo que se le pide.

Marcha 1. Aguas turbias

En la primer marcha participaron miembros de los pueblos Kolla, Atacama y Tastil.  El lunes 21 llegaron a la capital para reclamar al gobierno de Urtubey y a la empresa Aguas del Norte, por el agua contaminada que se ven obligados a consumir.

El reclamo no es nuevo. “La puna salteña está postergada hace siglos”, declaraba a Radio Nacional Olga Copa –vecina kolla de San Antonio– el 15 de noviembre pasado, desde el corte que hacían sobre la ruta 51. “Tan postergados estamos, que nos están matando de a poco (estos) “Colones” nuevos, como  les llamo yo. (…) Antes venían por el oro amarillo, ahora vienen por el oro blanco que es el litio.”

“Las empresas mineras no ocupan gente de la zona y nos dejan contaminación.” Ponen por ejemplo la Mina Poma que cuando se fue “dejó los desechos tirados en el río.” “Ese río ya viene contaminado con arsénico y otros desechos como el plomo, eso ya viene de años”, dijo Olga Copa antes de afirmar que gran parte de la población de la zona sufre cáncer como consecuencia de la contaminación que denuncian.

“Ahora se suman estos gusanos…”, agregó. El comentario hace referencia a las larvas de mosquitos que docentes y alumnos de la escuela Sarmiento identificaron en un estudio del agua de red analizada. Indignados, los vecinos denunciaban la falta de suministro y también que la empresa seguía cobrando el servicio mientras niños y adultos sufrían descomposturas de distinta gravedad, al punto de que algunos requerían internación. “¿Cómo pueden nuestras autoridades hacer oídos sordos? ¿Cómo puede la empresa vendernos ese veneno? Queremos que nos garanticen un agua limpia, segura, agua sana”, reclamaban.

El corte de la ruta 51 se prolongó 3 días hasta el 16 de noviembre, cuando el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse se hizo presente para firmar un acuerdo que prometía solución del conflicto en 45 días, en los que se avanzaría en las obras del acueducto El Acay, por lo menos en la medida necesaria para responder a las necesidades del pueblo. Pero la solución no llegó y el 10 de enero se reiteró el corte de ruta. Esa vez la policía provincial los desalojó violentamente y 30 manifestantes fueron detenidos en la comisaría de San Antonio. Entonces las comunidades, reunidas en asamblea, resolvieron marchar 3 días hasta Salta capital para hacer visible su reclamo.

Finalmente, un grupo de representantes consiguió plantear sus necesidades al vice gobernador Miguel Isa (Urtubey ya estaba ausente, en campaña electoral), quien garantizó que en los próximos días se mejoraría la calidad del servicio de agua. Las comunidades decidieron formar una comisión que controlará los trabajos y el avance de la obra, que encuadran en su derecho a la consulta según el convenio 169 de la OIT.

Aun así, anunciaron que en una semana volverán a Salta para dar testimonio de cómo siguen las cosas en San Antonio.

Llegando a Tartagal. Foto Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Originarios.

Marcha 2. En Tartagal

Mientras tanto, también el mismo lunes, llegó a Tartagal la segunda marcha compuesta por miembros de comunidades qom, wichi, guaraníes, chané, tapietes, chorotes y koyas del departamento de San Martín, para exigir la presencia de funcionarios de gobierno en sus comunidades “para que vean directamente la situación de abandono que sufrimos”, decían.

René Delgado, vocero de la Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Originarios de ese departamento, expresaba: “nuestra gente siempre queda afuera de los proyectos. ¡Necesitamos trabajar! Le exigimos al ministro de gobierno Marcelo López Arias que nos incluya en los fondos paliativos y que con ello le de trabajo a nuestra gente al menos en esas obras chicas, que sólo se reparten entre criollos y punteros”.

Algunos de los dirigentes que marcharon desde General Mosconi hasta Tartagal estuvieron hace seis meses instalados en una carpa frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, precisamente para hacer visibles los problemas que la provincia se negaba a atender, los mismos problemas por los que siguen marchando ahora ante la falta de respuestas.

“Cuando se trata de hacer políticas públicas, cuando asignan partidas de presupuesto, cuando tienen que contratar trabajadores, nunca tienen en cuenta que estamos aquí, no tienen en cuenta lo que necesitamos. Es como que los pueblos indígenas no existimos”, dijeron.

En el petitorio que presentaron pidieron también la presencia de la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta, Edith Cruz, e información sobre la utilización de los fondos asignados al área, sobre el relevamiento territorial de sus comunidades y un contacto directo para que la funcionaria compruebe las necesidades que atraviesan. “La ministra jamás llegó a nuestras comunidades”, declaró Delgado.

Del mismo modo insistieron: quieren ser tenidos en cuenta cuando se planifiquen nuevos centros de atención primaria, se asignen planes de vivienda o becas de estudio para sus hijos. “Cuando hay algo, es para los criollos que están con el gobierno”, lamentaron.

Marcha 3. En Pocitos

Ante la falta de respuesta en Tartagal, el jueves 24 se produjo la tercer marcha, esta vez hasta Pocitos. López Arias, el ministro de gobierno, se comunicó telefónicamente con los marchantes para decir que viajaría a Buenos Aires para pedir asistencia. Parece que la provincia no tiene con qué.

Ante la falta de respuestas efectivas, en asamblea se resolvió hacer llegar un petitorio a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación para “dar a conocer que la situación que atravesamos es  muy crítica”. La desigual amplitud de lo que se pide deja claro que no hay ninguna especulación, sólo imperiosa necesidad: planes sociales, chapas de zinc, viviendas, cuchetas con colchones y frazadas, calzados, pantalones, remeras, leche, pañales, tanques de agua y puestos de trabajo en el ferrocarril (ramal C 15 del Plan Belgrano).

Como ya se preguntaban en San Antonio de los Cobres “¿Cómo pueden nuestras autoridades hacer oídos sordos?” No se sabe cómo, pero parece que pueden.

Resumiendo

Mientras la demarcación de los territorios sigue postergada y el desmonte avanza, las comunidades siguen esperando respuestas a lo elemental: el agua, la vivienda, la atención de la salud, el trabajo.

Entre tanto, la campaña electoral del gobernador también avanza. Urtubey se pasea por la Capital y por ciudades de otras provincias, participa en festivales, se reúne con aliados y rivales, hace declaraciones a los medios, sonríe para las fotos y habla cada vez más de “todos los argentinos”.

Él hace campaña con la mirada puesta en la presidencia, mientras las comunidades originarias de Salta siguen teniendo que peregrinar por sus derechos.