Acerca de la captura militar de Venezuela, el nuevo mapa continental, y el único camino que no requiere mártires.
por Andrés Escobar
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro de su residencia en el Fuerte Tiuna. Más de 150 aeronaves ejecutaron lo que el Pentágono bautizó como “Operación Resolución Absoluta”. Donald Trump anunció: “Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica”. El anuncio de una estrategia de dominación territorial que replica el modelo imperial estadounidense perfeccionado durante 150 años.
Estados Unidos no invadió Venezuela por narcotráfico ni por derechos humanos, sino por 303,000 millones de barriles de petróleo (17% de las reservas mundiales), 8,000-10,000 toneladas de oro, coltán, gas natural y una posición geográfica que les permite fragmentar el continente. El valor estratégico supera los 2.7 billones de dólares. En el plan, sigue Colombia, a la que Trump amenazó con golpes “en tierra” contra las “rutas del narcotráfico”. Colombia posee 51 millones de toneladas anuales de carbón, depósitos gigantes de cobre sin explotar y conecta geográficamente norte y sur. Su caída cortaría América Latina en dos.
El Sur está siendo cercado. Argentina bajo Milei, Chile con Kast desde marzo de 2026, Perú y Ecuador ya están alineados. Bolivia eligió a Rodrigo Paz, quien dos días después de reunirse con funcionarios estadounidenses firmó el Decreto 5503 que sube combustibles entre 84-162% para los bolivianos mientras garantiza subsidios y “estabilidad jurídica de 15 años” para petroleras extranjeras con contratos sin control parlamentario. El litio boliviano (23 millones de toneladas) queda disponible.
México y Centroamérica, dependientes entre 70-83% del comercio con Washington, quedarán geográficamente atrapados. Sin aliados al sur, sin opciones de diversificación. Las deportaciones masivas (200,000 entre enero-octubre de 2025, 470% menos que Biden) eliminaron disidentes potenciales en territorio estadounidense antes de bombardear poblaciones latinoamericanas.
La guerra de cincuenta años que no quieren ganar
Entre septiembre y diciembre de 2025, Estados Unidos ejecutó al menos 36 ataques contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico, matando a 115 personas. En el primer ataque del 2 de septiembre, fuentes revelaron que el militar estadounidense ejecutó un segundo golpe deliberado para matar sobrevivientes del primero, elevando el total a 11 muertos. La administración Trump declaró al Congreso que Estados Unidos está en “conflicto armado” contra los cárteles de drogas, etiquetando a los muertos como “combatientes ilegales” sin derecho a revisión judicial.
Human Rights Watch documentó que, al 15 de diciembre de 2025, 95 personas habían sido asesinadas en 26 ataques militares reportados. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, declaró que los ataques “violan el derecho internacional de derechos humanos” y constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. El Reino Unido dejó de compartir inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas porque no quiere ser cómplice de ataques que considera ilegales.
Washington invirtió 19,200 millones de dólares anuales durante cinco décadas en la “guerra contra las drogas”. En 2023, la producción mundial de cocaína alcanzó un récord de 3,708 toneladas, 34% más que 2022. El consumo en Estados Unidos involucra a 70.5 millones de personas. Las muertes por sobredosis fueron 87,000 en 2024. NBC, CNN, The Guardian, la Comisión Global sobre Política de Drogas y la ONU coinciden en que es un “fracaso rotundo de un billón de dólares”.
Fracasar durante medio siglo con el presupuesto de una superpotencia no es incompetencia. La “guerra contra las drogas” nunca tuvo como objetivo detener el tráfico. Su función es justificar la presencia militar permanente, con bases en siete países, desplegando portaaviones nucleares y operaciones que casualmente ocurren donde hay petróleo, litio y posiciones geográficas estratégicas.
Mientras Trump bombardea “narcolanchas” sin juicio, su gobierno negocia con la MS-13 en El Salvador. En marzo de 2025, retiró cargos de terrorismo contra César Humberto López-Larios, líder de la MS-13, y lo deportó a El Salvador. Bukele, presentado como “combatiente del crimen”, negoció apoyo electoral de la MS-13 a cambio de privilegios penitenciarios y bloqueo de extradiciones. El 10 de diciembre de 2025, Washington incautó el buque “Skipper” con 1-2 millones de barriles de crudo venezolano en aguas internacionales. Trump dijo: “Supongo que nos quedamos con el petróleo”. Pero Chevron opera joint ventures con PDVSA bajo licencias estadounidenses, generando 3,200 millones de dólares anuales para Maduro. Estados Unidos no se opone al petróleo venezolano. Se opone a que Venezuela lo controle.
