La independencia política ya llevaba más de un siglo pero la independencia económica seguía pendiente, el país entraba al mundo moderno con las manos atadas por contratos heredados.

Un país que crecía pero no para todos
(1950 a 2000)

A mediados del siglo XX el Perú comenzaba un proceso de urbanización acelerada. Lima crecía sin parar pero ese desarrollo estaba sostenido, una vez más, en la exportación de materias primas: cobre, petróleo, harina de pescado, algodón, azúcar. La economía se movía al ritmo de la demanda internacional y las comunidades campesinas e indígenas seguían atrapadas en la pobreza.

La reforma agraria seguía siendo una promesa lejana. El latifundio dominaba la sierra y la costa, y las comunidades andinas tenían acceso limitado a tierras fértiles. En la Amazonía las concesiones petroleras y madereras se expandían sobre territorios indígenas sin consulta ni compensación.

El auge de la harina de pescado y la sobreexplotación

En la década de 1950 el descubrimiento del potencial de la anchoveta como materia prima para harina de pescado convirtió al Perú en líder mundial de este producto. Empresas nacionales y extranjeras instalaron plantas a lo largo de la costa. En pocos años el país pasó a controlar más del 60% del mercado global.

Pero la sobreexplotación llevó al colapso de las poblaciones de anchoveta a inicios de los años 70, especialmente tras el fenómeno de El Niño de 1972–1973. La crisis pesquera dejó miles de desempleados y evidenció que incluso con recursos aparentemente inagotables, la falta de regulación podía destruir un sector en tiempo récord.

La Reforma Agraria y sus límites

En 1969 el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado impulsó una reforma agraria que expropió grandes haciendas y redistribuyó tierras a cooperativas y comunidades. Fue un golpe al poder de la oligarquía rural pero tuvo limitaciones: muchas tierras expropiadas no contaban con asistencia técnica ni financiamiento suficiente y la productividad cayó en varias zonas.

Aun así, para las comunidades campesinas fue un cambio histórico. Recuperaron tierras que habían perdido desde la Colonia y vieron, por primera vez, al Estado reconocer formalmente su derecho a la propiedad comunal.

El petróleo y la disputa por la soberanía

La nacionalización de los yacimientos de Talara en 1968 marcó un hito en la historia del petróleo peruano. La expropiación de la International Petroleum Company (IPC) fue celebrada como una victoria de soberanía. Sin embargo, la administración estatal a través de Petroperú no siempre tuvo el músculo técnico y financiero para maximizar la producción y la industrialización.

Durante las décadas de 1980 y 1990 las crisis económicas y la presión del FMI y el Banco Mundial llevaron a un proceso de privatización parcial. Empresas extranjeras regresaron a manejar importantes lotes petroleros bajo contratos que volvían a favorecer la exportación de crudo en lugar de su procesamiento local.

La minería moderna y la entrada de las transnacionales

Desde los años 90 con el gobierno de Alberto Fujimori, se impulsó una apertura total a la inversión extranjera en minería. Compañías canadienses, estadounidenses y británicas adquirieron concesiones en la sierra y la selva alta. El cobre, el oro y la plata fueron los metales más codiciados.

Este modelo trajo ingresos fiscales y atrajo capitales pero también generó conflictos sociales por el uso del agua, la contaminación y la falta de consulta a las comunidades. Las regalías eran bajas y gran parte de la riqueza minera se fugaba al exterior vía utilidades y pagos a casas matrices.

La Amazonía bajo presión

La expansión petrolera y maderera en la Amazonía trajo carreteras, campamentos y nuevas oleadas de colonización. Los pueblos indígenas amazónicos sufrieron desplazamientos, pérdida de territorios y epidemias. En algunos casos, comunidades enteras fueron arrasadas por derrames de petróleo o por la tala ilegal sin reparación efectiva.

El caso más dramático fue el del pueblo nahua, que en los años 80 entró en contacto forzado con trabajadores de empresas petroleras. Más del 50% murió por enfermedades respiratorias y gastrointestinales en menos de cinco años.

Cifras aproximadas del saqueo
(1950–2000)

• Cobre: más de 8 millones de toneladas exportadas, valor actual superior a US$ 100.000 millones.
• Oro: más de 2.500 toneladas, valor actual de US$ 175.000 millones.
• Plata: alrededor de 25.000 toneladas, valor actual de US$ 20.000 millones.
• Petróleo: más de 1.500 millones de barriles, valor actual superior a US$ 87.000 millones.
• Harina de pescado: más de 40 millones de toneladas, valor actual de US$ 28.000 millones.
• Madera y productos forestales: exportaciones por US$ 4.000 millones, gran parte ilegales o no declaradas.

Cifras de exterminio y desplazamiento humano – 1950 a 2000

• Población indígena estimada en 1950: entre 1,1 y 1,3 millones.
• Población indígena en 2000: alrededor de 3,5 millones, con recuperación demográfica en zonas andinas, pero pérdida crítica de pueblos amazónicos.
• Principales etnias afectadas: quechuas, aymaras, asháninkas, shipibos, awajún, wampis, machiguengas, nahuas, yines, kukamas.
• Muertes por conflictos extractivos, epidemias y desplazamientos: estimadas en 60.000 a 80.000 personas en medio siglo.

Entre deuda y neoliberalismo

Al final del siglo el Perú estaba completamente integrado a la economía global como proveedor de materias primas. La deuda externa condicionaba la política económica y las recetas del Consenso de Washington imponían apertura comercial, privatizaciones y reducción del rol del Estado.

La industrialización nacional quedó relegada. El país exportaba cobre, oro, harina de pescado y petróleo pero importaba maquinaria, tecnología y derivados industriales. El patrón colonial se mantenía con nuevos actores y discursos más técnicos pero con el mismo resultado: riqueza que sale y pobreza que queda.