En Oaxaca se enfrentan dos realidades de la minería: Por un lado están los enormes ingresos de las empresas mineras y por el otro lado las comunidades indígenas que reciben poco o nada de los beneficios, pero padecen las afectaciones socioambientales, la división comunitaria y un legado de degradación ambiental.
Actualmente, el avance de las actividades mineras que existía hace unos años parece haberse detenido, sobre todo gracias a la eficaz resistencia organizada de las comunidades.
Según informaciones del gobierno mexicano existen al menos 261 licencias mineras vigentes en Oaxaca, de las cuales alrededor del 30% están en manos de empresas extranjeras. Entre ellas hay empresas de Estados Unidos, Perú, Canadá, Suiza y Luxemburgo. En Oaxaca se registran actualmente 42 proyectos mineros de los cuales la mayoría se encuentran en fase de exploración y desarrollo, la mayoría de empresas extranjeras (Gobierno de México, 2025b).
Actualmente hay tres minas en explotación: Las minas Arista y Alta Gracia, en el municipio de San Pedro Totolapam, propiedad de Don David Gold Mine, filial de la estadounidense Gold Resource Corp (Gold Resource Corp, 2025) y la mina San José, en San José del Progreso, por Minera Cuzcatlán, propiedad de la peruana JRC Ingeniería y Construcción desde principios de 2025 y anteriormente de la canadiense Fortuna Mining Corp. (Fortuna Mining Corp., 2025b).
Los tres proyectos mineros activos están ubicados en los Valles Centrales de Oaxaca y extraen principalmente oro y plata. Desde 2010, las dos empresas han vendido metales por un valor total de 3,400 millones de dólares, (64,7 mil millones de pesos mexicanos). En promedio, la explotación de minerales les dió ingresos anuales de 226 millones de dólares (equivalente a 4,3 mil millones de pesos mexicanos) o 4.35 millones de dólares (equivalente a 83 millones de pesos mexicanos) a la semana (Gold Resource Corp., 2025b, Fortuna Mining Corp., 2025c).
Últimamente, las empresas mineras han podido aprovechar un fuerte aumento de los precios de las materias primas en la bolsa, ya que los precios del oro y la plata casi se duplicaron en los últimos cinco años (Investing, 2025a y b).
Promesas incumplidas: Pobreza, división social y violencia en los territorios
Sin embargo, estas enormes sumas no se quedan en Oaxaca ni en las comunidades locales, sino que se van al extranjero. Las comunidades cargan con las consecuencias negativas sin recibir nada de los beneficios. En Oaxaca, las empresas mineras se encuentran con comunidades indígenas y rurales que viven de la agricultura, afectadas por la pobreza. La empresa canadiense Fortuna Mining Corp. se asentó en comunidades muy pobres durante la construcción de la mina San José, con casi un 84% viviendo en la pobreza y un 43,5% en la pobreza extrema en 2010 (EDUCA, 2022, p.73-74). Los niveles de pobreza y pobreza extrema en la región fueron argumentos importantes de las autoridades federales y la empresa minera para implementar el proyecto minero San José, sin embargo, la promesa no se ha materializado años después ya que la pobreza extrema solamente disminuyó casi una tercera parte y la pobreza moderada se mantuvo en un alto nivel. Lo mismo sucede con los municipios vecinos de San José del Progreso (Gobierno de México, 2025a).
En San José del Progreso, la empresa minera aprovechó que el gobierno municipal y agrario era disfuncional y así se expandió en el territorio ejidal de San José del Progreso. Además de la irrupción de la empresa minera en el ejido, se generó un proceso de división comunitaria y rompimiento del tejido social. En enfrentamientos, policías estatales detuvieron a opositores al proyecto, además, dos autoridades locales fueron asesinados en 2010 y en 2012, dos defensores de la comunidad fueron víctimas de asesinatos impunes (EDUCA, 2022, p.83).
Las y los defensores comunitarios se enfrentan a ataques e intimidaciones, pero no reciben apoyo por parte del estado, por lo que los asesinatos permanecen impunes y las defensoras y los defensores comunitarios en mayor vulnerabilidad. Durante años, se ha presionado a las comunidades vecinas de la mina para que vendieran sus tierras a la empresa para que el proyecto pudiera seguir expandiéndose. También se patrocinó una campaña electoral para colocar en puestos una persona afín a la mina (Minuta de la Reunión, 2021). Además, se convocaron consultas en las que la empresa, junto con las autoridades federales, ejercieron presión en la comunidad de Magdalena Ocotlán para aprobar la expansión de la empresa en otros territorios (Comunidad de Magdalena Ocotlán, 2016).