Washington ofreció a Milei 20,000 millones de dólares antes de elecciones cruciales, a cambio de alineamiento geopolítico y exclusión de China del litio argentino, cancelando proyectos chinos por 350 millones de dólares, incluyendo un radiotelescopio científico. Estados Unidos importa litio principalmente de Chile (50%) y Argentina (47%). En 2025, la demanda estadounidense de litio para baterías EV alcanzó 80,000 toneladas métricas, un récord histórico. Albemarle proyecta que la demanda global alcanzará 1.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, duplicándose a 3.7 millones para 2030.
El Triángulo del Litio (Bolivia, Argentina, Chile) posee 53% de las reservas mundiales. China controla 80% del refinamiento. La guerra del litio no se pelea con tanques sino con préstamos condicionados, acuerdos comerciales “recíprocos” que favorecen abrumadoramente a Washington, y presión para que gobiernos amigos cancelen contratos con Pekín.
Vivir bajo el modelo extractivista
“Yo no me meto en política. Solo quiero trabajar tranquilo, viajar, vivir bien”. Es la narrativa extendida en las sociedades latinoamericanas, comprensible pero suicida. Cuando Washington “gobierna” Venezuela, no solo afecta a los venezolanos. Cuando presiona a Bolivia para subir combustibles 84% mientras subsidia petroleras extranjeras, no solo sufren los bolivianos.
Argentina bajo Milei registra pobreza en 52,9% de la población, indigencia en 18,1%, inflación acumulada en 2024 de 117,8%, salarios reales cayendo 10% promedio, jubilaciones perdiendo 25% de poder adquisitivo, desempleo en 7,7%, cierre de empresas aumentando 40%. La inversión extranjera prometida (20,000 millones de dólares) está condicionada a resultados electorales y exclusión china. Los recursos comprometidos son litio, cobre y gas de esquisto.
Bolivia bajo el DS 5503 aumentó la gasolina especial 84,21%, la premium 90%, y el diésel 162,32%. Eliminó subsidios para la población, manteniéndolos para petroleras extranjeras. Los contratos tienen “fuerza de ley” sin control parlamentario por 15 años. Perú bajo presión estadounidense exporta 7,000 millones de dólares anuales con dependencia comercial superior al 70%. La represión de protestas sociales en 2023 dejó más de 60 muertos. La pobreza alcanza 27,5% de la población. La minería controlada por extranjeros supera el 80%.
Quien cree que puede “vivir tranquilo” mientras su país negocia soberanía por préstamos del FMI está eligiendo comodidad temporal a cambio de miseria estructural permanente. Cuando suben la gasolina 162% mientras regalan contratos de 15 años a empresas que remiten ganancias a Houston, cuando el salario no alcanza porque la inflación es de 117%, cuando los hijos no tienen futuro porque todos los recursos se van al extranjero, entonces se entiende que “no meterse en política” fue la decisión más política.
El poder invisible de 650 millones
América Latina tiene 650 millones de habitantes frente a 335 millones de estadounidenses. Casi dos a uno. La región exportó 664,000 millones de dólares a Washington en 2024, con México representando 505,900 millones, el 83% de sus exportaciones totales. Pero esta relación comercial oculta una dependencia crítica: Estados Unidos no puede producir localmente o en cantidades suficientes los recursos que América Latina provee.
El 40% de importaciones agrícolas estadounidenses vienen de la región. El 80% de los tomates consumidos en Estados Unidos son mexicanos, el 90% de aguacates también. Entre 60-80% de moras y bayas, 70% de café (Colombia y Brasil), 40% de bananas. México provee además 10% del petróleo estadounidense y 15% del gas natural. Una reducción del 50% de las exportaciones agrícolas durante seis meses generaría inflación de alimentos entre 15-25%, escasez en supermercados en 2-3 semanas y presión política masiva de 60-70 millones de consumidores afectados. El costo económico estimado alcanzaría 150,000 millones de dólares, desencadenando la crisis política en 3-4 meses.
