¿La lucha Anticorrupción ya fue? Una campaña de desprestigio más, a la que nos tienen acostumbrados los que se creen inmunes -e impunes- hoy tiene por objetivo arrasar con los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, para descabezar el proceso contra Keiko Fujimori (quien es investigada por el delito de lavado de activos) y lograr la impunidad.

El motivo: el ex asesor Jaime Villanueva, quien hasta hace poco formaba parte del círculo de confianza de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides (hoy investigada por el delito de organización criminal y tráfico de influencias) los acusa de haber entregado información reservada al periodista Gustavo Gorriti, de IDL Reporteros, sobre la investigación al expresidente Alan García.

La intención es tan obvia que ya se escuchan pedidos de «reforma del Poder Judicial» y «cambio de fiscales»  por congresistas fujimoristas y apristas que reclaman «justicia» y que preparan denuncia penal contra los fiscales emblemáticos de la lucha anticorrupción. Piden además que estos sean separados del Ministerio Público mientras dure la investigación del ex asesor, lo que afectaría directamente el juicio oral contra Keiko Fujimori por lavado de activos en el caso cócteles (por pagos de empresarios a su campaña).

La permanente campaña de desprestigio contra los fiscales alcanza también al periodista de investigación Gustavo Gorriti, quien pese a las difamaciones, ha sido respaldado por diversos sectores del país. En un comunicado público el IDL denunció la campaña en contra de Gorriti por mafias que buscan bloquear sus propias investigaciones, en clara amenaza contra la libertad de expresión y el periodismo de investigación. Lo que se pretendería es confundir a la opinión pública, desprestigiar al periodismo de investigación y retirar a los fiscales Vela y Perez de la investigación contra Keiko Fujimori, señala el comunicado.

Al cierre de edición, se confirmó que el Ministerio Público ya abrió una investigación preliminar contra varios funcionarios públicos como el exfiscal de la Nación y actual fiscal supremo, Pablo Sánchez, y Rafael Vela, fiscal superior coordinador del equipo especial Lava Jato y fiscal superior coordinador nacional de lavado de activos, quien quedaría temporalmente suspendido en sus funciones.

Cabe señalar que, en diciembre de 2018, el Perú ya experimentó un primer intento por remover de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y el fiscal José Domingo Perez por “una sobre exposición del caso”, el cual fue rechazado por la ciudadanía con sendas manifestaciones que presionaron hasta restituirlos.

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