La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al gobierno de Venezuela de violar los derechos humanos en ese país, en base a un informe hecho por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa institución, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que denuncia «amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas sufridas por opositores y defensores de los derechos humanos». Se pueden hacer muchos cuestionamientos con respecto a este hecho, pero aquí hago solo dos: ¿a quién le interesa ese informe? ¿A qué derechos humanos se refiere ese informe?

Al considerar el contexto político que vivimos en América Latina en los últimos años, en el que una parte considerable de los países vive una crisis de las instituciones democráticas —incluso aquellos que conforman el Grupo de Lima (GL), como son los casos de Colombia, Bolivia, Brasil y del propio Chile de Michelle Bachelet— la Resolución del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que condena a Venezuela demuestra, entre otras cosas, que los derechos humanos «son monitoreados» cuando se refieren al gobierno bolivariano. Veamos los por qué.

Masacres y golpe de Estado

En Colombia, por ejemplo, una ola de asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) viene ocurriendo hace meses, sin que el gobierno del presidente Iván Duque adopte ninguna medida para detenerla. De hecho, la Oficina de los Derechos Humanos de la propia ONU ya notificó 36 masacres en 2019, consideradas un récord desde que se empezó a llevar un registro en el 2014. Pero, aun así, el Alto Comisionado de la ONU apenas está «profundamente preocupado» según un comunicado público de enero de este año.

En Ecuador, donde el escenario no es muy diferente, los cadáveres de las víctimas de la COVID-19 en las calles de Guayaquil, la segunda ciudad de aquel país, no fueron suficientes para motivar una Resolución de la ONU contra el gobierno de Lenín Moreno. Tampoco lo fue la violencia con la cual ese mismo gobierno enfrentó las más de mil protestas en todo el país, en octubre del 2019, que pedían la reducción del precio de la gasolina y, sobre todo, el fin de la reforma laboral que, al igual que la realizada en Brasil, precarizó el trabajo de los empleados públicos y privados. La insensibilidad demostrada por el presidente Lenín Moreno a través del paquete económico neoliberal, que dejó aún más vulnerable al pueblo ecuatoriano, no es vista como un ataque a los derechos humanos.

De la misma manera, no vimos una condena al golpe de Estado ocurrido en Bolivia que obligó al presidente electo democráticamente, Evo Morales, a renunciar y exiliarse en Argentina. Como si no fuera suficiente, Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia después del golpe, manipuló las cifras de la COVID-19 mientras el Estado boliviano bajo su liderazgo no brindó la asistencia adecuada y dejó que miles de personas murieran víctimas de la pandemia. Eso, junto a las reacciones violentas de las fuerzas del Estado contra las manifestaciones que clamaban por el retorno a la democracia, tampoco fue suficiente para motivar una Resolución de la ONU sobre los derechos humanos en Bolivia.

Además, en Bolivia, los intentos de manipulación del proceso electoral por la presidenta Áñez, que aplazó en varias ocasiones las elecciones presidenciales por miedo a la victoria de los candidatos y candidatas de la oposición que presentan una ventaja significativa, tampoco motivan un rechazo por parte de las Naciones Unidas.

Asesinatos de personas negras y LGBT+

Cuando se trata de Brasil, que bate sus propios récords en cuanto a muertes violentas, con 22 680 registradas en los primeros seis meses de este año –un aumento de 6% respecto al periodo anterior– y que también registró en 2019 el asesinato de una persona LGBT+ cada 26 horas, así como un incremento en el orden de 11,5% con respecto a los asesinatos de personas negras en los últimos 10 años, no vemos una Resolución de las Naciones Unidas contra la violación de los derechos humanos.

Es que en este país gobernado por la extrema derecha, donde el presidente deja que la selva amazónica arda en llamas, matando millones de especies y empeorando aún más la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que viven allí; o minimiza el peligro de la COVID-19 ayudando a exponer a millones de personas a la enfermedad y a la muerte —el número de muertes no nos deja mentir—, no hay violaciones de los derechos humanos. Al menos para la ONU, no las hay.