En energía, Venezuela podría producir 4-5 millones de barriles diarios si se normalizara sin intervención. Ecuador produce 475,000 barriles diarios, Colombia 773,000, Brasil 3.5 millones (mayormente exportados a China, pero con capacidad de reorientar). Reducir 30% la exportación energética durante 12 meses aumentaría el precio de la gasolina entre 10-20%, obligaría a las refinerías del Golfo diseñadas para crudo pesado latinoamericano a operar al 60-70% de capacidad, generaría inflación energética entre 8-12% y presionaría las reservas estratégicas. El costo económico sería de 200,000 millones de dólares.
América Latina posee aproximadamente 60% de las reservas mundiales de litio y produce 46% del cobre global. Chile y Perú lideran con 40% de la producción mundial de cobre. El Triángulo del Litio (Bolivia, Argentina, Chile) controla 49,6% de los recursos globales, con Chile y Argentina produciendo 32% de la oferta mundial actual. Estados Unidos produce apenas 40,000 toneladas anuales de litio e importa 95%, mientras su necesidad proyectada para 2030 es entre 150,000-200,000 toneladas anuales.
El cobre es crítico para la energía verde, vehículos eléctricos y cableado de centros de datos de IA. China controla 70% de la producción global y más del 85% de la capacidad mundial de procesamiento de materiales críticos. Un cartel del litio coordinado entre Bolivia, Argentina, Chile y Perú estableciendo un precio mínimo de 40,000 dólares por tonelada (hoy va de 12,000 a 15,000), prohibiendo ventas a países que practican la coerción militar, reduciendo 40% las exportaciones de cobre y exigiendo procesamiento local paralizaría 70-80% de la industria estadounidense de vehículos eléctricos en 12-18 meses, aumentaría 300-500% el precio de baterías, generaría escasez de componentes críticos para tecnología, retrasaría 3-5 años proyectos de infraestructura de IA y reduciría 30-40% la producción de armamentos. El costo económico estimado va de 500,000 millones a un billón de dólares en 18 meses.
A diferencia de los alimentos con impacto en semanas, los minerales tienen efecto acumulativo. Los inventarios actuales de litio y cobre procesado duran 4-6 meses. Después, la industria colapsa. Y a diferencia del petróleo que puede sustituirse parcialmente, no hay sustituto para el litio en baterías ni para el cobre en electrónica.
México exporta más de 140,000 millones de dólares en autopartes y vehículos a Estados Unidos. El 40% de las autopartes estadounidenses vienen de México. La integración de cadenas de suministro significa que un auto “estadounidense” tiene 30-40% de contenido mexicano. Reducir 50% la exportación automotriz mexicana durante seis meses generaría paros en manufactura estadounidense en 3-4 semanas por falta de componentes, aumentaría 15-25% el precio de vehículos nuevos (3,000-5,000 dólares por unidad) y produciría desempleo de 150,000-200,000 puestos con efecto cascada en ventas, distribución y servicios.
Resistencia sin violencia: la historia como guía.
La resistencia sin violencia ha derrotado a los imperios más poderosos. Gandhi lideró el boicot masivo de productos británicos. La Marcha de la Sal de 1930 desafió el monopolio británico sobre una mercancía básica. El textil indiano dejó de exportarse a fábricas británicas mientras los indios tejían su propia ropa en el movimiento khadi. El Imperio Británico, que controlaba 25% del mundo, perdió su “joya de la corona” sin disparar un tiro.
Mandela y el ANC promovieron el boicot internacional contra productos sudafricanos. Empresas multinacionales fueron presionadas para desinvertir. El régimen del apartheid colapsó no por violencia militar sino por aislamiento económico. El boicot de autobuses en Montgomery, Alabama, liderado por Rosa Parks y Martin Luther King Jr., paralizó el sistema de transporte público. La empresa perdió 65% de ingresos y en 381 días la segregación en autobuses fue declarada inconstitucional.
Un imperio puede resistir balas, pero no que 650 millones de personas dejen de comprar sus productos y enviarle recursos. Sin embargo, un boicot improvisado, emocional y sin coordinación fracasa en 3-6 meses. Un boicot estratégico con objetivos claros, temporalidad definida y alternativas preparadas quiebra imperios.
