Pobreza energética en Europa, Inclusión en Latinoamérica

Desde hace algunos años, especialmente a partir de la última crisis económica mundial, iniciada en EEUU en 2008 y extendida a Europa, desde las grandes potencias se viene utilizando el concepto “pobreza energética”, un término sobre el que vale la pena reflexionar en contraposición al proceso de desarrollo con inclusión que experimenta Latinoamérica y desde la comunicación, en tanto los términos que utilizamos expresan cosmovisiones del mundo, de sus conflictos y de sus posibles abordajes.

“Pobreza energética” es un término muy utilizado recientemente  en Europa, especialmente por las posiciones opositoras a las políticas de derecha, neoliberales, que gobiernan actualmente esa región. Remite, en primer lugar, a una de las consecuencias de las elevadas tasas de desempleo. Las familias que se quedan sin ingresos no pueden afrontar los gastos de servicios considerados básicos para la vida, como el agua potable y la calefacción de los hogares. Sin ningún derecho que los ampare, simplemente las empresas proveedoras del servicio, les cortan el suministro por falta de pago. Esto es especialmente problemático en zonas con muy bajas temperaturas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de los fallecimientos de Europa se dan en los meses más fríos.

Gran parte de las discusiones ambientales en esos países giran en la actualidad en torno a estos problemas, consecuencia de la crisis económica y social que atraviesan y a la cantidad de familias que, tras el retroceso del Estado de Bienestar, se ven vulnerados en derechos hasta ahora considerados básicos.

España es quizá uno de los países donde más se evidencia esta situación. Según datos de un estudio, recientemente difundido por Cáritas, ha acumulado cuatro millones de parados desde que comenzó la crisis, lo que la sitúa en el tercer país de Europa en aumentar su tasa de desempleo (lo superan Letonia y Grecia). Además, respecto a las desigualdades sociales, que también influyen en la pobreza energética, Cáritas asevera que 1,5 millones de hogares padecen exclusión social severa.

En ese contexto, una de las cuestiones que más convoca en la actualidad a los ambientalistas y los referentes de izquierda, es la cantidad de litros de agua por día que el Estado debe garantizar a cada ciudadano, entendido como un Derecho Humano. Impulsan que sea incluido en la próxima reforma a la Constitución española, una forma de poner freno legal a la vulneración de derechos.

Desde Latinoamérica esas discusiones no son tan recientes. Además de la imposibilidad de pagar los gastos energéticos,  se estima que unos 30 millones de habitantes, el 5% de la población, directamente no tiene acceso a la corriente eléctrica.  Otro tanto sucede con el agua potable y la red de gas.

Los gobiernos de arraigo popular han tomado nota de esta situación y como parte de las políticas de desarrollo e inclusión social implementada en varios países de la región, se viene avanzando en el acceso a los servicios básicos, especialmente el acceso a agua potable.

En Argentina, bajo el slogan “Siempre presente”, la empresa estatal de agua potable y saneamiento cloacal, Aysa, viene ejecutando programas como “Agua más trabajo”, junto al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de incluir a las familias a la red de agua potable, pero apostando fuertemente e la inclusión social, una doble inclusión que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas desde el acceso al trabajo y al agua potable.

Según una nota publicada hoy en elSuplemento “Trabajo y Economía”, del diario Tiempo Argentino, “en los últimos años 5.685.696 de argentinos accedieron por primera vez al agua potable por red, y 4.461.713 a la disposición de cloacas. Las inversiones del Estado Nacional sumaron, entre obras terminadas y en ejecución, $ 33.094.729.706. Los datos indican que la tasa de crecimiento en cobertura tanto de agua como de cloacas, por primera vez en las 5 últimas décadas, fue mayor que la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Una vez más se confirma que la acción del Estado, en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal), es imprescindible para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo para los ciudadanos”.

Si bien en América Latina la pobreza energética ha sido reconocida como un problema y en la Cumbre de las Américas celebrada en 2012, se estableció un acuerdo  para eliminarla en los 10 años siguientes, en vistas al 2022, la pobreza energética está dada como una consecuencia de la pobreza estructural: vivienda, salud, educación, trabajo.

Las cuestiones de acceso a los servicios considerados básicos han sido incorporadas en las agendas de los países, desde una mirada social, los programas han sido lanzados asociados a palabras tales como: dignidad, trabajo, ampliación de derecho, accesos.

En ocasión de la inauguración de una planta de tratamiento cloaca, la presidenta argentina hizo hincapié en la mirada social y explicó que “es el rol insustituible e indelegable del Estado en materias tales como la salud pública, donde el agua potable, el agua corriente y las cloacas son también tan importantes como los remedios, como los médicos. Qué puede hacer un médico cuando le viene un pibe de una casa donde no hay agua, donde no hay cloaca. No hay remedio que pueda suplir esa agua corriente y esos desagües cloacales”.