Producción y edición: Stephanía Aldana Cabas
Periodistas: Stephanía Aldana, Paula Mendoza y Mauricio Álvarez
Asistente de campo en Bogotá: Michael Pedraza
Después de más de un mes de paro, las violaciones a los derechos humanos en Colombia continúan. El gobierno trata de ocultar lo que realmente sucede, mientras que los colombianos en medio de protestas exigen cambios estructurales que permitan construir una sociedad más equitativa.
El 2021 empezó con múltiples anuncios del Gobierno de Iván Duque hacia los colombianos, después de dos picos de covid-19 en 2020. Colombia inició el año con denuncias sobre la oleada de violencia, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado en Buenaventura, Valle del Cauca, que dejó 22 homicidios y una cifra aún desconocida de desaparecidos, porque los habitantes de esta ciudad temen denunciar a sus familiares desaparecidos, por cuenta de los diversos grupos armados que operan en la zona, además de la desconfianza que tienen hacia las autoridades.
Este hecho que llevó a la primera marcha del año, el 12 de febrero de 2021, que se intensificó con el descontento de los bonaverence ante el incumpliento del acuerdo pactado en 2017 con el Gobierno Nacional, en los que se incluían: la cobertura y prevención en salud, recuperación y preservación de cuentas y sistemas ecológicos, saneamiento básico e infraestructura; fortalecimiento de la producción local y garantía de empleo, acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.
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En medio de esta violencia, el gobierno había comunicado al finalizar el año 2020 una reforma tributaria, de salud y laboral, que buscaría implementar en el 2021. Así, el 27 de abril pasado, el exministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, acudió al Congreso de la República para convencer a los legisladores de aprobar la reforma tributaria.
Ante el aumento de impuestos a la clase media del país y, no en la misma proporción hacia los conglomerados económicos; la grabación de las pensiones, los servicios públicos y, en principio, algunos alimentos de la canasta básica, fueron asuntos que colmaron la paciencia de la ciudadanía golpeada por la pandemia y los llevó a las calles a exigir un cambio estructural. En medio de este panorama, el ministro Carrasquilla tuvo una salida en falso en medios de comunicación que provocó burlas e indignación, ante su notable desconocimiento sobre el valor de algunos productos de la canasta básica, como una docena de huevos.
Los colombianos dijeron: ¡no más!
Los colombianos salieron a las calles el pasado 28 de abril para exigirle al Gobierno el retiro de la reforma tributaria, las garantías para líderes sociales y los derechos fundamentales, además de mayores oportunidades para la juventud, que hoy ocupan más del 25% de población desempleada y, una buena parte de ellos, no han podido acceder a la educación superior o a un trabajo estable.
El Paro Nacional está liderado por los jóvenes en las calles, quienes han llamado a las demás generaciones a acompañarlos para hacer valer sus derechos en las marchas y, así, busca crear soluciones a problemáticas que existen desde hace años, pero que se profundizaron con situaciones como la Pandemia, durante el gobierno de Duque.
Las multitudinarias marchas y la presión sobre el Gobierno hicieron que Duque pidiera el 2 de mayo el retiro de la reforma tributaria, pero aclarando que realizaría una nueva en consenso con los partidos políticos; aunque sólo llamó a los de la bancada de gobierno, dejando en entredicho la propuesta por la falta de inclusión de todos los sectores y realizar una reforma que sea congruente con las finanzas estatales y la realidad colombiana.
Este hecho llevó a que los colombianos se declararan en Paro Nacional y se considerara como un avance el retiro la reforma tributaria y la posterior renuncia del ministro Carrasquilla. La reforma tributaria fue el primer paso, pero ¿Qué piden los manifestantes?
Entrevista de Paula Mendoza, Pressenza
Manifestante prepara pancarta para la movilización en el Parque de la Resistencia en Medellín. Foto: Mauricio Álvarez – Pressenza
¿El Estado de quién protege los derechos?
El gobierno de Iván Duque desde el primer día de las manifestaciones, ha hecho uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hechos demostrados con preocupación por organizaciones como El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la ONG Temblores, quienes en su informe a la CIDH evidencian la violación y los alcances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021.
Durante este período de tiempo ocurrieron 3.789 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin contar casos de desapariciones), dentro de los cuales fue posible identificar 1248 víctimas de violencia física, 45 homicidios, presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1646 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual (Temblores e Indepaz, 2021).