Gandhi no solo predicó el boicot a los textiles británicos. Antes de implementarlo, enseñó a millones de indios a tejer. Antes de boicotear la sal británica, organizó la producción local. Para América Latina esto significa construir infraestructura de sustitución antes del boicot. El comercio intra-regional actualmente es 13% del total comparado con 63% en Europa y 52% en Asia. La meta debe ser alcanzar 35% en 18 meses. Acuerdos con China, la Unión Europea e India pueden redirigir 40-50% de las exportaciones actuales a Estados Unidos hacia nuevos mercados. La manufactura regional de productos actualmente importados desde Washington debe producirse localmente o importarse de aliados no coercitivos.
Organización ciudadana sin gobiernos
El obstáculo mayor es la coordinación política regional. Gobiernos como los de Milei en Argentina, Paz en Bolivia, y desde marzo, Kast en Chile, están alineados con Washington. Pero Brasil bajo Lula condenó la captura de Maduro. México bajo Sheinbaum tiene poder económico real. Colombia bajo Petro está distanciándose. Las poblaciones mayoritarias en Argentina, Chile, Bolivia y Perú rechazan la intervención. La estrategia no es esperar la acción de los gobiernos, sino organizar desde abajo la presión ciudadana transnacional.
¿Cómo funcionar sin gobiernos? Veinte millones de consumidores latinoamericanos (3% de la población) dejando de comprar productos estadounidenses durante 12 meses afectarían empresas críticas: Apple con 150,000 millones de dólares en ventas anuales en América Latina, Microsoft con 80,000 millones, Coca-Cola y PepsiCo con 40,000 millones, McDonald’s y Starbucks con 25,000 millones, Netflix y Disney+ con 15,000 millones, Amazon con 50,000 millones. El impacto sería una caída de ingresos entre 8-15%, valoraciones bursátiles cayendo 800,000 millones de dólares y presión política masiva sobre Washington porque estas empresas tienen lobbies poderosos.
Coordinación descentralizada mediante: Redes sociales y plataformas digitales (el Fediverso es una opción) estableciendo listas verificadas de productos objetivo, alternativas disponibles y seguimiento de adhesión. Organizaciones de la sociedad civil transnacionales coordinando campañas simultáneas en múltiples países sin intervención estatal. Sindicatos y asociaciones de productores negociando directamente la reorientación de ventas hacia mercados alternativos (China, UE, India) sin necesidad de acuerdos formales gubernamentales. Cooperativas agrícolas, mineras y energéticas estableciendo contactos comerciales directos con compradores no estadounidenses.
Gobiernos favorables (Brasil bajo Lula, México bajo Sheinbaum, Colombia bajo Petro) facilitan sin liderar: No bloquean iniciativas ciudadanas, mantienen canales comerciales con alternativas (China, UE, India), no reprimen la organización transnacional. Pero el boicot no depende de ellos. Las poblaciones mayoritarias en Argentina, Chile, Bolivia y Perú rechazan la intervención. La organización ciudadana ocurre incluso bajo gobiernos hostiles mediante estructuras descentralizadas imposibles de reprimir completamente.
Alternativas preparadas previamente: Tecnología de marcas chinas (Xiaomi, Huawei), coreanas (Samsung) y europeas. Alimentos de producción local, brasileña y argentina. Plataformas regionales y europeas de streaming. Comercio mediante plataformas digitales sin accionistas estadounidenses.
Gobiernos pueden, si quieren, amplificar: La coordinación entre México, Brasil, Colombia y Argentina reduciendo 40% las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos y redirigiéndolas hacia China, UE e India generaría una inflación de alimentos estadounidense entre 12-18%, escasez en supermercados en 4-6 semanas, y crisis política durante las elecciones de medio término en 2026. La coordinación energética entre México, Colombia y Ecuador reduciendo 25% las exportaciones de petróleo y gas, con venta preferencial a China, India y UE, aumentaría el precio de la gasolina entre 0.75-1.25 dólares por galón, obligaría a las refinerías del Golfo a operar al 70-75% de capacidad y presionaría las reservas estratégicas. El cartel del litio entre Bolivia, Argentina, Chile y Perú prohibiendo ventas a países practicantes de coerción militar y reduciendo 40% las exportaciones de cobre, paralizaría 70-80% de la industria estadounidense de vehículos eléctricos, generaría escasez de componentes críticos para tecnología e IA, y reduciría en 30-40% la producción de armamentos.
Pero incluso sin acción gubernamental coordinada, el boicot ciudadano transnacional de 20-30 millones de consumidores, al que pueden sumarse millones de estadounidenses, sobre todo los que tienen origen latinoamericano y afrodescendiente, generaría la presión suficiente para colapsar las valoraciones bursátiles, forzar a lobbies corporativos a presionar a Washington y desencadenar una crisis política interna estadounidense. La clave es que la organización sea horizontal, descentralizada y sostenida durante 12-18 meses.
