Asesinar a un pibe color tierra como política de Estado

28.11.2019 - Neuquén, Argentina - Gustavo Figueroa

Asesinar a un pibe color tierra como política de Estado
El agente de la policía Héctor Méndez es trasladado a la audiencia judicial donde escuchó la sentencia que lo condenó a 20 años de reclusión en la cárcel. (Imagen de Gustavo Figueroa)

Los beneficios de ser un agente policial que cumple con su deber

Neuquén, Puel Mapu. Héctor Méndez le disparó con su arma reglamentaria dos disparos por la espalda a Matías Casas. Luego lo pateó en el piso, delante de varios testigos, mientras aún respiraba. Héctor Méndez se fue de la escena. Volvió a su casa y se acostó a dormir, mientras el joven de 19 años aún seguía tirado en la tierra. Con éste último acto de violencia Hector Mendez demostró que asesinar a un pibe color tierra también es parte de sus funciones como agente de la policía. Héctor Méndez nunca se arrepintió de sus actos, ni ante los jueces, ni ante la madre y el padre de Matías. Con su silencio protegió a la institución y por su silencio la institución intenta protegerlo a él en la actualidad. La gran familia de la policía reivindica en silencio aunque con orgullo, cada vez que un pibe de barrio cae rendido por las balas de las armas reglamentarias. El Estado Nacional argentino no sólo niega e invisibiliza la historia familiar de las víctimas que produce, sino que además se encarga de ser efectivo con cada bala que impacta en la piel morocha de las sonrisas que corren en las periferias miserables e indignas de las urbes. Ningún caso es aislado, ni arbitrario. Es un proyecto de país que dispara sobre los desterrados y sus antepasados. Como mecanismo de respuesta, es necesario comprender que está maquinaria de violencia estatal está activa antes de ser efectuado el disparo y luego de ser producido. El libro de la historia no oficial de la anti impunidad nos llama nuevamente a estar atentos y comprometidas, dispuestos y dispuestas a llenar sus hojas en blanco con cada uno de nuestros testimonios.

Introducción 

Héctor Méndez se mueve entre policías, esposado pero sereno, cómodo en el espacio. Camina pausado, sin precipitarse. Durante las tres audiencias en la que fue juzgado, Méndez se mantuvo en silencio, mirando hacia el piso. Como ya advertí, nunca mostró arrepentimiento de sus actos. Incluso intentó negar su responsabilidad en el asesinato de Matías. Héctor Méndez fue sentenciado, el 26 de diciembre de 2015, a 20 años de prisión, pero rápidamente la institución nacional se encargó de resguardarlo (inclusive antes de llegar a juicio), otorgándole beneficios por sus labores cumplidos, beneficios que otros presos, por delitos incluso menores, no obtienen.

Kiñe | Uno
Matar a los de piel color tierra que alzan la voz contra su constante estigmatización

La vida transita entre el dolor constante y la alegría exacerbada. “No hay un día que no piense en Matías”, me confesó Cesar Casas mientras viajamos a Fiske Menuko por la ruta chica que atraviesa las chacras del Alto Valle de Río Negro.

Sobre esta anécdota ya he escrito en varias crónicas, ya la he mencionado, pero no alcanza. Es necesario contarla una y otra vez. La bala que hiere a los pibes en los barrios trasciende su propia piel para alcanzar el cuerpo de los padres, las madres y las hermanas que intentan seguir con sus vidas también heridas de muerte. La herida llega inclusive hasta los antepasados indocumentados, anónimos y desconocidos que constituyen la identidad de los despojados y los desterrados de sus tierras, que son los mismos y las mismas que desaparecen y reciben los disparos por la espalda en la actualidad. “Curruhuinca quiere decir oscuro y blanco”, le conté en voz baja a Ely Hernández (mamá de Braián Hernández) en relación a unos de sus apellidos familiares, mientras caminamos por una parcela de tierra en San Martín de los Andes. El opresor sabe que no sabemos nada sobre nuestro pasado, sobre nuestros apellidos originarios, sobre el territorio que nos fue usurpado. El usurpador (el Estado Nacional) sabe que nos debe mantener en tal estado de desconocimiento, e inculca en sus instituciones distintos mecanismos de ocultamiento e invisibilización. ¿Cómo los sin tierra van a disputar poder? ¿Cómo los desterrados van a alzar la voz y exigir derechos? El verdugo (la policía) sabe que –en términos materiales– no valemos nada, que nuestros hijos e hijas no valen nada. Por eso nos matan sin remordimiento, sin culpa, con la convicción certera de que el cae en una calle de tierra, como cayó Matías, es una persona sin pasado ni futuro.

