En España, la población de Cáceres se opone a la puesta en marcha de un emprendimiento minero que el gobierno sigue impulsando a pesar de todo. Como bien expresa la autora de esta nota, «la administración es ágil con las grandes empresas y lenta, muy lenta y oscurantista con los ciudadanos que representa.»  

Una puesta al día y pormenorizado repaso desatando el complejo nudo de actos jurídicos, actores interpuestos e intereses cruzados que acompañan al contestado proyecto de mina de litio en Cáceres.

Por Montaña Chaves Pedrazo, activista ecologista, en El Salto diario

La Junta de Extremadura acelera los trámites de la mina de litio en Cáceres y concede el permiso de exploración a otra empresa que cambió el domicilio social recientemente de Salamanca a Cáceres. Con esta estrategia de Infinity Lithium y Extremadura New Energies (ENE) se abre un nuevo permiso denominado Extremadura S. E., que se encontraba estratégicamente situado a la cola y esperando su activación por si se denegaba por la Junta el denominado Valdeflórez, como así ha ocurrido.

La Junta de Extremadura comete un grave error, porque no notifica la resolución ni facilita el nuevo expediente a las asociaciones, pequeñas empresas locales afectadas y particulares personados en el nuevo expediente administrativo, incurriendo en una grave indefensión y desamparo, después de estar esperando durante semanas y de insistir recurrentemente en la solicitud de la comunicación.

Sin embargo, a la empresa de la mina sí se le facilita, se le notifica y se le aprueba este gigantesco permiso que ocupa 9.305 ha y, de esta manera, se le abre la puerta para conseguir la explotación directa, amenazando el pulmón verde de la ciudad y pudiendo convertir a Cáceres en zona de sacrificio.

El proyecto podría hacerse realidad en breve. La administración es ágil con las grandes empresas y lenta, muy lenta y oscurantista con los ciudadanos que representa. Un ejemplo es la lentitud para la declaración del Paisaje Protegido para la Sierra de la Mosca, solicitud registrada el 25 de junio de 2019, hace cuatro años.

La Consejería de Transición Ecológica de la Junta informó ayer que se ha concedido el permiso de exploración minera de 315 cuadrículas, afectando a los términos municipales de Valdesalor, Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz. Se extiende la concesión desde el embalse de Valdesalor hasta el Guadiloba, constituye un ancho rectángulo que incluso abarca parte del casco urbano de la capital cacereña. Esta aprobación de un permiso tan extremadamente extenso y sobre una ciudad Patrimonio de la Humanidad no tiene precedente.

Castilla Mining está vinculada a Infinity Lithium y a Tonsley Mining, y cuando trasladó su domicilio social de Salamanca a Cáceres ya hizo sospechar de esta nueva jugada sobre la complicada y enrevesada partida de ajedrez que llevan jugando desde 2016.

Lo importante de este permiso es que abre la puerta a la empresa para presentar la solicitud de explotación directa del yacimiento. Será, dentro de este culebrón administrativo, que hace aguas por todos lados desde el principio, donde se decidirá si hay mina o no, contando con que todo terminará en los tribunales. Por supuesto, no tiraremos nunca la toalla ni nos resignaremos.

La empresa siempre ha querido llegar al trámite de la concesión de la explotación. Alcanzó este punto para una mina a cielo abierto, pero conseguimos retrotraer el procedimiento por falta de transparencia y de información pública. Lo intentaron otra vez a través del anterior permiso de investigación de Valdeflórez, pero la Junta lo denegó y se ratificó por el Juzgado número 1, y ahora se encuentra en apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El CEO (investigado por la Fiscalía de Murcia en el caso La Sal), Ramón Jiménez, comentó que no habría problemas en demostrar la presencia de litio en Valdeflores, datos que tampoco ha facilitado Minas y que se llevan solicitando desde enero de 2020.

Con el permiso de exploración la empresa podrá realizar estudios en áreas de suelos rústicos con métodos aéreos y toma de muestras superficiales. Nada de sondeos, calicatas o prospecciones, porque no se puede alterar el terreno. En la sentencia que confirmó la denegación del permiso de investigación de Valdeflórez se consideraron los trabajos de investigación como actividades extractivas, y estas están prohibidas por el PGM.

Este nuevo permiso no ha sido sometido al trámite previo de exposición pública, ni se ha notificado a la Plataforma Salvemos la Montaña ni se le ha permitido a la misma el acceso al expediente en condición de interesados. Falta y error administrativo que, como se ha comentado, es muy grave y que será denunciada.

Si la empresa demuestra la presencia de unas cantidades suficientes de minerales para ser explotados, el siguiente paso será la concesión de explotación. En ese momento la empresa tendrá que presentar su proyecto completo junto con el plan de restauración, el proyecto de vialidad económica y el estudio de impacto ambiental. Toda la documentación se someterá a información pública y se tendrán que recoger informes sectoriales de las administraciones y, seguramente, numerosas alegaciones ciudadanas en contra. Este será el momento en el que se va a decidir si hay mina o no, y en ese punto será decisiva, vinculante y preceptiva la declaración de impacto ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad —la famosa DIA— y la aprobación de las licencias municipales será el último y decisivo trámite administrativo.

Pero para que la empresa pueda presentar toda la documentación es necesario que antes la consejería le remita los resultados del Documento de Alcance con las objeciones o consideraciones ambientales sobre el documento inicial del proyecto que la compañía presentó el pasado septiembre. Por su parte, la minera ha declarado que confía en tener el permiso de explotación en el primer trimestre del 2024.

Con el decreto ley del litio de Extremadura, la explotación se tramitará como proyecto empresarial de interés autonómico (PREMIA), por considerarse de utilidad pública o interés social, con lo que los plazos se acortan a la mitad. Sin embargo, al tratarse de un proyecto minero de litio, se necesitará la licencia del ayuntamiento, que mantiene su competencia y autonomía local en materia de ordenación urbanística.

Según manifestó el alcalde, Luis Salaya, la ubicación de la boca de la mina y la planta industrial es la que se sitúa junto a la Ex-206, en la carretera de Miajadas, enfrente justo de la conocida quesería El Castúo. De las tres ubicaciones que se plantearon, esta es la que consideran más viable desde el consistorio.

Este ya elaboró un informe, informe que todavía no ha salido a la luz pública y que se está solicitando que se haga de una vez por algunos concejales como Francisco Alcántara y Mar Díaz, como así expresaron en el pleno celebrado el pasado mes de diciembre. Allí, el alcalde volvió a comentar que son inadmisibles dos de las tres ubicaciones que la empresa plantea para abrir la boca del acceso subterráneo a la mina y para situar la planta de tratamiento del litio y sus instalaciones anexas (depósito de residuos, balsas, acopios, escombreras, relaves, lixiviados, aparcamientos, oficinas, vestuarios, etc.). Desde aquí se accedería con un túnel subterráneo hasta el yacimiento de Valdeflores.

Según el artículo 3 de la ley 5/2022, los efectos de la calificación como proyecto empresarial de interés autonómico serán los siguientes:

a) Tendrán carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica. Conllevará la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos administrativos previstos en la normativa autonómica, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reduciéndose a la
mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

b) La licencia urbanística o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales podrá ser sustituida por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa urbanística. Esta sustitución no se aplicará a los proyectos de concesiones de explotación de los recursos minerales de litio.

Estaremos atentos, porque todavía quedan muchos capítulos por contar. A la luz de todo lo que acompaña esta lucha popular, el 28 de mayo se antoja decisivo para el próximo episodio estatal y cacereño.

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