Publicamos acá el documento propuesto por Fundación Moebius en el que se sistematiza una serie de medidas propuestas a fin de dar una solución real al actual “estallido social” chileno. Son medidas claves desde una mirada humanista y están ordenadas en tres planos: en lo simbólico, en lo que hace a urgencias sociales y en el plano de medidas estructurales.
Propuestas en el plano simbólico:
1. Limitación a la reelección de cargos de elección pública: La eternización en los cargos de elección popular es una de las prácticas que, en el largo aliento, promueve o genera ciertas condiciones para que se vayan instalando prácticas de corrupción. Por lo anterior se hace relevante limitar la cantidad de reelecciones de representantes en cargos de elección pública. Una opción de este límite es la posibilidad de reelección por un máximo de dos períodos.
2. Rebaja dieta parlamentaria: Las sucesivas polémicas de los últimos años en cuanto a los gastos fiscales que implica el Congreso en ambas cámaras, ha generado que la ciudadanía demuestre una molestia creciente al respecto. Esta demanda se ha ido instalando cada vez más fuerte como símbolo ante el abuso de los partidos políticos del sistema. Se requiere la concreción de una rebaja de un 50% de las dietas parlamentarias, a lo que se añade el incorporar un seguimiento más exhaustivo a los gastos operacionales de cada diputación y senaturía.
3. Eliminar la pensión vitalicia para ex presidentes: Similar a la rebaja de la dieta parlamentaria, las remuneraciones y gastos de traslación y de funcionamiento de oficinas de ex Presidentes de la República, constituye el gasto más alto de este tipo en Latinoamérica. Se propone una rebaja drástica o derechamente: su eliminación.
4. Juicio político y civil a violadores de DDHH durante el estallido social así como a los responsables políticos: Lo que inicialmente partió como un estallido social,
con el paso de los días, fue transformándose también en un problema de abuso sistemático por parte de las fuerzas de orden contra la población civil. Ante los numerosos casos de violaciones a los DDHH (tortura, violaciones, abusos sexuales, mutilaciones, asesinatos), no pueden sólo ser juzgados carabineros y militares involucrados en estos hechos, sino que también aquellas autoridades estatales que, en el marco de una institución jerárquica, entregan las órdenes.
5. Reparación a víctimas de violación de DDHH: Ante el fenómeno de violación generalizada de DDHH, vemos de necesidad la reparación integral por parte del Estado a las cientos de víctimas de estos dos meses. No promover la paz basada en la justicia, es no reconocer que durante estos más de 60 días de manifestaciones en la calle se reprimió brutalmente a la ciudadanía.
6. Reintegración de Educación Cívica, Historia y Educación Física: Antes del estallido social, causó ruido mediático la eliminación de las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes visuales del curriculum para 3ros y 4tos medios, como asignaturas obligatorias. Antes se había eliminado o relativizado la existencia de disciplinas como la Filosofía o la Educación Cívica. Todas estas medidas deben revocarse, siendo reintegrados estos contenidos al currículum obligatorio y general del estudiantado nacional.
7. Eliminar perdonazos tributarios y económicos a grandes empresas: El Servicio de Impuestos Internos ha realizado millonarios perdonazos tributarios a grandes empresas, mientras que a las PYMES se les cursan duras infracciones por el atraso en el pago del IVA o, a pequeños almacenes de barrio por no entregar una boleta.Multas que muchas veces son resultado de falta de liquidez de las pequeñas empresas sin el afán de un fraude deliberado. Se hace necesario disminuir la burocracia en lo que hace a tramitaciones en instituciones como Seremi de salud, Municipalidad (dirección de obras y rentas), entre otras, al tiempo que se deben eliminar las normas bajo las cuales se escudan los perdonazos ya mencionados.
Propuestas en el plano de las urgencias sociales:
1. Ingreso mínimo de $510.000 garantizado: Ingreso mínimo que garantice cubrir las necesidades básicas de una familia, tales como alimentación, vivienda, salud, transporte y educación. Este ingreso permitirá salir de la línea de la pobreza a dicho grupo humano.
2. Jornada de laboral de 40 horas a la semana: Extensas jornadas laborales y largos trayectos de traslado fueron parte de los causales que llevó al estallido social del 18 de octubre. Una de las demandas del pueblo hace a la mejora de la calidad de vida, asociada a la rebaja en la jornada laboral entre otros aspectos.