La otredad que se construye sobre los pibes que habitan los márgenes de la sociedad es la misma otredad –o la continuación– que se ha construido sobre los jóvenes mapuche despojados de sus tierras. Éstos son los violentos, los salvajes, los chorros, los vagos. “¡No sirven para nada!”, aseguran convencidos distintos líderes de opinión. “¡No valen ni siquiera la bala con la que se los mata!”, insisten feroces con tono patriótico los enemigos de la juventud. La institución policial es efectiva en enseñar estos principios. “¡Son ellos o nosotros!”. ¿Quiénes son ellos? deberíamos preguntarnos ante esa afirmación. ¿Otros distintos que hay que desaparecer?

Héctor Méndez le disparó dos tiros a Matías, lo pateó en el piso mientras aún respiraba, volvió a su casa y se acostó a dormir. Héctor Méndez no se comunicó con sus superiores, no llamó a ningún compañero, ni siquiera denunció lo que había hecho a la comisaría donde trabajaba. Héctor Méndez, con sus acciones, asumió que lo que hizo con Matías era parte de sus funciones, estaba intrínsecamente supeditado a la filosofía de la institución policial: matar a los de piel color tierra que alzan la voz contra su constante estigmatización.

Escribo todo esto porque los gestos de desprecio, deshumanización y ninguneo sobre los familiares de gatillo fácil y desapariciones forzadas de la región (Río Negro y Neuquén) son sistemáticos, repetidos e interminables. Cada vez que se produce un caso de gatillo fácil o desaparición forzada en la región, son los mismos familiares los que empiezan a sospechar que los ataques son individualizados y personales, pero la realidad es que el acto de vulnerar a un grupo determinado de la sociedad resulta de un proyecto de país que ya lleva doscientos años sin más incomodidad que la de los actos que se realizan en fechas simbólicas. Y si bien los familiares que ya tienen un largo camino recorrido reclamando por sus hijos e hijas comprenden estas argumentaciones, las familias de las nuevas víctimas se desayunan estos gestos de atención por varios años, peor aún, ceden toda su confianza a las distintas fiscalías encargadas de realizar la investigación de sus causas. El mejor ejemplo de la región es el (mal) desempeño que realizó la fiscal Sandra Taboada en el caso de Sergio Ávalos (véase “Mal desempeño: la investigación”). Algo similar sucedió en el caso de Carlos Painevil, que estuvo los primeros cuatro años sin ningún tipo de avance en la causa, peor aún: durante ese tiempo se perdieron más pruebas de las que se hallaron. En este contexto, no es casual que los y las testigos del asesinato de Santiago Maldonado se mantengan en la clandestinidad, fugitivos de la misma justicia que los acusa de cometer falsos crímenes. Si es el mismo Estado argentino el que le sacó sus tierras, su lugar en el mundo, hasta sus apellidos les quitó ¿por qué confiar en él Estado Nacional? ¿Por qué someterse a su justicia sesgada, parcial y racista? ¿Se puede esperar otra cosa que no sea violencia?

La institución policial desde sus orígenes avala y reconoce que hay una parte de la sociedad (identificados con el color de la tierra) que merecen ser asesinados, eliminados y exterminados. “Su exterminio es prudencial y útil, sublime y grande”, confesó convencido Faustino Sarmiento–el padre de la educación argentina–, ya en 1876.

