Poco más de dos años después del derrumbe de un edificio en un suburbio de la capital Dacca, en el que murieron más de 1.100 trabajadores, se logró la reunir la suma  de 30 millones de dólares para crear un fondo para las víctimas.

La iniciativa, coordinada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está destinada a indemnizaciones para las familias de los que quedaron sepultados entre los escombros del Rana Plaza, un edificio en que se encontraban varios talleres textiles, en su mayoría atiborrados de empleados. En buena parte los resarcimientos ya habían comenzado a distribuirse en las últimas semanas, luego de que se recordara el segundo aniversario del derrumbe, el 24 de abril.

El Comité de Coordinación para el Rana Plaza, liderado por la OIT, anunció hoy que en las próximas semanas será posible iniciar el resarcimiento final, que incluye también a los 1.500 heridos en el desastre.  El comité está integrado por diferentes sectores, pero sobre todo por las empresa que producían directa o indirectamente –por medio de contratistas locales– en el edificio, además de asociaciones de trabajadores, y representantes gubernamentales.

Como señaló el Director General de la OIT, la posibilidad de pagar las indemnizaciones es un paso importante, porque ofrece a tantas familias la posibilidad de vivir un futuro menos incierto, y también por su valor simbólico. Sin embargo, esto “no nos impide ver los desafíos que tenemos por delante (…) Debemos trabajar juntos ahora para asegurar que accidentes de este tipo puedan ser prevenidos en el futuro, y se cree un sólido plan de seguro nacional para accidente de trabajo, de modo que las víctimas de todo accidente futuro puedan ser compensadas y atendidas de modo justo”, recordó Ryder en un comunicado.

El desastre de dos años atrás se ha convertido también en un punto de no retorno en las relaciones entre las grandes marcas internacionales –como la italiana Benetton– y los productores locales, a los que se exigen garantías en cuanto a horarios y condiciones de trabajo, a cambio de inversiones en seguridad. Mientras crece entre trabajadores, empresarios y autoridades la presión por una mejora salarial crece también la exigencia de justicia hacia empresas incumplidoras y autoridades responsables de la seguridad, infiltradas por la corrupción. Sólo la semana pasada la policía incriminó a 41 personas por el desastre del Rana Plaza, entre las que se encuentra el propietario del edificio.

El artículo original se puede leer aquí