3. Pase gratuito de movilización para la tercera edad: Dadas las bajas pensiones y la alta probabilidad de que su mejora demore en ser implementada, se hace necesario poder apoyar económicamente a la tercera edad en aspectos cotidianos como el costo del traslado. Proponemos el pase liberado para nuestros adultos mayores en todo el sistema de transporte público.
4. Exención del pago de contribución de bienes raíces para adultos mayores: Dadas lo dicho en el punto anterior, otra necesidad hace a los altos costos de las contribución de bienes raíces que deben pagar, trimestralmente, los adultos mayores independientemente de su nivel de ingreso. Se necesita la exención de este pago y así facilitar la vida cotidiana de quienes han entregado una vida entera a la comunidad.
5. Servicio de Protección de la Niñez que reemplace al SENAME: Necesitamos una entidad que asegure la protección y autonomía progresiva de niños, niñas y jóvenes. Una entidad que restituya el ejercicio de los derechos vulnerados en ell@s y que deberá encontrarse bajo el alero del Ministerio de Educación y no del Ministerio de Justicia, como lo hace actualmente.
6. Participación socio-política de la niñez: Debemos terminar con el adultocentrismo para abocarnos a la participación vinculante y permanente de niños, niñas y adolescentes en la construcción de políticas públicas y en todos los ámbitos que le afecten. En esta línea proponemos el derecho al voto secreto y universal para todos los niños mayores de 14 años. Los NNA deben ser concebidos como sujetos sociales y políticos, es decir, como actor protagónicos de su comunidad, dejando atrás el paradigma tradicional que los considera sólo como objetos de protección, cuidado y control. Este enfoque debe incorporarse en todas las instituciones públicas, incluyendo al Sistema de Justicia penal adolescente actual.
7. Condonación del CAE: Es quizás una de las políticas públicas en educación más polémicas post dictadura. Con el afán de lograr cobertura en educación a todo evento, se comprometió la situación económica de miles de profesionales, quienes después de dejar sus casas de estudio, se enfrentaron a un mercado laboral precario y sin espacios para los “nuevos profesionales”. Todo bajo un prisma que veía a la educación como un bien de consumo. Proponemos condenar la Deuda Educacional, partiendo por condonar las deudas del CAE.
8. Matrimonio igualitario y derecho a la adopción homoparental: En los últimos 10 años, la demanda de la comunidad LGBTIQ+ se ha centrado en el fin a toda discriminación y violencia, por ejemplo: ante la institución del matrimonio. Hoy las demandas por la igualdad de trato en cuanto a derechos sociales y civiles se tornan urgentes, por tanto es imprescindible legislar para concretar la demanda de un matrimonio igualitario y el derecho de adopción homoparental
9. Regulación y rebaja en el cobro del TAG: Durante el periodo del Presidente Lagos, y dentro del marco del Estado Subsidiario, se concesionaron las principales autopistas y carreteras interurbanas del país, argumentando el acceso expedito y su buen mantenimiento sin considerar dentro de los cálculos de tarifas, el incremento de la plaza automotriz ni un reajuste asociado a ello. Por otra parte, ante retrasos en los pagos, no sólo se deben pagar intereses por el retraso, sino que además son los Juzgados de Policía Local los encargados de realizar los cobros, es decir, se utilizan instituciones públicas para realizar cobros de privados. Es urgente la rebaja, regulación y condonación de deudas que hacen al uso cotidiano del TAG.
10. Ni una menos: La actual institucionalidad debe terminar de exponer a las mujeres y disidencias a la revictimización por denunciar casos de maltratos. Necesitamos reformas que permitan la denuncia, un juicio rápido y seguro para las mujeres violentadas, así como el fortalecimiento institucional y la articulación en red para la prevención y erradicación de la Violencia de Género a nivel local y nacional. Nos referimos a enfrentar la ineficiencia que han tenido en estas materias, los Tribunales de justicia. Se hace necesario por tanto un trabajo articulado e inmediato entre las Policías y el Poder Judicial.
11. Aborto libre, seguro y gratuito: Necesitamos asegurar la intervención del aborto sin que la objeción de conciencia institucional sea la piedra de tope para el libre ejercicio
de este derecho de las mujeres. Si bien hoy tenemos aborto en tres causales, este derecho se ha ido coartando debido a la masificación indiscriminada de la objeción de conciencia en la que se amparan instituciones completas. Debemos avanzar a la despenalización total del aborto en Chile.