Para terminar la lista, que es larga —y por eso no cabría en este texto— vamos a Chile, país de la Comisionada autora del informe que dio origen a la Resolución contra Venezuela. Hace varios años, se desencadenaron protestas en aquella sociedad —primero, por los jóvenes estudiantes que tomaron las calles de la capital y de otras partes del país— y se extendieron debido a las medidas de ajuste que causaron el empobrecimiento de la mayoría de la población, sobre todo la política previsional ultraliberal que deterioró aún más la calidad de vida de los más pobres; eso, además del alto costo de vida, los altos precios de los medicamentos, del transporte y la falta de confianza en el gobierno por parte de la población.

El gobierno de Sebastián Piñera, sucesor de Michelle Bachelet, aun así ignora el sufrimiento del pueblo chileno y recibe a los manifestantes con mucha violencia, lo que causa muertes y mutilaciones. En octubre del 2019, por ejemplo, se acusó a policías de crucificar manifestantes, entre ellos un adolescente, lo que motivó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de ese país a presentar varias denuncias.

Sin embargo, Michelle Bachelet «cerró los ojos» ante lo que sucedía en la región, incluso en su propio país, y se concentró solo en Venezuela. Y nos preguntamos: ¿por qué todos esos países latinoamericanos violan los derechos humanos y solo Venezuela está bajo la lupa? Los motivos son varios, pero aquí nos concentraremos en tres.

Recursos naturales, China y Rusia

Primero, porque las reservas de petróleo venezolanas son más grandes que las sauditas y mucho más grandes que las estadounidenses. Evidentemente, esto hace que los países que dependen de ese tipo de energía «le echen el ojo al oro negro» de Venezuela, país que no se alinea con las políticas capitalistas lideradas por los Estados Unidos y la Unión Europea, basadas sobre todo en el despojo de las riquezas de terceros.

A pesar de ser productor de petróleo, los Estados Unidos siempre dependieron de las importaciones. De acuerdo con varios estudios, ese combustible es responsable de más del 80% de la demanda energética del sector del transporte estadounidense. De esta manera, controlar las fuentes petrolíferas es parte de las grandes prioridades de ese país. Ese es uno de los motivos, pero no el único.

El segundo motivo que mencionamos aquí es el hecho de que Venezuela es rica en otros recursos naturales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región Latinoamérica y el Caribe posee el 65% de las reservas mundiales de litio, 38% de cobre, 42% de plata, 21% de hierro, 33% de estaño, 18% de bauxita y 14% de níquel. Y Venezuela, como ya dijimos, además del petróleo también es muy rica en aluminio, cobre, hierro, gas natural, entre otros recursos naturales, los cuales también le interesan a los Estados Unidos y a otros países desarrollados del Occidente.

El tercer motivo es que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea defienden sus intereses geoestratégicos en el territorio latinoamericano y, en ese sentido, están buscando socavar la influencia que China y Rusia vienen teniendo en la región, como la importante y estratégica alianza con Venezuela.

Por estos y otros motivos, los países poderosos liderados por los Estados Unidos se empeñan tanto en debilitar a Venezuela, desgraciadamente con el apoyo de «satélites» ubicados en otras partes del mundo, incluso en la propia América Latina y el Caribe, como los que conforman el Grupo de Lima, completamente subordinados a la voluntad y los deseos de los «dueños del mundo». Eso significa afirmar que la «preocupación por los derechos humanos» en Venezuela no es más que una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones de los grupos poderosos con relación a ese país.

A pesar de todo eso, Venezuela resiste, principalmente porque tiene un pueblo que reconoce el valor de la soberanía política. A diferencia de otros gobernantes llamados de izquierda que América Latina conoció, Hugo Chávez trabajó en la alfabetización política de su pueblo. Por eso, a pesar de todas las presiones e intentos de golpe de Estado, el país sigue resistiendo, enfrentando tanto a la élite interna —ignorante y servil— como también a aquellos que, como los sucesivos gobiernos estadounidenses, no se cansan de buscar someter a Venezuela al capitalismo salvaje que impera en el mundo.

Traducción del portugués de Gonzalo Vidal