Más de 23 millones de mexicanos viven en situación de pobreza alimentaria.

Los multimillonarios Slim, Bailleres, Larrea y Salinas Pliego se han enriquecido a partir de sectores concesionados o regulados por el sector público.

Por Gerardo Esquivel, Economista. Profesor e Investigador en la UNAM y El Colegio de México

El tema de la desigualdad económica cobra cada vez una mayor importancia a nivel mundial. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, ha identificado a la profundización de la desigualdad económica como la principal tendencia mundial para 2015. Es por ello que tenemos que hablar de desigualdad en México. Durante mucho tiempo los mexicanos hemos evitado hablar de este tema. Es hora de hacerlo, tanto por razones éticas, como políticas y económicas. No es posible que sigamos permitiendo niveles de desigualdad que hacen que en este país conviva uno de los hombres más ricos del mundo con más de 23 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria (es decir, que no tienen ingresos suficientes para poder adquirir una canasta alimentaria que les provea los nutrientes mínimos necesarios para llevar una vida saludable).

Por otra parte, la desigualdad económica extrema también tiene fuertes implicaciones políticas. El poder económico de algunos sectores específicos de la población se refleja cada vez más en políticas públicas que benefician a unos cuantos y que acentúan la desigualdad existente en el país. Para poder cambiar esta situación debemos empezar por reconocer tanto la magnitud de la desigualdad que caracteriza al país, como el hecho de que desde hace tiempo esto también se ha convertido en un lastre que limita la capacidad de crecimiento de nuestra economía y que la ha sumido en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza.

Para darnos una idea de l a magnitud de la brecha en México considere lo siguiente: en 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza. Estos multimillonarios mexicanos (Slim, Bailleres, Larrea y Salinas Pliego) han hecho sus fortunas a partir de sectores concesionados y/o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales.

Uno de los grandes problemas reside en que la política fiscal favorece a quien más tiene. Es poco progresiva y el efecto redistributivo es casi nulo. Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan pagando un porcentaje mayor que las ricas. Una baja tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el que no haya impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y el que tampoco los haya a las herencias o al patrimonio, entre otras cosas, son ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados.

Por otro lado, la política social también puede considerarse como un fracaso: a día de hoy, la lógica de que el crecimiento se filtraría de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas. Por todo ello, es necesario hablar de desigualdad y reconocer la importancia de cambiar las reglas que han permitido que lleguemos a esta situación de desigualdad extrema.