Empresas que colapsan ExxonMobil depende de América Latina para 22% de su producción total. La pérdida del 50% de operaciones durante 24 meses costaría entre 40,000-60,000 millones de dólares. Con una deuda actual de 40,000 millones, el plazo hasta la quiebra es 18-24 meses. Chevron depende de América Latina para 25% de su producción. Venezuela específicamente genera 3,200 millones anuales. La pérdida combinada sería de 15,000-20,000 millones anuales. Crisis en 12-18 meses.
Citigroup obtiene 15% de ingresos de América Latina, equivalente a 12,000 millones anuales. Procesa más de 50,000 millones en remesas anuales. La pérdida del 60% de operaciones costaría 7,000-10,000 millones anuales. El plazo hasta la crisis es de 6-12 meses, considerando capitalización delgada post-2008. Coca-Cola obtiene 12% de ventas globales en América Latina, equivalente a 5,000 millones anuales. La pérdida del 70% del mercado durante 18 meses costaría 5,250 millones. El daño permanente por pérdida de participación de mercado ocurre en 12 meses porque recuperarla es difícil.
Boeing Defensa vende 15,000 millones anuales en América Latina. La pérdida del 80% de contratos costaría 12,000 millones anuales. El plazo hasta la crisis es de 18-24 meses considerando márgenes delgados en el sector defensa. Apple con ventas anuales de 150,000 millones en América Latina enfrentando boicot del 30% de consumidores durante 12 meses perdería 45,000 millones con valoración bursátil cayendo entre 300,000-500,000 millones por expectativas futuras. La presión en Wall Street ocurre en 3-6 meses, antes de los resultados fiscales.
Las pérdidas directas totales serían entre 150,000-200,000 millones anuales. Las pérdidas en valoraciones bursátiles superarían dos billones de dólares en 12-18 meses. Cuando Washington enfrente una inflación del 10-15%, desempleo del 7-8%, industrias críticas paralizadas y presión política interna masiva, entonces negociará.
Términos no negociables Retirada militar completa de Venezuela, Colombia y las bases regionales. Eliminación de sanciones unilaterales. Compensación por daños de intervención militar. Acuerdo comercial justo eliminando subsidios agrícolas estadounidenses que distorsionan mercados, garantizando acceso sin aranceles para productos latinoamericanos, transfiriendo tecnología para procesamiento de minerales en lugar de solo extracción, estableciendo precios justos para recursos, eliminando la competencia desleal y el dumping. Respeto a la soberanía terminando operaciones unilaterales de la DEA, cesando la presión para excluir la inversión china, y reconociendo el derecho a las alianzas con cualquier país.
La encrucijada América Latina enfrenta una elección definitoria. Aceptar la fragmentación con Venezuela bajo control militar estadounidense, Colombia probablemente siguiente, Bolivia, Argentina, Chile y Perú con gobiernos alineados, México y Centroamérica cercados, recursos fluyendo hacia Houston mientras las poblaciones se empobrecen y las generaciones futuras viven en estados vasallos. O emprender la resistencia coordinada mediante un boicot comercial estratégico, con integración regional profunda, alianzas con potencias alternativas (China, Unión Europea, India, Rusia), control soberano de los recursos, procesamiento local con valor agregado y futuro donde los hijos heredan riqueza en lugar de deuda.
La decisión no la tomarán nuestros gobiernos. Milei, Paz y Kast ya eligieron. La decisión la tomarán 650 millones de ciudadanos que pueden, si se organizan, detener un imperio sin disparar un tiro. Gandhi liberó India con sal y textiles. América Latina tiene litio, cobre, petróleo, alimentos, 650 millones de consumidores y una geografía que Estados Unidos no puede ocupar militarmente sin colapsar económicamente.
El boicot comercial coordinado es la forma más pacífica de resistencia. También es la más efectiva. Washington puede bombardear Caracas. Puede capturar presidentes. Puede desplegar portaaviones. Pero no puede obligar a 650 millones de personas a comprar sus productos, a enviarle litio, a subsidiar su imperio con nuestros recursos. La soberanía no se mendiga. Se construye. Un boicot a la vez. Un producto a la vez. Una decisión a la vez.
