Por lavaca 

“Nunca esperamos la muerte de un hermano para que tenga que haber diálogo”, dice a lavaca Luis Pilquiman, referente de la Coordinadora Mapuche de la Zona Andina, luego de constitución de una mesa de diálogo que se conformó para “intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación”. Fue convocada por representantes de la comunidad mapuche junto al Obispado de San Carlos de Bariloche y sumaron la participación de sindicatos, organismos de derechos humanos, diputados y la Universidad Nacional de Río Negro (la lista completa, debajo de la nota).

La mesa se conformó tras el desalojo en la zona de Villa Mascardi de miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ordenado el jueves 23 de noviembre el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. Ese día se detuvo a cinco mujeres y sus hijos y se las precintó, para lo que fueron necesarios 400 efectivos de las fuerzas de seguridad y un virtual sitio y militarización de la zona a 30 kilómetros de Bariloche.

Unas 15 personas más que acompañaban la ocupación huyeron hacia los bosques y cerros. El sábado 25 se produjo una nueva persecución y represión por parte del Grupo Albatros de Prefectura a cuatro personas. En ese momento las fuerzas de seguridad mataron por la espalda, cuando huía, a Rafael Nahuel, 22 años. Fue un disparo de bala 9 mm de plomo de una de las pistolas ametralladoras MS5 de los Albatros.

La actitud pacificadora que tuvo tras el crimen el juez Villanueva fue objetada por funcionarios oficiales (Patricia Bullrich, Germán Garavano, Mauricio Macri), pese a que todas las partes, incluso el Estado (a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) parecen exhibir voluntad de diálogo. La mesa ha solicitado además que el directorio de Parques Nacionales, que de hecho inició la denuncia contra la ocupación, participe en los próximos encuentros.

La primera reunión se realizó este martes. Los puntos centrales del acta entregada por los integrantes de la mesa al juez Gustavo Villanueva:

  • La Lof Lafken Winkul Mapu y las comunidades mapuche autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial.
  • Plantean el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad para resolver la situación, la “urgente desmilitarización” de la zona, la garantía de seguridad a los que ingresan y egresan, y el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel.
  • El INAI sugirió que la comunidad se retire del territorio para “avanzar en un diálogo fructífero” y que las personas estén “sujetas a derecho”.
  • Los representantes mapuches y las organizaciones sociales solicitan garantizar la seguridad de las personas en la comunidad y la necesidad de enviarles alimentos y abrigo. Solicitan al INAI –como representante del Estado Nacional- que gestione que “corran los retenes” para acceder al lugar.
  • Solicitan la libertad de los heridos detenidos. El INAI ofrece “poner a disposición los dispositivos” con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para “revisar sus condiciones de detención y, entre otras cosas, solicitar la visita de la machi (que pueda ingresar el lawen”. La machi es una mujer considerada autoridad espiritual por el pueblo mapuche.
  • Se estableció una reunión para hoy, 29 de noviembre, a las 11 horas en la sede de la Unión de Trabajadorxs de la Educación de Río Negro (UNTER), seccional Bariloche.

 

El documento firmado como compromiso a continuar la mesa de diálogo.

Amnesia oficial

La mesa de diálogo es la instancia que precisamente venían solicitando distintas comunidades mapuches no sólo previo a la muerte de Rafael Nahuel, sino desde el inicio del conflicto en Villa Mascardi. “Se lo pedimos a Parques Nacionales y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, especifica Luis Pilquiman.

“Pero la mesa no tuvo cauce político y el conflicto se judicializó, y pasó lo que pasó. Nunca esperamos una muerte de un hermano para que tenga que pasar”. Frente a los titulares que hablan de “enfrentamientos” y vinculan a los mapuches a la RAM, para Pilquiman la mesa “demuestra la voluntad de diálogo desde el primer momento”. Cuenta: “Distintas comunidades hicimos un espacio para trabajar el tema, solidarizarnos y convocar a dialogar. Veníamos trabajando en esa línea, que se desmadró con el desalojo”.

El mismo juez que firmó la orden de desalojo que derivó en la muerte de Rafael Nahuel a manos de Prefectura Nacional, ahora se muestra propenso al diálogo. Pilquiman analiza qué cambió: “Tenemos que hacer que lo tome y lo incorpore. Demasiados hechos violentos han ocurrido, y es un momento en que la justicia tiene que aplicar los derechos de la propiedad privada pero también los derechos de los pueblos indígenas. La balanza de la justicia está inclinada para un solo lado”.

El cambio de postura del juez Villanueva llevó al Gobierno a criticar su accionar, mientras los funcionarios repiten mecánicamente la teoría de que los mapuches son violentos. Por un lado parece una típica presión de los políticos a los jueces, con amnesia sobre la supuesta independencia de poderes.

