Extractivismo global, resistencia local
(2000 a 2025)
El siglo XXI comenzó para el Perú con el mismo viejo contrato no escrito: el subsuelo y la selva siguen siendo moneda de cambio para sostener la economía. En el discurso oficial se hablaba de “modernización productiva” y “apertura a la inversión extranjera”. En la práctica se trataba de la continuidad del modelo extractivo, perfeccionado por el neoliberalismo de los años 90, pero ahora con más actores globales, más tecnología y una presión internacional inédita por recursos estratégicos.
Minería: cifras récord, conflictos récord
Entre 2000 y 2025 la minería peruana duplicó su producción de cobre y triplicó sus exportaciones de oro. Minas como Yanacocha, Antamina, Las Bambas y Cerro Verde convirtieron al país en el segundo productor mundial de cobre y uno de los diez primeros en oro y plata. Las utilidades declaradas superaron los 250 mil millones de dólares en este periodo, pero más del 70% fue a parar a empresas extranjeras.
El oro al contado alcanzó cifras históricas: entre 2000 y 2025 se extrajeron más de 1.600 toneladas, con un valor actual superior a 100 mil millones de dólares. La plata, más de 40 mil toneladas, superó los 30 mil millones. El cobre, verdadero motor exportador, generó ingresos cercanos a 200 mil millones. Sin embargo, las comunidades en Cajamarca, Apurímac, Cusco y Arequipa siguieron con los mismos problemas de acceso a agua potable, infraestructura deficiente y altos índices de anemia infantil.
Cada gran proyecto minero trajo consigo un conflicto socioambiental. Entre 2000 y 2025 la Defensoría del Pueblo registró más de 1.500 conflictos vinculados a minería y energía, de los cuales más del 60% permanecen sin solución definitiva. Conga, Tía María y Las Bambas se convirtieron en símbolos nacionales de la disputa entre el “crecimiento” y la defensa del territorio.
Petróleo y gas: ingresos que no llegan
La Amazonía peruana siguió siendo un objetivo petrolero y gasífero. El proyecto Camisea en Cusco, inició operaciones en 2004 con la promesa de transformar la matriz energética y llevar desarrollo a las regiones. Hoy el gas natural representa más del 40% del consumo energético interno pero la mayor parte de las ganancias se concentra en consorcios privados y exportaciones a México y otros mercados.
En Loreto y Ucayali la extracción petrolera dejó un saldo de más de 2 mil sitios contaminados por derrames, según OEFA y organizaciones indígenas. Comunidades kukama, asháninka, shipibo-conibo y achuar han denunciado por décadas la contaminación de ríos y suelos sin que las empresas ni el Estado realicen una remediación efectiva.
Agroexportación: crecimiento con desigualdad
El boom agroexportador convirtió a la costa peruana en un enorme corredor de producción intensiva de espárragos, arándanos, paltas y uvas. Entre 2000 y 2025 las exportaciones agrícolas no tradicionales crecieron más de 600%, alcanzando un valor anual de 9 mil millones de dólares. Pero detrás de este éxito macroeconómico se esconden la sobreexplotación de acuíferos, el uso masivo de agroquímicos y condiciones laborales precarias, con salarios bajos y contratos temporales que afectan a decenas de miles de trabajadores.
Piura, Ica y La Libertad se han convertido en epicentros de disputa por el agua donde comunidades rurales y pequeños agricultores acusan a las agroexportadoras de acaparar el recurso en detrimento del consumo humano y la agricultura de subsistencia.
Amazonía: frontera de saqueo y resistencia
La Amazonía peruana sufrió un avance inédito de la deforestación. Entre 2000 y 2025 se perdieron más de 2,3 millones de hectáreas de bosque principalmente por minería ilegal de oro, agricultura extensiva y expansión de carreteras. Madre de Dios es el caso más dramático: la minería aurífera ilegal ha destruido ecosistemas enteros, envenenando con mercurio a comunidades enteras y a la fauna acuática.
Organizaciones como AIDESEP y la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Lorenzo han liderado protestas y bloqueos para frenar concesiones sin consulta previa pero el avance de madereros, mineros ilegales y narcotráfico ha superado en muchas zonas la capacidad del Estado.
El costo humano del extractivismo
En este periodo el Perú experimentó un retroceso demográfico indígena en algunas regiones debido a la presión extractiva, migración forzada y contaminación. Aunque el censo de 2017 registró 5,9 millones de personas que se autoidentifican como indígenas (aprox. 26% de la población), líderes comunitarios denuncian que estas cifras ocultan la pérdida de comunidades enteras, especialmente en zonas amazónicas.
La contaminación por metales pesados afecta a más de 10 millones de personas, según informes de la Defensoría del Pueblo, y la esperanza de vida en varias provincias mineras es hasta 8 años menor que el promedio nacional.
Cifras de exterminio humano – 2000 a 2025
• Población indígena inicial estimada en el año 2000: 7,5–8 millones.
• Pueblos y etnias principales afectadas: quechua, aymara, asháninka, shipibo-conibo, awajún, wampis, kukama, achuar, harakbut, matsigenka, yine, bora, secoya, urarina, cashinahua.
• Muertes directas e indirectas vinculadas al extractivismo y conflictos socioambientales: entre 25.000 y 40.000 personas (incluye violencia en protestas, enfermedades relacionadas con contaminación y desnutrición agravada).
• Supervivencia al 2025: 6–6,5 millones de personas indígenas con al menos un 20% viviendo en territorios amenazados o fragmentados.
La paradoja del Perú en este inicio de siglo es que nunca produjo y exportó tanto pero nunca estuvo tan en riesgo su soberanía territorial y cultural. El extractivismo global, con nuevos inversionistas y viejos métodos, sigue enfrentando a comunidades que defienden agua, bosque y subsuelo como la última frontera de resistencia.