Propuestas en el plano de transformaciones estructurales:
1. Nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente: Reemplazando al Estado Subsidiario por un Estado de Derechos y el Buen Vivir. Una Constitución que garantice
los derechos fundamentales, democratice el poder y avance hacia la cultura de la No violencia y los DDHH.
2. Reestructuración del Sistema de pensiones: Eliminación de AFPs y su reemplazo por un Sistema Mixto, solidario, tripartito y público (aportes del empleador, trabajadores y del Estado). La pensión mínima y/o solidaria deberá ser equivalente al ingreso mínimo garantizado.
3. Reestructuración del Sistema de Salud Pública: Se debe fortalecer el Sistema de Salud Pública y gratuita, incrementando el presupuesto per cápita; prohibiendo el uso de instalaciones hospitalarias públicas para que especialistas programen y realicen cirugías privadas que contribuyen a las largas listas de esperas; creación y financiamiento de un seguro de salud integral manejado por el Estado, siendo sólo una alternativa la contratación de seguros de salud complementarios e inversiones particulares.
4. Reestructuración del Sistema de Educación: El Estado debe ser el proveedor y no el fiscalizador de las instituciones educacionales públicas, por lo que la distribución de
los recursos debe venir desde un nivel central y no desde un nivel Municipal. La lógica actual ha consolidado la permanencia de las inequidades de acceso y calidad en educación. Debemos avanzar hacia un modelo de educación pública universal, gratuita, de excelencia, integral y con enfoques pedagógicos liberadores, humanizadores y transformadores.
5. Reconocer un Estado Plurinacional: En Chile actualmente existen 8 pueblos originarios, y su existencia no está reconocida en la Constitución, por cuanto sus costumbres, cosmovisión, normativas, entre otros aspectos característicos y específicos de cada uno de ellos, no son validados legislativamente por el Estado de Chile, más allá de lo ratificado por el Convenio 169 de la OIT. ¡No más discriminación!
6. Refundación de Carabineros: Esta medida no nace sólo por el actuar de FFEE asociado a las violaciones de DDHH durante el actual período de crisis, ya mucho antes se venía viviendo represión fuera de todo protocolo (principalmente en el Walmapu). Sumado a lo anterior, se ha destapado una profunda corrupción instalada desde los altos cargos hacia los estamentos jerárquicos menores, que debe ser erradicada mediante una refundación de toda la orgánica institucional.
7. Participación y mecanismos de democracia directa: Es imperativo romper con la inercia de un sistema seudo democrático en el cual la elite económica (1% de la población) coapta la toma de decisiones. Se requiere de mecanismos de participación ciudadana que permitan legislar sobre aspectos que demande la ciudadanía, permitiendo por ejemplo: la presentación de proyectos de ley levantados por la comunidad, la revocatoria de mandato, ley de responsabilidad política, entre otras iniciativas.
8. Integración Urbana: Intervenir el actual sistema de transporte público, avanzando hacia uno en que no haya diferencia en la calidad y conectividad del transporte entre los sectores más ricos y más pobres de la capital. Lo mismo con: la superficie per cápita de áreas verdes; acceso y calidad de los establecimientos educacionales; espacios de ocio y recreación; estamentos culturales; servicios comerciales; entre otros a nivel país.
9. Nacionalización del Agua: Eliminación de los Derechos de Aprovechamiento de agua, y garantizar, a lo largo de cada cauce, la presencia de un caudal mínimo, que asegure la supervivencia de las especies y comunidades que viven en él. Fin al código de aguas de la dictadura.
10. Derechos medioambientales y recursos naturales: La generación de zonas de sacrificio a lo largo de Chile, es un indicador de que el Medio Ambiente es un privilegio
de algunos. Todos debemos tener derecho a acceder a un ambiente libre de contaminación, en que incluso, se recobren los equilibrios ecosistémicos que se tenían antes de su intervención. En este sentido es urgente una legislación que penalice el “delito ecológico” por parte de mega empresas, el avance acelerado hacia una matriz energética verde y sustentable, al tiempo que se recuperan para el país, el control de recursos naturales como el litio, el cobre y los bosques.
Este documento fue confecciondo por: Fundación Moebius; Equipo Base Moebius – Partido Humanista; Equipo Base Acción de Barrio Feminista PH; EB La Chimba PH; EB Humanizando Puente PH; EB Fuerza Humanista Poniente PH; EB Laurita Rebelde PH; EB Humanismo Popular de Buin PH; EB Estudiantes Humanistas PH; EB Lisa Simpson PH.
