Por Alberto Mazzuca

El 11 de marzo de 1990, Chile regresó a la democracia después de 17 años de dictadura que dejó un balance desastroso en términos de violaciones de derechos humanos. Verdad, justicia y memoria histórica son temas fundamentales para entender sobre qué base descansa la democracia chilena hoy. Entrevista a Lorena Pizarro Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

¿Cómo evalúa el proceso de justicia transicional chileno?

A mí me parece que ha sido nefasto. La justicia transicional en Chile fue negociar con los criminales, construir una democracia débil que continuó y perpetuó el modelo económico de la dictadura y también su autoritarismo.

La justicia debe ser el motor para construir nuevas sociedades cuando éstas salen de horrores como lo que nos occurió en Chile bajo la dictadura cívico-militar. La justicia y la verdad son una: es verdad total y justicia plena y no es a medias.

¿Qué papel ha jugado la sociedad civil organizada en la transición democrática?

La sociedad civil organizada fue pulverizada en los años de la dictadura, y esa pulverización se mantuvo durante la transición. Fue reprimida, perseguida, sin embargo sobrevivió porque había que organizarse para combatir la dictadura.

En dictadura había un enemigo común, en esta transición el enemigo común se llama modelo económico neoliberal, que construye una sociedad individualista, que no lucha por sus derechos. Pero no todos han visto que este modelo es parte de la herencia dictatorial, y esta herencia había que combatirla.

A pesar de eso, creo que poco a poco nos hemos ido organizando como pueblo. En el ámbito de la demanda de justicia, la sociedad civil ha jugado un rol importante, aunque mayoritariemente ha sido marginada y maltratada. Quizás lo que nos falta es una masividad, porque la sociedad civil tiene que responder organizadamente, el problema es que esa organización no se ha consolidado con fuerza.

¿Qué opina de las actuales instituciones públicas de derechos humanos?

En Chile toda la transición se hizo en la lógica de la impunidad. Por lo tanto, todas las instituciones o todas las acciones que se tomaron después del año ‘90, han sido en la lógica de los negociados o de los consensos entre la derecha y un centro que muchas veces se arrima hacia la derecha.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, no cumple con los estándares internacionales que son los Principios de París. Principios que tienen que ver con la autonomía respecto de los gobiernos, el rol fiscalizador y la podestad de proteger a la sociedad civil. Esta institución en Chile está hecha en base a la cuota de poder de los acuerdos políticos, dejando por lo tanto una institución débil, frágil y negociable para los más poderosos. Mientras que la idea de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos de distintos paises, precisamente surge para dar respuesta a la fragilidad en que estaba la población frente al Estado, porque no había quien les protegiera. Este propósito, en cierta medida lo ha intendado cumplir el destacado rol que juegan sus funcionarios y funcionarias, pero no porque la institución tenga este mandato y potestad para hacerlo. No podemos depender de las voluntades de las y los trabajadores para ir en defensa de la gente. Debemos tener una institución autónoma, a la cual la gente pueda recurrir y que tenga fueza para ser la contraparte real del Estado cuando este viola los derechos humanos.

La misma política de los consensos se ha aplicado, entre otros, con una institución como es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que a la gente le conmueve, y que sin duda juega un rol en la reconstrucción de la memoria de los crimenes de la dictadura. Pero relativiza la historia al no mostrar, por ejemplo, la solidaridad que hubo en ese entonces desde el bloque socialista, o incluyendo dentro de las víctimas los 5 escoltas que mueren durante el atentado a Augusto Pinochet, y así suma y sigue.

Acerca de la memoria, ¿cuál es el grado de memoria histórica alcanzado entre las nuevas generaciones respecto a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la dictadura?

Creo que las nuevas generaciones tienen conciencia y han construido un relato de memoria, porque viven las consecuencias de la dictadura. Que es muy distinto a que el Estado ponga los esfuerzos para que se construya una memoria respecto a los hechos ocurridos en la dictadura cívico-militar o también a lo largo de la historia represiva que ha tenido nuestro país. La memoria tiene que tener un contenido, la memoria no es sólo la foto, el registro o catastrar una realidad, eso se da en un contexto y se hace en la contrucción diaria del país. Esto el Estado no lo asume.

