La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió durante tres días comunidades indígenas que dieron cuenta de de los esfuerzos que lleva a cabo el Estado para resolver un conflicto de más de 30 años por territorios.

 

Una comitiva de autoridades nacionales acompañó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los días 24, 25 y 26 en el monitoreo en las comunidades indígenas que culminó de manera exitosa.

La comitiva Nacional encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, también estuvo integrada por Javier Salgado,  del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Mirta Pulido en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Fernanda Bonfin, integrante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la de la Nación; representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y autoridades provinciales, acompañó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los días 24, 25 y 26 en el monitoreo en las comunidades indígenas que culminó de manera exitosa.

Las intensas jornadas de diálogo con diversas comunidades indígenas y familias criollas dieron cuenta de los esfuerzos que lleva a cabo el Estado Argentino para resolver un conflicto de más de 30 años por territorios, y que se encuentra en sede internacional.

El secretario de derechos humanos, al culminar dichas tareas destacó: «Estamos en presencia de un conflicto indígena originado por la falta de compromiso y de atención por parte de otros gobiernos. Sabemos que los conflictos se resuelven en los territorios donde se producen y no en otros lados, por eso es la sexta visita que hago a la zona. Estamos convencidos de que los esfuerzos de la Argentina por resolver los conflictos territoriales de pueblos originarios como deuda histórica serán reconocidos y valorados por la CIDH, a los fines de arribar a una solución amistosa. Las 400 mil hectáreas que por decreto del gobernador Urtubey ya son de pueblos originarios, se enmarca dentro de este proceso histórico sin antecedentes, donde la Argentina está llegando a las 5 millones de hectáreas instrumentadas con propiedad comunitaria y a 7 millones de hectáreas relevadas por la Ley 26.160».

Las actividades implicaron diversas reuniones de trabajo tanto en la ciudad de Salta como de Tartagal, con la presencia de todas aquellas autoridades nacionales y provinciales que intervienen en el caso, los peticionarios y sus representantes (CELS). A su vez, los funcionarios de la CIDH tuvieron la oportunidad de constatar en terreno el progreso de las obras realizadas principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, así como los trabajos de demarcación y amojonamiento del territorio y los avances en los nuevos acuerdos de parte que propicia la Unidad Ejecutora Provincial.

En este conflicto de tierras, que data de hace más de tres décadas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) -en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat- realizaron una denuncia en el año 1998 ante la CIDH. La Asociación Civil Lhaka Honhat exige la relocalización de las unidades productivas de las familias criollas ubicadas en esas tierras, las que finalmente les fueron cedidas mediante Decreto Provincial nº 2786/07, ratificado por Decreto nº 2398/12.

Por último, en el mes de mayo de 2014, el Gobernador de la Provincia de Salta dictó el Decreto nº 1498/14 que reconoce y transfiere la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas a 71 comunidades indígenas y destina 243 mil hectáreas para las aproximadamente 400 familias criollas.