En estas fiestas de Carnaval se cumple un mes del ‘estado de excepción’ en Ecuador, tiempo en que escaló de la violencia extrema, desatada por el crimen organizado, al ‘conflicto armado’ declarado por el Gobierno del presidente Noboa, pasando el país a convertirse en un escenario en la disputa geopolítica global por el control de los territorios de América Latina y de sus recursos naturales.

Del temor generalizado de los últimos años, la población ha concedido lugar al Estado militarizado, apostando a recibir respuestas a su profunda necesidad de paz.
Mientras los grandes medios mantienen a la población con la telenovela de la guerra, el Gobierno ha logrado profundizar la neoliberalización de la economía, con la aprobación por parte de la Asamblea de dos leyes de urgencia favorables a los grandes grupos económicos en pro de la privatización y el extractivismo, acompañada de exenciones tributarias, explica Alberto Acosta ex Presidente de la Asamblea Constituyente.

Pero, además, el Gobierno ha copado la agenda política con la necesidad de financiar la guerra con la elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, poniendo sobre los hombros de la población este impuesto indirecto y presionando a la Asamblea su aprobación, bajo la circunstancia de la crisis económica. Sin embargo, se ha expuesto claramente en el debate público que bien podría financiarse con el pago de las grandes deudas de impuestos al Estado, que alcanzaron el 30 de enero pasado, el récord histórico de tres mil ochocientos millones de dólares, donde la empresa de la familia del Presidente lidera la lista de las deudas en firme, según muestra Jonathan Báez (@jbaezValencia).

La realidad económica del Ecuador es compleja puesto que, incluyendo la banca, está profundamente infiltrada por los narco dólares. Expertos en la materia, como Fernando Carrión, estiman en unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, el lavado de activos; de ese monto al menos un 75% van a la economía formal, incluyendo la banca. La presencia del crimen en todas sus manifestaciones puede representar incluso valores mucho más altos, de hasta cinco veces o más, según otros analistas como Andrés Albuja Batallas. Estos datos y cifras son ubicados en una economía dolarizada, que resulta muy atractiva para todo tipo de actividades ilícitas. El resultado es que el narco dólar sostiene tanto la dolarización, como la economía de este pequeño país andino. Y todo en un ambiente de oscuras y diversas complicidades entre las élites políticas y empresariales, en las que la banca no puede estar ausente.

En este contexto de amenaza económica y militarización de la sociedad, la población ha recibido el anuncio en víspera de Carnaval, este sábado 10 de febrero, de la convocatoria del presidente Daniel Noboa a una consulta popular y referéndum sobre reformas legales y enmiendas a varios artículos de la Constitución sobre seguridad, justicia, inversión y empleo, a través de diez preguntas que ya fueron calificadas por la Corte Constitucional. Por su parte, en días pasados, 100 organizaciones que conforman las coaliciones de defensa de los Derechos Humanos y de los niños, niñas y adolescentes del país han suscrito un llamado a la Paz digna, en nombre de las “personas, comunidades y poblaciones afectadas, directa o indirectamente, por la violencia desproporcionada y cruel que el país enfrenta”.

Urge que la población conozca las raíces y verdaderas intenciones de esta consulta, en medio de un clima de alivio pasajero, que alimentan los medios con tono victorioso sobre el “conflicto armado. Salir de la resignación y enfrentar la “hegemonía de la mentira”, que caracteriza a las sociedades actuales, como la denomina Juan Carlos Monedero.