por Elmer Pineda dos Santos
Cuba volvió a conseguir un triunfo, previsible y simbólico, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó por trigésimo primera vez una declaración que reclama a Estados Unidos el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que dispuso sobre la isla en 1962 y que constituye, según La Habana, “un acto de guerra en tiempos de paz”.
La declaración que exige el levantamiento del bloqueo contra Cuba tuvo 187 votos a favor y solo dos en contra, los de Estados Unidos e Israel, en tanto que Ucrania se abstuvo. Esta es la 31ª vez que la asamblea debate la cuestión, siempre con una votación altamente favorable a cesar la medida, aunque Estados Unidos la incumple sistemáticamente.
Las autoridades cubanas calculan que seis décadas de bloqueo significaron pérdidas para su economía de más de 159.000 millones de dólares. Como excusa para oponerse a la resolución, la representación de EEUU dijo que las sanciones son “un conjunto de herramientas en nuestro esfuerzo más amplio hacia Cuba para hacer avanzar la democracia y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”.
También reafirma la igualdad soberana de todos los estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación y pide a los estados que se refrenen de recurrir a este tipo de medidas.
Asimismo, condena la aplicación extraterritorial con que Washington violenta la soberanía no sólo de los países a los que castiga ilegalmente, sino también la de todos aquellos (incluidos individuos y empresas) que deseen entablar relaciones comerciales con las naciones sancionadas.
La votación fue similar a la del año pasado, con la salvedad de que Brasil se abstuvo en 2022, con Jair Bolsonaro en la presidencia, y ahora, con Luiz Inácio Lula Da Silva en el Ejecutivo, se pronunció contra el embargo.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que “El bloqueo es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigido a anular la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional”, denunció
No extraña que el único Estado dispuesto a acompañar a Estados Unidos en la agresiva política contra el pueblo cubano sea Israel, que a su vez se beneficia del respaldo incondicional de Washington al genocidio que lleva adelante contra los palestinos.
Ni siquiera Ucrania votó a favor, pese a que su gobierno depende enteramente de EEUU para sostener su esfuerzo bélico ante la invasión rusa e incluso para realizar sus funciones más esenciales, como el pago a los trabajadores públicos.
Estados Unidos e Israel se muestran sin tapujos como los mayores violadores globales de los derechos humanos y recuerdan al mundo que las agresiones contra Cuba y Palestina se encuentran íntimamente entrelazadas por la complicidad entre estas potencias nucleares y por la lógica colonial de considerarse titulares del derecho a someter a otras naciones a sus designios.
Para sostener estas políticas tanto Estados Unidos como Israel han recurrido a la intoxicación propagandística desde sus usinas de terrorismo mediático, instalando una versión en la que sus víctimas son acusadas de terrorismo y en las que los acusadores se dicen agredidos cuando las sociedades a las que masacran encuentran cualquier resquicio para defenderse de sus atrocidades.
No se puede olvidar la criminal conducta del gobierno de Washington durante la pandemia de covid-19, cuando tanto Donald Trump como su sucesor, Joe Biden, impidieron a la isla importar los insumos básicos para atender a su población enferma. Tampoco se puede tapar bajo el manto de la impunidad y del terror mediático, el genocidio que en estos momentos perpetra el gobierno de Benjamin Netanyahu en la franja de Gaza y, en menor medida, en Cisjordania.
Ya no bastan 31 años de gestos simbólicos como las declaraciones de la ONU, sino que debieran ponerse en marcha todos los mecanismos diplomáticos, económicos, políticos y culturales a fin de hacer valer el derecho internacional ante las prácticas coloniales y genocidas, tanto en el Caribe como en Medio Oriente.
Todo el mundo reconoce la ilegalidad y la injusticia a que se encuentra sometida Cuba, pero la mayoría de los países miran para otro lado, por amedrentamiento, miedo o por complicidad, mientras millones de cubanos se ven privados de los bienes más elementales por la criminal y continua decisión de los gobiernos estadounidenses de dictar a otros países la forma en que deben manejar sus asuntos internos.
Pese a sus promesas de campaña -esas que se llevó el tiempo o algún huracán-, el presidente estadounidense Joe Biden mantiene las sanciones que impuso su antecesor, el republicano Donald Trump, unos días antes de concluir su mandato, con excepción de algunas variantes menores en materia de visados, viajes y remesas a la isla.
“El bloqueo recrudecido al extremo sigue siendo el elemento esencial que define la política exterior de Estados Unidos con Cuba”, advirtió Bruno Rodríguez, que subrayó que “con una simple firma” Biden podría eliminar el “despiadado asedio” a la población cubana.
Además, hizo hincapié en que más del 80 por ciento de la población cubana solo vivió bajo la ola de sanciones unilaterales estadounidenses y cuestionó la inclusión de la isla, por parte de Washington, en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
“El Gobierno de los Estados Unidos miente y hace un enorme daño a los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo, cuando acusa a Cuba, sin fundamento alguno, de ser un país patrocinador de ese flagelo. No hay un solo argumento válido y razonable para la permanencia de Cuba en esa lista espuria”, señaló Rodríguez.
* Periodista cubano asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