Además ambas organizaciones definen los patrones de actuación de la fuerza pública:
Ante las múltiples denuncias de abuso policial, se reavivaron las voces que reclaman una reestructuración de la fuerza pública y el desmonte del Esmad, que se han intensificado desde 2019, cuando un agente de ese organismo asesinó al joven Dilan Cruz durante una manifestación, al dispararle una “bean bag” que impactó la cabeza del joven estudiante. Este tipo de munición está prohibida para ser utilizada contra la población civil. Igualmente en septiembre de 2020, la Policía Nacional en un denominado acto de brutalidad y tortura policial, asesinó al abogado Javier Ordóñez, después de ser llevado a un Comando de Atención Inmediata (CAI), ubicado en el barrio Villa Luz, al occidente de Bogotá. Este hecho produjo una indignación colectiva en la ciudad de Bogotá y, en medio de las manifestaciones y disturbios, fueron asesinadas nueve personas por acción de la Policía Nacional.
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Tras estos hechos, la ciudadanía pide una reforma de la Fuerza Pública, que incluya el desmantelamiento de Esmad, y la penalización de aquellos que pertenecen a la institución por la justicia ordinaria y no por la justicia Penal Militar, donde los casos podrían quedar en la impunidad, teniendo en cuenta otros casos similares.
Ahora bien, en medio de las denuncias de abuso en el uso de la fuerza contra los manifestantes, el ministro de Defensa. Diego Molano, fue citado a una moción de censura por parte de los congresistas opositores al gobierno, dada su responsabilidad política al estar a cargo de la dirección de la Fuerzas Armadas. Sin embargo, la moción de censura fue rechazada por 109 congresistas, mientras que fue respaldada por 36 Representantes, lo cual deja en entredicho la responsabilidad que asume el gobierno, sus funcionarios e instituciones ante las múltiples violaciones de derechos humanos (DDHH) que ha ocurrido bajo su mando y, de los cuales, son conocedores.
¡A la primera línea!
Jóvenes de distintas edades, con estudios superiores, técnicos, tecnológicos, profesionales y aquellos que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior en distintas ciudades, que salieron a las calles a manifestar desde el pasado 28 de abril de 2020, se reunieron para conformar lo que se ha conocido como “la primera línea”, que son quienes salen a defender a los manifestantes, intentan que la fuerza pública no retenga ilegalmente a los manifestantes, los agreda físicamente, les dispare a los ojos, a la cabeza o, incluso, que los maten a golpes.
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Primera Línea en Medellín. Foto: Pressenza
No obstante, en la mayoría de casos, la cantidad de agentes de la fuerza pública con sus armas, consideradas prohibidas por el derecho internacional para ser usadas contra quienes salen a las calles a manifestar, son de uso cotidiano, incluso, se ha vista cómo la Policía ha sido acompañada de civiles, quienes disparan contra manifestantes, especialmente, en el caso de la ciudad de Cali. Esto hace imposible que la vida de quienes ejercen su derecho a manifestarse esté salvaguardada. Así lo ha denunciado el medio Cuestión Pública:
A estos jóvenes se les unieron las madres colombianas, en lo que se ha denominado el portal resistencia, en el Portal las Américas de Transmilenio, ubicado en el sur de Bogotá, y luego este grupo fue replicado por las madres en ciudades como Cali, debido al alto número de personas que han sido agredidas, detenidas y desaparecidas. Así se ha conformado un grupo de personas, al cual se la unido algunos sacerdotes y docentes que son apoyados por la ciudadanía, quienes les brindan alimentos.
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Estos sectores sociales también estuvieron acompañados de la minga indígena en diferentes departamentos. como en Cauca. que se movilizó hacia Cali y se quedó unos días en la Universidad del Valle, donde fueron atacados por la Fuerza Pública, e intentó concretar una reunión con el gobierno nacional, pero este llegó en horas de la madrugada del 10 de mayo, se reunió con las autoridades y retornó de inmediato a Bogotá, lo cual evidenció su desinterés en dialogar con la minga indígena.
