Las manifestaciones en Colombia tuvieron como detonante la propuesta de una nueva reforma tributaria que buscaba recaudar dinero para la recuperación económica generada a raíz de la pandemia. Una reforma que entre otras cosas planeaba ponerle impuestos a los productos más básicos de la canasta familiar de los colombianos, una medida que terminaría exprimiendo el bolsillo de los colombianos, particularmente, de la clase media y aquellas familias más pobres que se han visto gravemente afectadas debido a la crisis generada por el coronavirus.

La  propuesta de una reforma tributaria en medio de ‘’la crisis más grande que ha enfrentado la humanidad después de la segunda guerra mundial’’ en palabras de Angela Merkel, ha sido la gota que rebosó el vaso. Miles de colombianos se unieron a la protesta nacional convocada el pasado 28 de abril en rechazo a la reforma tributaria.

El 2 de mayo el Presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria y pidió de manera urgente que se tramitará un nuevo proyecto de reforma, según el mandatario ‘’la reforma no es un capricho, es una necesidad’’ y el nuevo Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo anunció también el 4 de Mayo que el gobierno ya no invertirá 14 billones de pesos ($4.500 millones) en 24 aviones de combate de Lockheed Martin que se tenían presupuestados inicialmente.

Si bien estos anuncios han sido un triunfo de la movilización social y en particular de los jóvenes que se han movilizado, el descontento social y las problemáticas que enfrenta el país son mucho más profundas y requieren de cambios sistémicos que el pueblo colombiano está demandando no desde ahora sino desde años atrás.

Los graves hechos de represión, uso excesivo de la fuerza, y violación sistematica a los derechos humanos en medio de las protestas por parte de la Policia Nacional y el Escuadron Movil Antidisturbios (ESMAD) han acresentado el resentimiento de los manifestantes hacia el actual gobierno y sus instituciones.

La ONG temblores denunció 39 muertes verificadas, 1055 detenciones arbitrarias, 16 casos de violencia sexual y más de 350 desaparecidos en lo que va de las protestas. Pero aquí lo importante no son los números sino las vidas y los sueños de cada uno de estos jóvenes que hoy nos han sido arrebatados por un estado indolente.

Lucas Villa, estudiante de Ciencias de la Educación del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira resaltaba entre los manifestantes de la marcha pacífica del 5 de mayo en Popayán debido a su gran energía y actitud durante el plantón. Poco sabría que esa noche, sería la que le arrebatará su sueño de convertirse en un profesional. A eso de las 7:00 pm desconocidos llegaron armados y abrieron fuego indiscriminadamente, en donde Villa recibió ocho disparos de arma de fuego. Después de cinco días batallando por su vida fallece en el Hospital San Jorge de Pereira.

Diana Fernanda Díaz denunció haber sido victima de violencia sexual por parte de un agente del ESMAD.‘’Siempre creí que la Fuerza Pública actuaba por la provocación de la comunidad, pero hoy fuí víctima de un hecho merecedor de perder el respeto por el Esmad. Hoy fuí víctima de un acto carnal y violento por policías del Esmad’’ denunció Díaz.

Como este testimonio muestra que muchos colombianos han perdido la fe en las autoridades e instituciones colombianas, por eso uno de los principales retos del actual Gobierno será el establecer nuevamente esa confianza y por esta razón uno de los puntos que se discute ahora en la agenda nacional es la reforma a la policía y al esmad como prerrequisitos para garantizar el derecho a la protesta.

  La gran represión y violación a derechos humanos que vive el pueblo colombiano es tan solo una de las causantes de la movilización ciudadana. En Colombia se ha vivido una crisis social histórica que se ha puesto en evidencia debido a la pandemia. No han habido garantías para los defensores de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados sistemáticamente desde la firma del acuerdo de paz, la deuda histórica con la educación que sufre deficiencias por la falta de inversión por parte del Estado que a lo largo de los años evidentemente ha preferido invertir en armamento y equipamiento militar haciendo que la educación en este país sea un privilegio y los jóvenes acabamos por no recibirla; por eso protestamos, para tener un futuro seguro.

La brecha económica entre los ricos y los pobres es demasiado alta, y sobre todo el ver la diferencia de sueldo entre quien es miembro del congreso y quien es un empleado corriente ha incrementado el descontento del pueblo colombiano. El gobierno también está buscando privatizar el sistema de la salud, hecho que marcaría aún más la desigualdad social en el país.

Las problemáticas que enfrenta Colombia son múltiples y estructurales y nuestras peticiones parecen no querer ser escuchadas, por eso creo que las manifestaciones no terminarán muy pronto. Colombia vive un momento histórico y los jóvenes son los principales protagonistas, y no están dispuestos a parar hasta que haya un cambio sistémico y real, ahora son ellos quienes deciden sus futuros.