Bolivia y Estados Unidos suscribieron en Washington un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, un paso que refuerza la cooperación bilateral en un ոլորտ considerado clave para la economía global y la transición energética. El acuerdo fue firmado por el ministro de Minería boliviano, Marco Antonio Calderón, y el vicesecretario para Asuntos Económicos del Departamento de Estado, Caleb Orr, quienes destacaron la necesidad de atraer inversiones y garantizar cadenas de suministro seguras. Desde Washington se subrayó el interés en trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo económico de ambos países en torno a estos recursos estratégicos.
Los minerales críticos —entre ellos litio, galio, zinc o tantalio— son esenciales para la fabricación de tecnologías limpias, dispositivos electrónicos avanzados y sistemas de defensa. Bolivia, que concentra una parte significativa de estos recursos a nivel mundial, se posiciona como un actor relevante en el mercado global. Según datos técnicos, el país alberga 31 de los 38 minerales críticos más demandados, lo que incrementa su valor geopolítico en un contexto donde las principales potencias buscan diversificar sus fuentes de abastecimiento y reducir la dependencia de China, actual líder del sector.
El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para consolidar alianzas internacionales en torno a la explotación y procesamiento de tierras raras, incluyendo pactos similares con países de la región y coordinación con Europa. Esta política apunta a construir una red de suministro más estable y alineada con sus intereses económicos y de seguridad, en un escenario global marcado por la competencia por recursos estratégicos.
Si bien el acuerdo abre oportunidades de inversión y desarrollo para Bolivia, también plantea interrogantes sobre el control soberano de sus recursos naturales y la distribución real de beneficios. La historia regional muestra que este tipo de alianzas puede derivar en esquemas extractivistas con bajo valor agregado local. Además, la urgencia geopolítica de las potencias podría priorizar el acceso rápido a los minerales por encima de estándares ambientales y sociales, lo que exige una vigilancia activa por parte del Estado boliviano y la sociedad civil.