Creo que hay un Chile y un pueblo, y esto se evidenció después del 18 de octubre con mayor fuerza y también evidenciando la tragedia de que las nuevas generaciones sí tienen conciencia de lo que pasó en el pasado y lo conocen. Lo conocen porque han sido afectadas por la consecuencia que nos dejó esa dictadura con todo su modelo económico, su Constitución, su Estado autoritario, con todo. Siempre en los pueblos va a ser relativo ver gente que no van a saber o entender nada, pero sí hay una generación que entiende que lo que pasó ayer es causa de lo que viven ellos hoy día. A pesar de toda la intención estatal, institucional, de los gobiernos y autoridades políticas de construir una memoria frágil, sin sentido y sin contenido.

El año pasado el Gobierno decidió eliminar el ramo de Historia como obligatorio en en 3º y 4º Medio. ¿Cómo ve a esta medida?

El último decreto que firmó Pinochet antes de salir de la Moneda, fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada el 10 de marzo de 1990. El ramo de historia era casi de memorizar hechos con una visión bien fascista si uno lo analiza, no era un contenido y análisis de la historia para aprender de ella. La ley continuó sin considerar el ramo de educación cívica, ni hablar de educación sexual, educación en derechos humanos o educación medioambiental. El desarrollo del pensamiento crítico en el ser humano, en la educación formal en Chile, no se dió nunca.

Lo último que pretendieron fue efectivamente eliminar la asignatura de historia. Esto demuestra el desprecio que tiene la derecha política-ideológica respecto al desarrollo del pensamiento crítico para la población en general. Por lo tanto, de contruir una democracia participativa donde la gente analice, critique, participe, proponga y decida.

¿Dentro de la agenda social de las protestas del 18 de octubre de 2019, hay también demandas de verdad, justicia y Nunca más?

Todo está relacionado. Primero, la impunidad garantiza la profundización del modelo impuesto por la dictadura. La falta de verdad y justicia aseguran que hay un momento en que el pueblo resuelve decir basta. Se levanta porque es tanta la explotación, la marginación y el maltrato, que la protesta va a surgir sí o sí, no queda otro camino. Además la impunidad y la falta de verdad y justicia aseguran la repetición de los crimenes.

Si hay algo cierto es que los Estados tienen la obligación de enjuiciar los crimenes que se cometieron, para la no repetición, el Nunca más que hablamos con tanta fuerza desde las organizaciones de derechos humanos. El Nunca más es parte del legado de la dictadura, el término de la impunidad no se va a dar si no cambiamos la Constitución pinochetista. Eso va ligado, no son temas apartes.

El modelo económico neoliberal, siempre va a ser profundamente violador de los derechos humanos. Las victimas de desaparición forzada y la persecución que se hizo contra las personas por su pensamiento político, fueron la reacción de la dictadura a lo que significó el triunfo de la Unidad Popular, con la instalación de un nuevo modelo económico de desarrollo que afectaba de manera contundente lo impuesto por décadas, por siglos en Chile: en donde una clase dominante siempre explotó a los más desposeídos. El golpe contra el gobierno de Allende se llevó a cabo para destruir aquello que se había conquistado, que concretamente son las demandas vigentes hoy en día. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, eran parte de las 40 medidas del gobierno de Salvador Allende, constituían la causa de vida y de lucha de las víctimas de la dictadura cívico-militar, particularmente de las víctimas de desaparición forzada. La demanda de verdad y justicia está vinculada a esas demandas sociales, no es un hecho aislado. Si nosotros seguimos manteniendo la misma Constitución y no cambiamos las leyes que aplastan los derechos del pueblo, la impunidad va a seguir siendo una realidad, no va a haber otro camino. El término a la impunidad no es un camino distinto de la construcción de una sociedad más justa en su conjunto.

¿Cuál es la gran tarea para hoy de la AFDD?

El término de la Constitución pinochetista, para que empecemos a construir un Chile distinto, avanzando hacia la verdad total, justicia plena y el término de la impunidad.