La crisis venezolana suele abordarse desde una falsa dicotomía: o se trata de una operación heroica destinada a restaurar la democracia, o de una violación brutal del derecho internacional perpetrada por una potencia imperial. Ambas lecturas comparten una misma limitación: evitan mirar el poder tal como realmente opera. Lo ocurrido en Venezuela no fue un acto improvisado ni una decisión unilateral. Fue un intercambio político cuidadosamente pactado, en el que ambas partes obtuvieron beneficios concretos: petróleo por poder.
La operación de Estados Unidos que culminó con el arresto de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores —que incluyó el ingreso de más de 150 aeronaves al espacio aéreo venezolano, bombardeos selectivos y un número acotado de víctimas— solo puede entenderse desde una premisa incómoda: existió un pacto entre Estados Unidos y autoridades del interior del propio régimen. Ninguna operación de esa magnitud se ejecuta con tal nivel de precisión sin acuerdos previos con actores clave del poder chavista.
A pesar de las reiteradas amenazas de Maduro, las Fuerzas Armadas venezolanas no ofrecieron resistencia alguna. No se activaron defensas, no hubo reacción coordinada ni movilización militar. Más aún: la custodia inmediata del mandatario estaba compuesta mayoritariamente por personal cubano, confirmando un hecho largamente sabido pero pocas veces asumido: Maduro no confiaba ni en su entorno político ni en sus propias Fuerzas Armadas. Ese dato no es anecdótico; es estructural.
Si la tesis del “secuestro” presidencial fuera real, cabría esperar una respuesta política y militar proporcional. Pero no ocurrió. Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura clave del aparato chavista, no activó bases políticas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tampoco movió tropas ni disparó misiles. Y Delcy Rodríguez, asumida como vicepresidenta a cargo, emitió un discurso formal de condena que distó mucho del tono de una líder a quien le han capturado al presidente y violentado la soberanía nacional.
Nada fue disruptivo. Nada fue desesperado. Todo fue contenido.
Aquí aparece el elemento decisivo: Delcy Rodríguez no es solo vicepresidenta; es la figura que controla la economía y el petróleo venezolano. Estaba, por tanto, en condiciones reales de sentar las bases de un acuerdo de beneficio mutuo, más aún cuando el principal —y casi único— interés del presidente Donald Trump ha sido explicitado sin ambigüedades: el petróleo. Los trascendidos indican que estas conversaciones habrían contado con la intermediación de Qatar, actor habitual en acuerdos donde confluyen energía, geopolítica y supervivencia política.
Aquí la izquierda vuelve a quedar atrapada en el marco cómodo del imperialismo. Denuncia —con razón, y comparto esa denuncia— la violación del derecho internacional, pero se niega a reconocer la responsabilidad activa de las élites autoritarias locales, que hace tiempo entendieron que el ciclo de Maduro se agotó definitivamente con el desconocimiento del resultado electoral de 2024.
La discusión pública se concentra en si esta operación pone en riesgo el orden internacional. Es una pregunta legítima, pero incompleta. El verdadero riesgo es la normalización de pactos opacos que se presentan como gestas unilaterales, en los que se transa acceso a materias primas indispensables para el desarrollo económico de las potencias, mientras los actores internos conservan poder y acceso a rentas estratégicas, sin consideración alguna por el derecho internacional ni por la dignidad humana y sus derechos.
Este modelo ya lo vimos en numerosos países africanos durante los procesos de descolonización, y persiste hasta hoy. Lo verdaderamente sorprendente es no haberlo visto con esta claridad en América Latina.
Con la evidencia a la vista, negar lo ocurrido resulta revelador. Fue un cambalache: petróleo a cambio de poder.