El gobierno además mantuvo una actitud belicista, y con un crimen por la espalda confirmado, en lugar de separar como corresponde a los posibles autores hasta que se realice la investigación judicial, mantiene la postura de la señora Bullrich: “Nosotros le damos, a la versión de la Prefectura Naval, el carácter de verdad”.

Razona Luis Pilquiman: “Hay un montón de situaciones políticas y sociales que tienen que ver con los reclamos sociales. Están a la orden del día los actos represivos, luego hay una situación muy particular que tiene que ver con instalar que los mapuches somos belicosos, que es un fantasma que está más cerca del accionar de los servicios de inteligencia, que de los mapuche”. La sigla RAM agitada por los activistas mediáticos y funcionarios oficiales ha sido denunciada por las comunidades mapuches como un posible invento de los servicios de inteligencia chilenos y argentinos, para justificar luego las persecuciones a las comunidades indígenas.

La reacción en Bariloche

En el medio, los medios. Pilquiman se muestra no sólo consternado por la muerte de Rafael, sino asombrado por cómo los medios comerciales difundieron la noticia. “Toda la cuestión mediática, la comunicación que se hace lleva a que muchos ciudadanos comunes, bien intencionados pero muy mal informados terminan comprando una gran mentira. Yo debo destacar que el día domingo se realizó una marcha de esclarecimiento del hecho y la ciudadanía de Bariloche respondió contundentemente, muy numerosa y pacífica  a la vez”.

Frente a las operaciones, los intereses y la muerte, Pilquiman cree que la verdad y la vida terminan saliendo a la luz. En ese sentido cierra el análisis sobre la mesa de diálogo, como un canal pacífico para encontrar una salida, y una oportunidad para convertir la muerte de Rafael en una discusión de fondo sobre la cuestión indígena: “Esperemos que de apoco se empiece a entender por qué se toman las tierras. Tiene que ver con la formación que tenemos, incluso nosotros, como argentinos. Hoy educar es desinformar. Hay que modificar esa situación, hay una necesidad de una revisión cultural de la formación de cada uno de nosotros. Si bien hay situaciones puntuales que nos preocupan, hay que apostar a reflexiones de largo plazo”.

Romper el diálogo es la muerte

“Es un ámbito necesario ante un clima de polvorín”, dice a lavaca Pablo Pimentel, titular de la APDH-La Matanza. “Es una vía que jamás se tendría que haber dejado de largo. Un ejemplo: por romper la mesa de diálogo en Cushamen con la Trochita se generó todo el clima que llevó a la represión del 10 de enero y, hasta ahí, no paró: la detención de Jones Huala, las sucesivas represiones, la desaparición de Santiago y, ahora, la represión el jueves en Bariloche y la muerte del sábado de Rafael Nahuel. Hay una seria responsabilidad de descomprimir y desmilitarizar a las comunidades mapuche en el territorio: el ámbito es muy importante porque es multisectorial e interreligioso, para garantizar que no haya nunca más una represión, que se alejen las fuerzas de seguridad y permitan ingresar al lugar”.

Pimentel subrayó la militarización que hay en Bariloche. “Desde el aeropuerto cruzamos al menos cinco retenes de PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal fuertemente pertrechados. Dicen que es por la reunión del G20, pero los vecinos dicen que el escenario está así desde hace meses, sobre todo después de la detención de Jones Huala y la desaparición de Santiago Maldonado. Y esto también lo confirmo yo, porque estoy viniendo desde enero para el sur”.

Sobre la comunidad en Villa Mascardi. “Nunca imaginaron que podría desencadenarse esto, y reafirma que la política del Gobierno es cazar a los mapuche que no se quieran someter a las prebendas del Estado, que no se da cuenta la conexión que hay entre los pueblos originarios y la tierra. Esta generación, la de los Facundo Jones Huala y los Rafael Nahuel, dijeron basta a todo esto, y están ejerciendo un derecho que es la recuperación territorial. Fue muy fuerte charlar con los protagonistas. Cuentan que fue una cacería: un ejército de línea pertrechado como para enfrentar a un ejército del ISIS, cuando en realidad había mujeres y hombres de la comunidad mapuche escapando”.

Este miércoles se producirá el segundo encuentro de la mesa de diálogo, también en la sede de UNTER (Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro).

Las firmas que sellan la mesa

Los sectores que integran la mesa son los siguientes:

  • Obispado de San Carlos de Bariloche
  • Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
  • Coordinadora del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro
  • Confederación Mapuche de Neuquén
  • Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)
  • CTA Río Negro
  • CTA Autónoma
  • Colectivo Al Margen (Rafael Nahuel concurría a los talleres que el colectivo realizaba en los barrios).
  • Defensora del Pueblo de Bariloche
  • Abogados Derechos por la Igualdad
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza
  • Universidad Nacional de Río Negro.

El artículo original se puede leer aquí