El jueves 18 de Julio se realizó un escrache, con movilización desde la Plaza de Mayo hasta las oficinas del genocida civil Pedro Blaquier, ubicadas en la calle Corrientes al 400. La marcha fue en pedido de justicia y contra la impunidad que envuelve el apagón en los pueblos de Lib. Gral. San Martin y de Calilegua de Jujuy la noche del 27 de Julio de 1976, donde la empresa Ledesma participo activamente junto con los militares en la detención de 400 compañer@s y la desaparición de 33 de ellos.

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Esta denuncia se suma a las venimos haciendo en Pressenza desde nuestra formación, reclamando el esclarecimiento de la complicidad empresarial con el terrorismo de estado sufrido durante la dictadura. El caso del Ingenio Ledesma es emblemático en este sentido, ya que muestra un accionar totalmente ensamblado entre los intereses empresariales y la supuesta «lucha contra la subversión».

Jujuy vive todavía la impunidad de estos hechos, ya que la parte civil de la dictadura nunca fue juzgada, ni perdieron su poder sobre los gobiernos, medios de comunicación y la justicia.

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En el reciente Encuentro Federal sobre Democratización de la Justicia que se realizó en Jujuy, Paula Álvarez Carrera, abogada querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad que participó en representación del espacio Justicia Legítima en Jujuy cuestionó la estructura política del Poder Ejecutivo provincial. “El año pasado fuimos a la seccional del ingenio Ledesma y tomamos conocimiento junto con el juez Fernando Poviña y los fiscales que por orden de la justicia de San Pedro se habían secuestrado libros y documentación del año 76 y después supimos que lo mismo sucedió en la seccional Ledesma. Hicimos la denuncia pero nunca se avanzó en la investigación para encontrar a los responsables”, señaló.

La Organización social Tupac Amaru lleva años realizando una campaña de conscientización del hecho que la dictadura no fue militar, sino que se trató de un golpe cívico-militar. Muchas organizaciones de Memoria, Verdad y Justicia y Derechos Humanos los secundan, así no, como ellos denuncian, el gobierno provincial y la misma oposición, ambos bandos coptados por el poder de las corporaciones provinciales.

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