La Minga Indígena en el Parque de la Resistencia de Medellín. Foto: Mauricio Álvarez – Pressenza
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La autoridad indígena de Antioquia se reunió con los jóvenes que lideran las protestas en Medellín, para expresarles su apoyo, mientras lograron establecer un diálogo con la Gobernación y llegaron a acuerdos sobre los puntos del pliego de peticiones. Los indígenas del Cauca viajaron hacia Bogotá, donde se realizó acompañamiento a las marchas y exigieron al gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Así lo expresó, Fernando Sarta, líder indígena del Tolima: Las comunidades indígenas apoyan a los jóvenes que lideran el Paro Nacional (Entrevista de Stephanía Aldana Cabas)
El gobierno intenta ocultar la realidad ante el CIDH
Las organizaciones civiles han hecho múltiples llamados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la recurerrente violación de derechos contra los manifestantes durante las protestas; incluso se han denunciado agresiones de la Fuerza Pública contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá, el cuerpo de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y en contra de los periodistas y fotoreporteros que informan sobre el Paro Nacional.
“Se han registrado 235 agresiones contra periodistas por parte del Fuerza Pública durante el ejercicio periodístico de informar sobre el Paro Nacional” Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Por ello, las organizaciones sociales interpusieron una demanda contra el gobierno de Iván Duque, que derivó en una petición para la visita de la CIDH al país, que en principio fue negada por el gobierno de Duque a través de la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez. En vez de permitir la visita, el Gobierno realizó unos videos publicitarios, que fueron distribuidos en las embajadas, consulados y organismos internacionales, con el objetivo de mostrar las manifestaciones como una jugada política de los sectores opositores, especialmente por parte del senador Gustavo Petro, a quien acusa de estar detrás de toda esta movilización, y donde además se rechazan las violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por distintas organizaciones colombianas y otras internacionales, como Human Rights Watch.
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De hecho, e sector demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, en cabeza de Gregory Meeks, quien preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, indicó el pasado 4 de mayo mediante su cuenta de Twitter que de “continuar al violación masiva de derechos humanos, pediría al Congreso se congelen los fondos y las ayudas brindadas a Colombia”.
Para entender lo que viene pasando en Colombia en materia de Derechos Humanos en medio de las movilizaciones, Pressenza entrevistó al presidente de Indepaz, Camilo González Posso:
Entrevista de Pressenza a Camilo González Posso, Presidente de Indepaz
La comunidad internacional presionó para que el gobierno de Duque dejara entrar al país la visita de la CIDH, lo que derivó en que la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez*, viajara a Estados Unidos para convencer a los demócratas que en Colombia no se estaba presentando violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública hacia los manifestantes. Igualmente, la congresista Paloma Valencia viajó a La Haya para desestimar la demanda contra el presidente colombiano, interpuesta por las organizaciones sociales, dada su responsabilidad ante la violación al Derecho Penal Internacional.
Finalmente, a pesar del lobby, el Gobierno debió aceptar que una delegación de la CIDH viniera de visita entre el pasado 8 y hasta el 11 de junio, tiempo en el que se reunió, entre otros actores, con funcionarios del gobierno, quienes indicaron que los afectados son los policías y los agentes del Esmad. Además, aclaró que la fuerza pública no persigue a los manifestantes y anunció durante la estadía de la delegación una reforma a la policía, como una forma de distraer la mirada internacional sobre lo que sucede en el país.
Además del gobierno, la CIDH también se reunió con las organizaciones civiles y le entregaron un informe sobre las cifras de violación de derechos humanos, así como tuvo la oportunidad de entrevistarse con las víctimas de estas violaciones; con el comité de Paro Nacional, los jóvenes y las madres de Primera Línea.
Disputas en el gobierno
Una serie de desencuentros internos entre los funcionarios del gobierno de Duque, en medio de las protestas sociales, produjeron la renuncia de la Canciller Claudia Blum, tras dos hechos; el primero de ellos fue durante la participación de Blum en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz, en la cual expresó que: “cuando se analiza el cumplimiento del acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes. Debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”.
Esta declaración ataca de frente a los desmovilizados, a los ex combatientes y al partido político creado tras la desmovilización de la FARC, con el Acuerdo Final de Paz firmado en La Habana, Cuba, en 2016. El segundo hecho que involucra a Blum, fue una serie de disputas con el gobierno argentino, el pasado 5 de mayo, quien mediante un trino rechazó lo que el presidente Alberto Fernández y su gobierno, considera una represión de la fuerza pública, desatadas por las protestas e instó al gobierno de Iván Duque a cesar “la singular violencia institucional que se ha ejercido”.
Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido. pic.twitter.com/ddDutWEfDa
— Alberto Fernández (@alferdez) May 7, 2021
Ante este trino, la ex canciller rebatió mediante un comunicado en Twitter las declaraciones del presidente argentino, al indicar que “[La] Cancillería, en nombre del Gob. de COL, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”
y que el Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 7, 2021
Otro hecho que deja en desconcierto la estabilidad y el poder de Duque, es la intromisión de su mentor Álvaro Uribe Vélez, quien le dibuja el camino que debe seguir en todos los temas. Por ello, Uribe tomando atribuciones que no le competen, al no ser parte oficial del gobierno, hizo contactos en dos ocasiones con representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 22 de diciembre de 2020.
Un segundo encuentro sucedió, durante el primer cuatrimestre de 2021, cuando Uribe se reunió en su hacienda, ubicada en Montería, con Juan Carlos Cuellar, ex combatiente del ELN y nombrado como Gestor de Paz con esa guerrilla. No obstante, Uribe no informó de estas dos reuniones al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, encargado de liderar las conversaciones con el grupo armado, para buscar un nuevo período de negociaciones, después de la suspensión de este gobierno a la mesa en Quito, Ecuador, tras el atentado con carro bomba de la guerrilla contra la Escuela de Policía General Santander Bogotá, el pasado 17 de enero de 2019, donde asesinaron a 23 personas y en que otras 100 resultaron heridas.
Ambas situaciones motivaron la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Ceballos Arévalo, el pasado 25 de mayo de 2021. Este indicó a los medios de comunicación: “Eso, por supuesto, creó en mí una incomodidad, que aún permanece, no porque no solamente no haya sido consultado, sino porque hay el respeto a la dignidad de un cargo tan complejo como el mío, en el cual el contacto que pueda derivar en un resultado que ayude a la paz o que aleje a la paz, hace parte esencial de mis funciones”.
El Comité del Paro
El Comité del Paro que el 7 de junio pasado se levantó de la mesa de negociaciones con el Gobierno Nacional representado por Emilio Archila, Consejero para la estabilización, indicó que el Comité es el culpable de los bloqueos en diferentes vías del país; mientras que el Comité aseguró que el gobierno dilata el pliego de emergencias, desconoce la violaciones a los derechos fundamentales, ha incumplido el Acuerdo de Paz y no quiere firmar el preacuerdo al que se había llegado el 24 de mayo.
Por ello, ante la llegada de Antonia Urrejeola, presidenta de la Comisión de la CIDH y su equipo asesor, recibieron un documento del Comité en el que se tocan cinco puntos: la firma y puesta en marcha de acuerdo planteado entre el Gobierno Nacional y el Comité, se le solicita a la comitiva intervenir de manera inmediata para que cese la brutalidad policial; le exigen al gobierno nacional que cumpla con la sentencia que avala el derecho a la protesta social; se cree una comisión de investigadores independientes se encargue de recopilar la información de los hechos de violencia contra quienes protestan pacíficamente desde el 28 de abril.
El Gobierno Nacional esperaba que en rueda de prensa del 10 de junio, el Comité del Paro Nacional levantará la protesta social. No obstante, el Comité indicó que las protestas seguirán hasta que el gobierno de Duque empiece a negociar la forma cómo se harán los cambios que piden los colombianos.
En los últimos días se ha conocido que el Gobierno Nacional, ante la negativa del Comité del Paro de retomar las negociaciones si no se cumple lo que se había pactado en el preacuerdo, comenzará un conjunto de conversaciones a nivel regional, que algunos miembros del Comité han catalogado como una nueva forma de engaño por parte del Gobierno.
Al mismo tiempo, algunas de las plataformas y organizaciones que integran el Comité Nacional de Paro, anunciaron que la protesta se dosificaría, es decir, se harían llamados masivos cada cierto tiempo para salir a protestar y que, a través del Congreso, se comenzarían a tramitar algunas de las peticiones que hacían parte del pre acuerdo al que se había llegado con el Gobierno el pasado 14 de mayo y que, según directivas del Paro, el Gobierno decidió negar para la firma del presidente y debieron comenzar otra negociación desde cero.
