Por Santiago Rey/El Extremo Sur
El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por el delito de «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», en perjuicio del joven mapuche Rafael Nahuel, en tanto que otros cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- fueron condenados a 4 años y medio como «partícipes necesarios» por el mismo delito.
Así lo informó el tribunal rionegrino al leer esta mañana el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche, cometido el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.
Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto en una audiencia que comenzó a las 9 con las palabras finales de los procesados. Los jueces darán a conocer los fundamentos de su sentencia en los próximos días.
Los condenados no serán detenidos hasta que el fallo quede firme, luego de las previsibles apelaciones de las defensas y también de las querellas.
El cuestionamiento de los familiares por las penas
El fallo fue cuestionado por la familia del joven asesinado y por las tres querellas que en sus alegatos habían solicitado prisión perpetua para los implicados. Según los abogados de la familia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la APDH Bariloche, no existió un enfrentamiento con armas de fuego que justifique el atenuante del exceso en legítima defensa.
Según habían planteado oportunamente, los Albatros persiguieron y dispararon en más de 150 oportunidades contra los integrantes de la comunidad, quienes se defendieron arrojando piedras.
Pero el tribunal dio por cierto el relato del enfrentamiento, sostenido por las dos defensas de los uniformados. Los jueces tampoco adhirieron al pedido de las querellas de condenas por coautoría funcional de los cinco implicados, y en cambio condenó por el homicidio a Cavia y como partícipes necesarios a los otros cuatro Albatros.
Participaron de la audiencia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papa de Darío, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.
Pietragalla Corti dijo a Télam que el fallo «no es lo que esperaba», ya que durante el proceso «quedó clara la persecución y cacería» por parte de los uniformados contra la comunidad.
Por su parte, Santillán aseguró a esta agencia: «Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado».
En las inmediaciones de los tribunales, que presentaron un refuerzo de su seguridad con un vallado levantado a 40 metros del ingreso a Tribunales, se manifestaron militantes de agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y de comunidades mapuches.
Al término de la lectura del fallo, los familiares se dirigieron a los presentes y mostraron su indignación por las condenas.
«Es una burla», dijo Graciela Salvo, mamá de Rafael, y explicó que esperaban «prisión perpetua y que vayan ya a la cárcel». Alejandro Nahuel, padre de Rafael, señaló que la familia «se siente desilusionada» porque «los asesinos de nuestro hijo siguen en libertad».
Por su parte, el abogado querellante Rubén Marigo anticipó que apelará la resolución y llevará el caso a los organismos internacionales de derechos humanos. Calificó el fallo como «lamentable» y dijo que «alienta la violencia institucional».
«Ha sido insuficiente la respuesta de la Justicia y lo lamentamos», agregó Marigo a Télam, y consideró que «durante todo este proceso quedó demostrado que hubo una persecución, que los Albatros dispararon más de 150 veces y que además de matar a Rafita, hirieron por la espalda a otras dos personas».
Sobre este último punto, el Tribunal tampoco hizo lugar al pedido de condena por homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, los dos jóvenes heridos durante el operativo del 25 de noviembre de 2017.
Finalmente, habló a los manifestantes Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y calificó el fallo como «una vergüenza». «El pueblo mapuche va a seguir luchando por su territorio como desde hace 140 años», dijo, y cargó contra el «Estado opresor» que «niega sus derechos a los pueblos originarios».
Al término del acto de cierre de la movilización, un grupo derribó las vallas colocadas sobre calle España y arrojó piedras contra el cordón de efectivos de Gendarmería. La situación no pasó a mayores y los manifestantes se retiraron por las calles céntricas de la ciudad cantando consignas contra la policía y el Estado.
El proceso judicial
Durante el proceso judicial, las tres querellas participantes del juicio habían solicitado una condena de prisión perpetua para los cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
En tanto, la Fiscalía había requerido cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de «exceso en legítima defensa», ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Finalmente, las dos defensas que representan a los Albatros pidieron al Tribunal la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.
La lectura del fallo se conoció pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
El inicio del juicio
El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.
El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.
Durante un alegato que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el abogado planteó que quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
Para el abogado, el cúmulo de pruebas y testimonios demuestran que los procesados «desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña», a la «búsqueda de los mapuches».
Las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, adhirieron al pedido de pena realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.
En tanto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió cinco años de prisión para cada uno de los Albatros, ya que los considera coautores funcionales del hecho, aunque incorporó el atenuante de «exceso en legítima defensa».
Finalmente, el 15 de noviembre, las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos.
Según el relato del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo: lo hicieron «racional y proporcionalmente», dijo. (Télam)
