Por Lilian Campelo/Brasil de Fato

Murieron 56 personas privadas de la libertad. Se trata del mayor conflicto intramuros desde la masacre en la Penitenciaría de Carandiru, San Pablo, en 1992

El conflicto entre las facciones rivales Familia do Norte (FDN) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) en Manaus, capital del estado de Amazonas, terminó con 56 hombres privados de la libertad muertos. Según afirmó el abogado Glen Wilde do Lago Freitas, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), era una tragedia anunciada.

“Una cosa es cierta: esa rebelión ya estaba prevista desde hace mucho tiempo. Haca casi un año que la facción local (FDN) amenazaba con que iba a matar a la facción de São Paulo (PCC)”, dijo Freitas, que también informó que las dos facciones estaban separadas por un pabellón y apuntó que lo correcto hubiese sido que el estado los tuviese en presidios diferentes.

El Complejo está localizado en el kilometro 8 de la BR-174, que liga Manaus, en el estado de Amazonas, a Boa Vista, en el estado de Roraima. Desde el día 1º de enero, presos de las dos facciones, FDN y PCC, se enfrentaron dando inicio a la rebelión que duró cerca de 15 horas. Ademas de las muertes, la rebelión dejó como saldo 112 fugitivos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-AM).

El presidio tiene capacidad para 454 personas, pero al momento del conflicto el edificio superaba esta cifra con 1.229 presos –el triple de su capacidad. Freitas destaca que todos los presidios del estado de Amazonas están superpoblados y la situación en el interior del estado es aún más alarmante.

“En el interior pocas ciudades tienen cárceles, los presos quedan en celdas de comisarías, sin asistencia de la secretaría de Justicia. Quien cuida de los presos son los policías que deberían estar en las calles, garantizando la seguridad. El Estado demuestra su incapacidad e incompetencia absoluta para administrar los presidios de Amazonas”, dijo.

El abogado reveló que está elaborando un informe, que será enviado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Federal que se reunirá en sesión extraordinaria para tratar el tema, ya que el caso es considerado “la mayor masacre de presos contra presos en el país”, afirmó.

Transferencia

Después de la rebelión, el gobierno de Amazonas transfirió cerca de 130 presos a la cárcel pública Desembargador Raimundo Vidal. Ademas de los detenidos del Compaj, la cárcel recibió también presos del Centro de Detención Provisoria Masculino (CDPM), del Instituto Penal Antônio Trinidade y de la Unidad Penitenciaria de Puraquequeara.

La cárcel Raimundo Vidal estaba desactivada desde octubre del 2016.

El proceso de identificación de los cuerpos realizado por el Instituto Medico Legal (IML) comenzó en la mañana del lunes (2). Se tomaron las impresiones digitales de las víctimas y por la tarde se reunieron los datos e informaciones de los familiares presos.

Inicialmente cifras divulgadas por la SSP informaron 60 muertos, pero luego de una actualización se confirmó que el número había sido de 56.

Tercerización

Lena Azevedo, investigadora de la ONG Justicia Global, relató que a fines del 2015 la comisión del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura estuvo en Manaus y elaboró un informe publicado en enero del 2016. Al momento, cuatro unidades penitenciarias fueron inspeccionadas, entre ellas el Complejo Penitenciario Anísio Jobim.

Azevedo dijo que el informe denunciaba “la total ausencia del estado en las unidades penitenciarias” y agrega que el documento indicaba que eran los presos quienes comandaban esas unidades; cita la figura del “chaveiro” (llavero), un preso que era el responsable por abrir y cerrar las celdas.

“Los directores escuchados, inclusive dijeron explícitamente que son los propios presos los que realizan el control de los pabellones, de modo que la dirección sólo sabe de determinados sucesos como agresiones, después de los hechos”, afirma.

El Compaj, inaugurado en 1999, es administrado desde el 2014 por una empresa privada responsable por la gestión penitenciaria de un sistema de cogestión. Ademas del Compaj, otros tres presidios de Amazonas son privados. Los agentes responsables por los detenidos son prestadores de servicio contratados por la empresa.

La investigadora destacó que los agentes penitenciarios no responden a los requisitos de la Ley de Ejecución Penal y la contratación de esos funcionarios contradice las normas nacionales e internacionales como las Reglas de Mandela.

Además recuerda que el día de la visita de la comisión en el 2015, trabajaban en el Anísio Jobim 153 funcionarios cuando el contrato firmado exige 250. La empresa contratada cobra por preso, “entonces se pone un mínimo de efectivo, una mano de obra no calificada, no seleccionada adecuadamente, manteniendo condiciones degradantes y se lucra con eso y el Estado cree que privatizando, privatiza su responsabilidad. La responsabilidad por esas 60 muertes es del Estado, individual y colectivamente”, afirma la investigadora.

El informe también alertaba sobre posibles rebeliones y el clima de inseguridad y tensión ocasionado por la transferencia de diversos líderes de la facción FDN a la cárceles federales, algunas semanas antes de la visita de la comisión a Amazonas, como se verifica en el trecho extraído del documento.

“Así, se realizaron declaraciones sobre la posibilidad de rebeliones o motines en las prisiones dominadas por la FDN. Consecuentemente, no sólo los funcionarios y los presos de esta facción parecían bastante tensos, sino también las personas privadas de la libertad no pertenecientes a la FDN”.

Nota

La Secretaria de Seguridad Pública de Amazonas-SSP informó que los órganos de seguridad investigarán los homicidios, mantendrán el orden en las demás unidades penitenciarias, se ocuparán de recapturar a los presos fugitivos y garantizarán la seguridad de la ciudad. También informó que a lo largo del 2016 varias fugas y conflictos fueron evitados.

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