Se ha cerrado en Perú la segunda vuelta electoral. Casi 7 millones de electores escogerán el próximo domingo 5 de junio entre dos opciones que aseguran la continuación del modelo neo liberal instalado desde la década del 90.

Las elecciones han puesto momentáneamente al país delante de un espejo donde se mide el peso de la memoria y la estatura moral de la sociedad. A los ciudadanos se les ha presentado la necesidad de escoger entre dos fórmulas: la vuelta al autoritarismo corrupto o el respeto a las reglas de la democracia.

Una fuerte movilización de la sociedad colocó en la última semana un claro mensaje contra el retorno al fujimorismo. El pasado martes 31, cerca de 100.000 personas marcharon en Lima y varias ciudades del país y del mundo bajo lema «No a Keiko», con las consignas de «No al Narcoestado»; «Un pueblo consciente no elige delincuentes»; «Porque tenemos memoria, tenemos futuro».

La sistemática campaña populista realizada por la hija del ex dictador y ex Primera Dama, en todos los rincones del país en los últimos cinco años, se expresa en una leve ventaja que muestran las últimas encuestas. «Un trabajo de años ha logrado que los electores crean que viene una versión purificada de la dictadura de los 90″, señalaba al respecto un editorialista.

En busca de votos, paradójicamente los candidatos concentraron su confrontación en torno a quién podrá enfrentar más eficazmente la violencia, inseguridad y el delito, en medio de un ambiente electoral salpicado por mutuas acusaciones de corrupción y, sobre todo, en el caso de Keiko Fujimori, por sus relaciones con un entorno de políticos y colaboradores acusados de lavado de activos y vínculos con redes de narcotráfico. Esta candidata gana votos ofreciendo «mano dura» contra la delincuencia, aumento de efectivos policiales en las calles y la construcción de cárceles sobre los 4.000 metros de altura.

Más allá de las ofertas y discursos de los candidatos, los análisis críticos de las últimas semanas se volcaron a descifrar las «brechas» existentes en la mentalidad de las poblaciones que demandan respuestas ante la creciente inseguridad y violencia, pero muestran a la vez su tolerancia con la corrupción y el autoritarismo. El lema de «roba, pero hace obra», utilizado en su última campaña por el actual alcalde de la capital, expresan la presencia de una «crisis moral» que afecta a las grandes poblaciones, olvidadas por el Estado y a la vez sometidas durante las últimas dos décadas al asedio del mercado y el mito del progreso.

Periodistas críticos han ensayado sus explicaciones reconociendo una «derrota moral», la presencia de una «entropía negativa» y considerando que «es quererse poco, votar por Keiko».

La situación muestra que tendencias supuestamente opuestas podrían sucederse en el poder sin modificar en lo más mínimo el proceso de desestructuración social vigente. Frente a una lucha de slogans y formas vacías, el ciudadano se orienta hacia donde pueda sacar ventaja y se concentra en lo más perceptual e inmediato.

En este marco de reflexión, algunas voces como la del Centro de Estudios Humanistas de Lima han denunciado la destrucción moral que se acrecienta en el país y han convocado a no legitimar la trampa, el robo y el cinismo, a fortalecer los derechos humanos y repudiar la dictadura y el autoritarismo.