Esta crisis sanitaria a nivel mundial ha evidenciado en Chile las serias falencias de un sistema de salud que no funciona y que por supuesto, no es el mejor del mundo, más bien es insuficiente para garantizar el acceso a la salud de todas las personas. Esto significaría un sistema que contemple aquellos principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para toda la población sin discriminación.

La actual crisis de salud a nivel mundial se ve agravada en Chile por los altos niveles de desigualdad social, así como por la falta de información transparente y certera a la hora de tomar decisiones tan trascendentales, como es resguardar la vida de la población.

Sin duda, que la cuarentena para algunas personas puede ser obligatoria, pero a la vez para otros es voluntaria, lo cierto es que hacer cuarentena en una casa o departamento se ha convertido en un privilegio de clase. ¿Qué ocurre con las personas en situación de calle? A eso debemos agregar el acceso al agua, otro privilegio, el cual no dimensionamos su valor hasta hoy con fines sanitarios.

Esta situación ha provocado la preocupación por el impacto que puede tener la actual pandemia en la salud y la vida de la población, en particular, aquellos que se encuentran más vulnerables, enfermos crónicos, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes que están expuestos a hechos de violencia dada la situación de confinamiento. Por otro lado, la evidente vulnerabilidad de derechos fundamentales en contexto de crisis que se encuentran personas migrantes y también derechos laborales, dejando a miles de trabajadores a su suerte con el pretexto de proteger el empleo, han provocado intranquilidad en muchas familias que pertenecen a la clase trabajadora.

Asimismo, las decisiones realizadas por el Poder Judicial sobre la situación de personas privadas de libertad en el marco de las manifestaciones ciudadanas son incomprensibles en este momento de crisis humanitaria, privilegiando incluso la libertad de criminales de lesa humanidad, ¿Cuáles son los criterios para dejar en libertad a un torturador y no a una persona que ejerce su legítimo derecho a la manifestación?

Son inaceptables los reiterados intentos de algunos sectores políticos de utilizar esta crisis con fines políticos, legitimando la impunidad en materia de derechos humanos o imponiendo agendas legislativas que criminalizan la protesta social, las que no hacen más que profundizar la cuestionable crisis institucional que vive el país, esta denominada “crisis dentro de la crisis”. 

Es preocupante la evidente negligencia del gobierno en la actual crisis sanitaria, tener un sistema que privilegie la economía por sobre la vida, pues hoy podemos entender que no son errores, son decisiones orientadas a profundizar el modelo que defienden y que precarizan y nos cuestan la vida.

Es posible estar párrafos y párrafos mencionando lo violento de este sistema, que la pandemia ha venido a terminar de evidenciar para aquellos que no entendían la revuelta social en Chile que dio inicio el 18 de octubre del 2019 y que hace poco cumplió 7 meses, entendiendo que esto no es una excepcionalidad, sino que es una realidad constante de injusticia y hambre.

Esta es la pandemia en medio de una revuelta social en contexto de terrorismo de Estado, una crisis sanitaria que evidencia las brechas de clase, acceso a la salud, a la justicia, a la vivienda que atenta contra la dignidad de la población.

Con la protesta en la comuna de El Bosque, surge un “nuevo problema”, ese que siempre ha estado ahí y que ha sido omitido con pago a cuotas, pero que no quieren ver, que se traduce en hambre y miseria. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) esta crisis demostró que en Chile existe un 29,6% de trabajo informal, personas que no pueden no salir a la calle a trabajar, que dependen del sustento que consiguen día a día. Pues bien, se acabó el dinero y estalló la protesta, el pueblo comenzará levantarse porque no tiene comida, sumado a la falta de asistencia médica. Hoy, es la comuna de El Bosque, Villa Francia y Lo Hermida… mañana serán otras.

Nosotras no bajamos los brazos en la crisis más profunda que ha vivido nuestro país. Nuestra lucha y reconstrucción del tejido social ha cobrado aún más sentido y ahora es evidente que no se trataba de una lucha abstracta, con un discurso bonito de igualdad y justicia social. El relato colectivo era único y verdadero, por eso nos matan y nos arrancan los ojos, como un mensaje macabro de no ver nunca más la realidad de nuestro país.

Hoy, las feministas nos levantamos por la construcción de un relato que contemple todas las realidades y donde estamos dispuestas a darlo todo por disputar el sentido común, cooptado por este gobierno criminal, por este sistema que nos roba la vida, criminaliza, nos enferma y nos mata.

 

Javiera Figueroa Machuca

Dirigenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile – AFFINDH

Activista Feminista