Los datos relacionados con la pobreza y pobreza extrema se mantienen en nivel alto y muy alto en la región donde el proyecto minero debería impactar directamente en materia económica y de calidad de vida. El proyecto minero no ha contribuido al desarrollo social de la región, por el contrario, ha generado una fuerte polarización social en la comunidad de San José del Progreso (EDUCA, 2022).
Una vez que se ha establecido una empresa minera, es sumamente difícil impedir el avance de un proyecto minero. Un ejemplo es la mina histórica de Natividad, en el territorio de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte. Esta mina ha seguido funcionando ilegalmente durante muchos años, incluso después de su cierre y frente a la resistencia. O el proyecto minero de San José: A pesar de los problemas previsibles, las violaciones de la las normas medioambientales y laborales o las violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos, seguía trabajando (EDUCA, 2025a). Después de 13 años de explotación de la mina, la Fortuna Mining Corp. vendió su filial mexicana a la empresa minera peruana JRC Ingeniería y Construcción (EDUCA, 2025a). Esto no sólo libera a la empresa de una mina menos rentable, sino sobre todo de los costes de seguimiento del cierre de una mina y de la responsabilidad del almacenamiento seguro de las enormes cantidades de residuos mineros que se han acumulado a lo largo de los años. Aunque finalmente se cerrará la mina, su impacto se dejará sentir en las comunidades vecinas durante décadas.
Instituciones débiles: El Estado no protege los derechos de las comunidades
En los últimos años, el Estado argumentó que se reformaron varias leyes destinadas a fortalecer a las comunidades indígenas y sus derechos. Sin embargo, la reforma indígena y la ley minera excluyeron deliberadamente el derecho fundamental al territorio y el derecho sobre los recursos naturales, que es especialmente importante en el contexto de la minería y la explotación de recursos naturales (EDUCA, 2024b). Sin embargo, las intenciones declaradas de las reformas no se reflejan en la realidad (EDUCA, 2024c). Por un lado, porque el Estado suaviza las reformas en áreas clave de tal manera que no producen ningún cambio y, por otro lado, porque el Estado tiene un gran déficit de aplicación. Si un Estado no puede hacer cumplir sus leyes de forma coherente, ni siquiera la mejor ley sirve para nada.
Tal fue el caso de la mina San José, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emitió primero una prórroga de 12 años a su Manifestación de Impacto Ambiental, la cual fue acortada a dos años poco tiempo después, desencadenando una disputa legal entre Fortuna Mining Corp. y la autoridad que duró varios años, y que ganó la empresa (El Universal Oaxaca, 2023; Fortuna Mining Corp., 2025a).
Otra debilidad del Estado expone la explotación ilegal de minas en la Mixteca o en la Sierra Norte de Oaxaca. En Natividad, la minería se ha llevado a cabo sin autorización durante muchos años e incluso después de que la SEMARNAT cerrara la mina en 2017 y 2024, la Minera Natividad continuó su actividad (EDUCA, 2024a). Esto ha provocado graves daños ambientales como la contaminación con plomo y arsénico del Río Grande y la pérdida de 13 manantiales en los alrededores (EDUCA, 2020a). La comunidad de Capulálpam de Méndez lleva años resistiendo la operación ilegal. Esto provoca repetidos enfrentamientos con los trabajadores de la mina ilegal, que cuentan con el apoyo de la policía de Natividad y que intentan intimidar a las autoridades de Capulálpam (EDUCA, 2024a). Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han logrado detener las actividades mineras, y su operación continua y daños quedan impunes.
A pesar del “gran potencial” para las empresas mineras en Oaxaca, anunciado reiteradamente en revistas y congresos mineros, en los últimos años no ha habido más expansión del sector minero. Esto se debe, por una parte, a la exitosa resistencia organizada de las comunidades y al incierto entorno de inversión desde el punto de vista de las empresas.
