Detenciones en Jujuy: «Hay cosas que no se veían desde el Apagón de Ledesma»

En Jujuy se sostienen doce cortes en diversas rutas para manifestarse contra la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales y oponerse al avance extractivista sobre los bienes comunes. Daniel Argamonte, de la comunidad Ocumazo del Pueblo Humahuaca e integrante de la Red Puna, advierte que «hay mucha plata de por medio y el acuerdo es saquear los recursos naturales». Para eso, «Morales hizo el cambio en la Constitución y se aseguró de tener el aval para sacar los recursos mineros de la provincia», denuncia Argamonte y anticipa el avance sobre territorios indígenas para hacer uso de los recursos mineros y del agua. Tras cuatro semanas de protesta, anoche se registraron detenciones contra personas de Humahuaca, algunas de ellas fueron detenidas sin que la Policía de Jujuy informara sobre su paradero.

La reforma del gobierno jujeño, en acuerdo con el Partido Justicialista, pone en jaque la propiedad comunitaria de la tierra. «El año pasado, en una visita que hizo el gobierno provincial a Salinas Grandes —uno de los mayores yacimientos de litio de Jujuy, junto al Salar de Olaroz— la gente lo repudió y dijo que no estaba de acuerdo con la extracción de litio. Sin embargo, el Gobierno dice que las comunidades sí estamos de acuerdo y que hay gente que viene de afuera a engañarnos para que nos opongamos», denuncia el integrante de la comunidad Ocumazo desde el corte que la asamblea del Tercer Malón de la Paz mantiene en Purmamarca.

Los proyectos extractivistas implican represión en los territorios, criminalización de la protesta y estigmatización de las personas que se oponen a los proyectos extractivos. Anoche, el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración de Jujuy dictó órdenes de detención contra 22 personas que viven en Humahuaca y participaron de las protestas. En la previa, las asambleas recomendaron mantenerlas en un lugar seguro y fuera del alcance de las fuerzas de seguridad, dado que «no hay garantías de tratamiento imparcial y libre de injerencias políticas».

Mientras en Humahuaca ocurrían las detenciones, la asamblea del Tercer Malón de la Paz —que reúne a voceros de 120 comunidades— exigió la inmediata liberación de las personas privadas de su libertad y el fin de la persecución. Además, desde el bloqueo en el cruce de las rutas 9 y 52, se llamó a adherirse al paro provincial convocado por la Multisectorial contra la reforma constitucional para este jueves. La localidad elegida para esta nueva ola de detenciones fue la primera en conseguir, por reclamo popular, una declaración del Concejo Deliberante contra la reforma de Morales. A Humahuaca le siguieron, en solo una semana, La Quiaca, Abra Pampa, Palpalá, El Molulo, El Aguilar, Tres Cruces, Puesto del Marqués, Tilcara y Maimara.

«Hay cosas que no se veían desde la noche del Apagón de Ledesma durante la última dictadura. La Policía se mueve con vehículos sin patentes, meten infiltrados en las asambleas o en los grupos de redes, tiran información falsa. Los policías van a las casas de los comuneros a preguntar si están participando en los cortes o no. Hacen guardias en las casas para ver si sale gente», denunció Argamonte.

Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) emitió días antes un comunicado en el que contextualizaba la situación que vive la provincia y resaltaba que las empresas que operan en la extracción minera cuentan con el aval de gobiernos nacionales y provinciales. «De esta manera se ven beneficiados por múltiples mecanismos de ‘fomento de inversiones’, establecimiento de marcos legislativos favorables, permisos y exenciones tributarias y de derechos laborales y disposición de las fuerzas de orden público», sostiene Andhes.

«El extractivismo fue sólo una de las modalidades de apropiación de recursos por parte de los países dominantes. Este proceso sigue en marcha, ahora son las empresas transnacionales quienes se han transformado en sus principales protagonistas», analiza el comunicado de Andhes y agrega: «Jujuy fue históricamente marcada por las atrocidades de las empresas mineras: contaminación ambiental, trabajo cuasi esclavo, daños a la salud de les trabajadores, apropiación de territorios indígenas, complicidad con  la dictadura».

Cuatro semanas de vigilia contra el saqueo, cuatro semanas de persecución y detenciones en Jujuy

Argamonte explica que su comunidad se dedica en gran medida a la cría de animales, pero que la resistencia se sostiene a pesar de complicar el sustento diario. «Vamos por la cuarta semana y no es fácil. Está todo parado acá, no llegan los turistas, no llegan los insumos y eso complica la situación», lamenta. «Aquí está todo muy convulsionado. En la provincia hay doce cortes: en Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, Abra Pampa, Purmamarca, por ejemplo. Cada comunidad envía representantes y nos vamos rotando para sostenerlos«, relata.

Mientras tanto, Morales sigue presionando. En los últimos días se lo vio haciendo campaña de cara a las elecciones presidenciales junto al precandidato de Juntos por el Cambio y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. «Pero vino esta semana y mandó a hostigar por todos lados, a la gente que trabaja en el municipio y en las entidades de la provincia», cuenta el comunero. Los agentes estatales fueron amenazados con quedarse sin trabajo. A las docentes que estaban protestando les descontaron los días de paro. Sin embargo, esta semana llevarán a cabo una nueva huelga.

