La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), publicó un informe preliminar sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en los meses de diciembre 2023 y enero 2024. En tan sólo dos meses fueron identificados 310 ataques.
En la tipificación de agresiones se identifican en orden decreciente el hostigamiento, violencia psicológica, desprotección legal, campañas de desprestigio, limitación y/o ataques por reunirse.
También se relevaron varios casos de incitación a la violencia, amenazas, daños de propiedad y desalojos.
En su mayoría fueron agresiones de carácter colectivo y, en menor medida, de carácter personal e institucional.
Las agresiones fueron realizadas principalmente contra el derecho a defender tierra y territorios, medio ambiente y bienes comunes, derecho de las mujeres, derecho a una vida libre de violencia.
Entre los principales perpetradores de agresiones contra defensoras de derechos humanos, la RNDDH identificó a las autoridades públicas, policía, desconocidos, crimen organizado e integrantes de grupos religiosos y fundamentalistas.
Décadas de agresiones
Desafortunadamente, este informe preliminar de los últimos dos meses no es más que el espejo de una situación extremadamente grave que viene arrastrándose desde hace muchos años en Honduras.
El pasado 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la RNNDH dio a conocer un informe estadístico donde se evidencia el aumento acelerado de los ataques contra defensoras en Honduras.
Las agresiones pasaron de 845 en 2021 a 1.198 en 2022, superando los 2.000 casos el año pasado (1879 hasta el mes de septiembre 2023).
El Estado resultó ser el mayor perpetrador y el modelo económico extractivista el principal vulnerador de derechos.
De acuerdo con el más reciente informe de la organización británica Global Witness sobre los ataques sufridos a nivel mundial por las y los defensores de la tierra, territorios y bienes comunes en 2022, Honduras, con 14 agresiones mortales, mantiene la triste primacía a nivel mundial en número de personas defensoras asesinadas per cápita.
En la última década (2012-2022), Honduras se posiciona como el cuarto país más letal en América Latina —detrás de Colombia, Brasil y México— y el quinto a nivel mundial.