Aunque la ley minera no se note en las zonas ya afectadas, sí repercute en los cálculos para futuros proyectos mineros. A raíz de la reforma, la minería ha perdido su estatus especial frente a la agricultura, el manejo forestal sostenible o el turismo y ya no se ve favorecida automáticamente frente a las demás. El Estado puede cancelar las concesiones de las empresas si violan las normas medioambientales o los derechos de los trabajadores. También se prohíbe la minería en regiones con escasez de agua y zonas protegidas, y se da prioridad al abastecimiento de agua para la población. Además, las comunidades deben participar en los beneficios y recibir el 5% de los beneficios de la explotación (Maxwell Radwin, 2023). La cuestión es hasta qué punto se aplicará la legislación en los casos específicos, ya que en recientes declaraciones el Secretario de Economía Marcelo Ebrard manifestó el impulso de la minería en el norte del país aún cuando esta región cuenta con un déficit importante de agua.
Organización comunitaria, amparos y declaratorias: Instrumentos que protegen los territorios frente al avance de la minería
La inversión siempre va asociada a elevados gastos de capital y riesgos. A pesar de las enormes cifras de ventas, las operaciones de Don David Gold Mine en Oaxaca arrojan pérdidas (Gold Resource Corp., 2025a). Otro factor importante en la realización de proyectos mineros son las concesiones mineras que en México otorgan derechos exclusivos de exploración y explotación de los minerales ubicados en las concesiones, pero no incluyen derechos de superficie sobre los bienes inmuebles, lo que requiere que la compañía negocie los acuerdos necesarios con los propietarios de la superficie. Muchas de las propiedades mineras están sujetas al sistema de ejidos, lo que obliga a la empresa a celebrar contratos con las comunidades locales que rodean las propiedades para obtener los derechos de superficie de los terrenos necesarios en relación con las actividades de exploración minera (Gold Resource Corp., 2025a).
La resistencia organizada de las comunidades se ha demostrado muy eficaz. En la gran mayoría de casos, desde los Chimalapas hasta la Sierra Norte y la Mixteca, y también en las comunidades vecinas de los proyectos mineros de Valles Centrales, negaron a las empresas mineras el acceso a sus territorios.
Mediante la firma de declaraciones de territorios prohibidos para la minería, registrados ante el RAN, las comunidades negaron a las empresas extractivas el acceso a sus territorios. De este modo, las comunidades organizadas en el “Frente contra la Minería, por un Futuro para Todas y Todos” impidieron la expansión de la mina San José, ya que un anillo de comunidades vecinas le prohibió a la empresa minera utilizar y comprar sus tierras.
La vía legal también es un medio para combatir la expansión ilegal de las minas. En 2020, la comunidad de San Pedro Quiatoni interpuso un amparo y logró que la empresa Don David Gold desistiera de sus actividades mineras ilegales en el territorio de la comunidad (EDUCA, 2020b).
Actualmente, un obstáculo considerable que dificulta la difusión de información y la investigación de la minería en Oaxaca es el difícil acceso a la información pública. Con la supresión del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya no se tramitan las solicitudes de información y se ha formado un vacío institucional que anteriormente obligaba al Estado a entregar información. La información que se puede encontrar en los sitios web del Estado muchas veces no está actualizada y no es posible reconocer la fecha de la que proviene. Esto provoca una base de datos insegura para la investigación y dificulta el registro preciso de la situación actual violentando con ello el derecho al acceso a la información pública.
Gracias a los incansables esfuerzos de aproximadamente 60 comunidades, el avance del extractivismo en Oaxaca se ha frenado en los últimos años; pero la amenaza persiste en territorios de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco, afromexicano, además de comunidades campesinas (Juicio Popular, 2018). Esto se debe a que Oaxaca es una región rica en materias primas, en la que aún existen cientos de concesiones mineras en vigor. La situación exige comunidades atentas y organizadas, pero también un Estado que respete y aplique las leyes. Comunidades como San Pedro Quiatoni, Capulálpam de Méndez o comunidades de Valles Centrales siguen en su lucha pacífica, política y jurídica promoviendo asambleas comunitarias, consultas, denuncias públicas y amparos contra la minería en sus comunidades y regiones. Observaremos con atención el papel del poder judicial y sus alcances frente a las últimas reformas. Es decir, si respetan el derecho de las comunidades a su autonomía o, como ha sucedido históricamente, fortalecen la inversión privada ante de los derechos fundamentales.
Descargar informe: Panorama minero en Oaxaca: entre la resistencia comunitaria, las reformas legales y la voracidad empresarial
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