Foto Susi Maresca

El 27 de junio, Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a representantes de los pueblos originarios de Jujuy. Pero nada cambió desde entonces. «El presidente dijo que no puede hacer nada. Le preguntaron si se podía intervenir la provincia y dijo que eso dependía de una medida del Congreso y que no tenía mayoría para decidir algo así. Después dijo que va a seguir la parte legal: la presentación que se hizo ante la Corte Suprema de la Nación para anular la reforma. Pero sabemos que la Corte Suprema responde a Macri y la Corte de Jujuy a Morales. No tenemos mucha esperanza al respecto», analiza Argamonte.

El poblador indígena no oculta la indignación: «Morales buscó reprimir, mostrarse como una línea fuerte, ser el candidato a vicepresidente y ahora está de campaña. Acá nos ningunea, cada vez que viene dice mentiras. Nos acusa de ser gente del kirchnerismo o de venir de Bolivia y responder a Evo Morales. El Partido Justicialista y los medios de acá están con él, así que es difícil«.

“El sistema basado en el consumo no se puede sostener más”

El litio se presenta como parte de la solución de las energías «limpias». De acuerdo al “Informe Litio, Octubre 2021” de la Secretaría de Minería de la Nación —mencionado por Andhes en su comunicado— Argentina se posiciona en cuarto lugar a nivel mundial, con el 7,4 por ciento de la producción en 2019, después de Australia (52,2), Chile (22,4) y China (12,5). Además, Argentina, Bolivia y Chile cuentan con cerca del 65 por ciento de los recursos mundiales de litio, alcanzando el 29,5 por ciento de la producción mundial total para 2020.

En Jujuy se encuentran explotaciones en el Salar de Olaroz (Allkem/Toyota Tsusho), en Caucharí – Olaroz (Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd – Lithium Amercas Corp, / Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) y en Salinas Grandes (Plus Petrol). Argamonte cuenta que, en los territorios, la gente vive el negocio del litio con mucha preocupación. Y lo pone en cifras: «Para extraer un kilo de litio se usan 30 mil litros de agua. Y acá están sacando toneladas. El agua no es un recurso que sobre en la Puna. Hay vertientes naturales donde el agua venía fluyendo naturalmente, pero hoy se están secando. Y donde sale agua, sale contaminada».

Foto Susi Maresca

Cuando se le consulta qué opina sobre la transición energética, el comunero indígena es tajante: «El sistema basado en el consumo no se puede sostener más. Todas estas empresas son de China, Australia, Canadá, Estados Unidos, de Europa, de lo que se dice el ‘primer mundo’. Y allí el consumo es muy fuerte. Pero nosotros estamos inmersos en un lugar donde el Estado nunca se hizo presente y ahora, porque está el ‘oro blanco, vienen de la peor manera, a explotar el litio de la forma más barata para ellos y peor para nosotros, porque destruyen el ecosistema y nuestra Pachamama».

«Van a extraer el litio y nos van a dejar la tierra desolada. Nuestra cosmovisión y armonía con la Pachamama se está destruyendo. Eso es lo que no queremos perder. Y estamos luchando para que se sepa», resume el comunero del Pueblo Humahuaca.

Desde el corte de la ruta, grafica: «Estamos viendo pasar infinidad de camiones que no sabemos qué llevan. La riqueza se va y acá no queda nada. Hay comunidades que acarrean agua con baldes desde las vertientes o de los arroyos a las casas, porque no les sale agua de la canilla».

Una reforma contra el derecho a la tierra, al agua y a la protesta

La aplicación de la reforma va contra toda pretensión de democratizar el acceso a la tierra para las comunidades campesinas e indígenas. En el camino quedarán leyes que las propias familias vienen impulsando: la de agricultura familiar, la del banco de tierras, y de áreas campesinas. A sabiendas de la conflictividad que podía generar, la convención constituyente sancionó también el artículo 67. El mismo contiene disposiciones para limitar y criminalizar la protesta social.

Andhes señala que, en el proceso de elección de los convencionales constituyentes, no se previeron mecanismos de participación que garanticen la representatividad de los pueblos indígenas. Tampoco se realizó la consulta libre, previa e informada en la etapa que involucró la sanción de la ley que convocó a la Constituyente. De esta manera, se vulneró el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Foto Susi Maresca

Si bien luego de las protestas el gobierno de Jujuy dio marcha atrás con dos artículos de la reforma (el 50 y el 36 volverían a su redacción de 1986), mantuvo la modificación respecto a la protección del agua. La anterior Constitución disponía como una obligación del Estado provincial «eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello que de algún modo afecte o pudiere afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad».

El nuevo texto reconoce el derecho de todos los habitantes de la provincia a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de cuidarlo y protegerlo, pero ya no menciona la obligación de evitar el daño ambiental. En cambio, el nuevo articulado dice que «genera la obligación de recomponer, reparar e indemnizar, según lo establezca la ley».