Segunda entrega del espacial sobre la situación de Buenaventura desde la Redacción Colombia. Espere en una próximo entrega, las acciones de arte, resistencia, paz y no violencia desde la Sociedad Civil.

Primer informe: Buenaventura, un pueblo que exige vivir en paz

Por: Stephanía Aldana Cabas y la colaboración de Jorge Escobar Banderas

Las calles de Buenaventura han sido testigos del abandono histórico y de la violencia en medio de la que los grupos armados ilegales aprovechan para disputarse el territorio e instaurar el miedo entre la comunidad

En Buenaventura, municipio del departamento del Valle del Cauca a unas dos horas y media de la ciudad de Cali, ha disminuido el índice de homicidios en 33 por ciento, después que la comunidad y las más de 110 organizaciones sociales, juntas de Acción Comunal y la Pastoral Social, salieron a las calles el pasado mes de febrero para hacer visible la oleada de violencia que vive el Puerto y los 22 homicidios que se registraron durante el primer mes de 2021.

A esta situación, las organizaciones sumaron el retraso en el cumplimiento y la implementación de los puntos acordados el 6 de junio de 2017, tras el levantamiento del paro cívico, lo cual ha llevado a que la comunidad exija al Gobierno Nacional la rendición de cuentas sobre los 8 temas sobre los que se firmó el Acuerdo, para satisfacer las necesidades básicas de la población y garantizar la seguridad y la tranquilidad en el territorio portuario.

El Gobierno Nacional respondió a las peticiones de la comunidad de Buenaventura con el envío de efectivos militares para control la inseguridad y la violencia por los distintos grupos armados ilegales que confluyen en la zona. Sin embargo, “esta medida no es una solución estructural a los problemas que se presentan en el territorio”, indicó Monseñor Rubén Dario Jaramillo Montoya, Obispo de Buenaventura.

¿A qué se comprometió el Gobierno Nacional con los bonaverenses en 2017?

Los pobladores junto a las organizaciones sociales de Buenaventura salieron a las calles, cerraron los colegios, las vías terrestres y el puerto por donde entró en 2019 el 41% de la mercancía importada al país, que equivale a 7,8 millones de toneladas, según datos de La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun). Con el cese de actividades buscaban que el Gobierno Nacional atendiera su pliego de peticiones a través de una declaratoria de la emergencia social, económica y ecológica; no obstante, el Gobierno consideró esta propuesta inválida jurídicamente.

En las mesas de negociaciones que se instauraron durante el Paro Cívico Nacional se establecieron ocho puntos, que fueron abordados en relación a la inversión y la creación de políticas públicas. Estos se presentan a continuación.

Buenaventura una ciudad olvidada por el Estado

¿En qué van los proyectos acordados durante el Paro Cívico?

Dentro del pliego de peticiones, la comunidad exigía que se le fuera respetado el derecho al acceso al agua potable, ya que este distrito portuario que data de 481 años, no tiene instalado el servicio de suministro de agua potable. Por ello, el Comité del Paro lo consideró como una prioridad y lo presentó dentro del ramillete de proyectos que se desarrollarían con el desembolso de más de 1 billón de pesos, que dispondría el Estado para mitigar la vulneración de derechos de la comunidad y las necesidades básicas insatisfechas.

No obstante, “después de casi cuatro años, el proyecto del acueducto aún no se ha terminado, por retrasos en las obras y problemas contractuales que han llevado a que solo se hayan construido los tanques de agua” aseguró, Monseñor Jaramillo. Esto implica un retraso del 95% en el programa de saneamiento y suministro de agua a la ciudad.

Otro de los proyectos contemplados en el Acuerdo que está en vía de implementación es la pavimentación de las vías en Buenaventura, como la antigua vía al Puerto que inició su rehabilitación en enero de 2020 y aún está en curso. En el caso de la reparación de la malla vial de las rutas terciarias, aún no se ha iniciado el proceso de licitación. Y el último proyecto que está en marcha es la construcción de la Casa de la Cultura en la ciudad portuaria.

Por ello, tras la evaluación del avance de los proyectos pactados en el Acuerdo firmado en 2017 entre los representantes de Comité de Paro, “el Gobierno Nacional solo ha cumplido con el 14% de los programas de infraestructura”, aseguró el Defensor del Pueblo de Buenaventura, Edwin Janes Patin Minotta

Inseguridad y miedo

Buenaventura vivió el 2020 en medio de un incremento de la violencia y la inseguridad. Así el 31 de diciembre, se presentaron seis muertos y un herido en distintas zonas de la ciudad. Los hechos fueron catalogados como un ajuste de cuentas entre los grupos delincuenciales de la zona.

Pero este tipo de eventos no pararon allí, pues en enero de 2021 se presentaron 33 combates en las comunas 7, 10, 11 y 12 de la ciudad, entre los grupos armados al margen de la ley por el control de las rutas del narcotráfico, lo cual ocasionó el desplazamiento de cerca de 156 familias (653 personas) y el incremento en 200 por ciento de los homicidios en relación a enero de 2020.

Los habitantes de las zonas revelaron en las redes sociales que la Policía no interfirió en los enfrentamientos entre las bandas, y las calles de las tres comunas estaban bajo el mando de los cabecillas de estos grupos delincuencias; hecho confirmado por el Alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, quien aseguró que la situación era alarmante y animó a la comunidad a denunciar los hechos ante las autoridades; mientras que el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia anunció en un video difundido a través de la internet que “en el puerto se han adelantado operativos enfocados a atacar los focos de violencia”.

La comunidad no denuncia sus desaparecidos

Ante la insostenible situación, el pasado mes de febrero, las organizaciones sociales y habitantes de Buenaventura salieron a marchar nuevamente a las calles y crearon un cordón humano para llamar la atención del gobierno del presidente Iván Duque, quien reforzó el pie de fuerza en el distrito portuario. A pesar de que esta medida ayudó a disminuir el índice de homicidios, no detuvo el creciente número de víctimas de desaparición forzada que, según registros de la Fiscalía General de la Nación hasta el 17 de abril, iban 15 registros.

No obstante, el Personero Distrital, Edwin Janes Patin Minotta, aseguró que “el subregistro de las denuncias de casos excede el 40% porque la mayoría de las familias conoce al victimario, sabe qué grupo privó de la libertad a su ser querido y, en múltiples ocasiones, los allegados a la víctima viven la misma cuadra, prefieren callar, y si les es posible cambian de domicilio, pues la comunidad no cree que las autoridades o el Estado les ayuden a encontrar a sus familiares; por el contrario relacionan la denuncia con posibles retaliaciones de los grupos armados al margen de la ley contra sus familiares”.

Buenaventura una ciudad olvidada por el Estado

Foto: Contagio Radio

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La comunidad de Buenaventura representados por las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, el Comité del Paro Cívico y la Pastoral Social, le piden al Gobierno Nacional cumplir con el Acuerdo pactado el 06 de junio de 2017.

Así mismo, implementar proyectos que le permitan avanzar a la región, salir de la condición de pobreza y brindar seguridad, salud y educación de calidad, que le permita a los pobladores tener las misma oportunidad de empleo y desarrollo al distrito portuario, en comparación con las demás ciudades colombianas.