Epu | Dos
Desmantelar la maquinaria genocida

Así como Héctor Méndez entendió que no era necesario notificar sobre los dos disparos que le había efectuado a Matías Casas, mucho menos la fiscalía de Neuquén va a comprender que la madre de Braian Hernández debe ser notificada de los beneficios que recibe Claudio Salas, por cumplir sus deberes como funcionario público. Lo esperable para el Estado Nacional es que los agentes institucionales sean beneficiados en detrimento de sus víctimas directas. Concretamente la Ministra de Seguridad de la Nación lo reconoció en el caso Chocobar y también en el asesinato de Rafael Nahuel donde su asesino, Francisco Pintos, sigue libre cumpliendo funciones, resguardado por todo el andamiaje judicial. ¿Quiénes son las víctimas para el Estado Nacional? Todas las familias que han perdido sus tierras en el pasado y que hoy habitan las periferias de las sociedades deben ser controladas, perimetradas, vigiladas, perseguidas y asesinadas si es necesario. ¿Por qué sentiría culpa o remordimiento un agente del Estado por cumplir con su deber histórico? ¿Por qué la fiscalía se preocuparía de notificar a una madre que ha perdido un hijo a manos de una institución que históricamente a dirigido y apuntado sus armas hacia un grupo social determinado? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Los familiares deberíamos esperar otro accionar por parte de la institución policial y el poder jurídico? ¿Podremos un día como familiares desmantelar la maquinaria genocida que opera en contra de los pibes y las pibas que habitan las periferias de las ciudades de la Argentina?

Küla | Tres 
La respuesta: escribir el libro de la antiimpunidad, la antiviolencia institucional y la antideshumanización. 

Mientras el dolor de Ely Hernández y César Casas se transforma y muta desde la bronca y el dolor hacia las esferas más emotivas de la dignidad, el amor y la resistencia, yo hago lo mejor que sé hacer: escribir y mirar hacia afuera desde cierta distancia con la sorpresa constante de un niño impasible. Un día Ely en un acto público por la desaparición y el asesinato de Daniel Solano, nos advirtió que nosotros y nosotras, activistas y periodistas, estábamos presentes cerca de esa causa por amor. Y esa sentencia resulta un hecho irrebatible. Dejamos de lado muchas responsabilidades y obligaciones personales por acompañar de cerca a los familiares que han perdido un hijo o una hija, ofrecemos lo mejor que tenemos (no tenemos mucho) para que esas causas se visibilicen y se problematicen. Ese es nuestro campo de batalla, nuestra trinchera improvisada de resistencia. Cuando la calle más se opone a todas las formas de respuesta que proponemos y las puertas de esa ilusoria justicia a las que acudimos inocentemente se cierran, insistimos, salimos de nuestro letargo depresivo para comunicar lo que nos pasa, para que otros y otras nos escuchen, porque sabemos que otras madres y otros padres están pasando por lo mismo sin saber a quién acudir. Nosotros y nosotras desde nuestra experiencia lastimosa escribimos el libro de la antiimpunidad, la antiviolencia institucional y la antideshumanización. Contra la deshumanización nos alzamos. Nos revelamos ante la maquinaria capaz de estigmatizar, armar causas, cajonear pruebas, sobornar testigos, intimidar a los familiares. Nos organizamos y nos abrazamos ante el abandono sistemático de las causas y de las personas.

Meli | Cuatro 
La historia no oficial y la labor de un periodista

Mientras vea y tenga mi cámara a mano, mientras pueda conseguir las hojas blancas (como las que tengo en este momento) estaré atento a cada uno de los movimientos sospechosos, criminales e impunes que ejercen las instituciones del Estado Nacional argentino y sus agentes; movimientos que son ejercidos en contra de un grupo de la sociedad que intenta encontrar su(s) identidad(es) y su püllü entre los pedazos de tierra agónicas en las que han sido arrojado.

El rol de un periodista no puede ser otro que el de aquel que se siente sensibilizado por aquellos y aquellas que padecen alguna forma de opresión en el mundo. A las balas y la sangre que produce históricamente el Estado Nacional le dedico este retrato y estas breves líneas que se incorporarán en los libros de la historia no oficial que se relata lentamente, aunque con convicción y prolija austeridad.

Categorías: Derechos Humanos, Opiniones, Sudamérica
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