El gobierno chileno acaba de reconocer que en el país hay más de veinte mil inmigrantes que se encuentran de forma irregular por la forma en que han entrado al país o por haber incurrido en delitos que hace aconsejable deportarlos. Se nos dice, asimismo, que en la mayoría de estos casos se trata de venezolanos, bolivianos y colombianos cuya expulsión significaría gastar unos 55 mil millones de pesos si se considera especialmente el costo en pasajes aéreos. A todos ellos hay que sumar el flujo de nuevas personas y familias que llegan a diario, aunque se sabe que hay varios cientos o miles que están abandonando por sus propios medios nuestro territorio, desilusionados por no haber encontrado trabajo y las condiciones de vida que soñaron al venir aquí.
En la comprobación de que en muchos episodios de violencia y delincuencia que asolan al país se constata la acción de inmigrantes, las autoridades están siendo presionadas por la población que se siente justamente amedrentada, pero que en muchos se afecta por las campañas políticas y mediáticas que obviamente le imputan exagerada e irresponsablemente a los extranjeros el estado de convulsión causado por aquellos reiterados asaltos y atentados contra la vida y la propiedad de nuestros habitantes.
La Moneda quiere intensificar ahora los esfuerzos por lograr la masiva deportación de los inmigrantes “irregulares”, manifestando la peregrina intención que nuestros países limítrofes se abran a la idea de recibirlos, acogerlos dentro de sus fronteras u obligarlos a transitar hacia sus países de origen. Se quiere, por ejemplo, que los bolivianos no solo permitan el regreso de sus connacionales sino permitan el tránsito de los que provienen de más al norte de nuestra región. Al mismo tiempo, se expresa la intención de que el régimen de Nicolás Maduro colabore activamente con la repatriación de muchos miles de venezolanos, incluyendo entre éstos a aquellas verdaderas bandas de delincuentes hace mucho tiempo involucradas en el narco y microtráfico de estupefacientes, llegando a organizar poderosos y criminales carteles de la droga que nadie está dispuesto a recibir de regreso.
Severo problema afronta nuestro país si se considera que nuestro Gobierno y su Cancillería no han propiciado buenas relaciones con los diversos regímenes del Continente como para buscar una solución multilateral al respecto entre nuestras naciones. Cuando, por el contrario, el gobierno de Sebastián Piñera hasta alentó la fuga masiva de venezolanos y otros a objeto de afectar la imagen de regímenes como el chavista y cubano. A lo anterior se agrega que recién empieza a discutirse la necesidad de tener una política inmigratoria nacional porque, verdad sea dicha, el empresariado nacional por más de dos décadas se mostró complacido de que llegara “mano de obra barata” a sumarse a las faenas agrícolas, mineras, forestales y otras del ámbito de los servicios.
Especialmente cuando se apostaba a una incierta bonanza económica, fundada en buena medida por los miles de trabajadores que llegaban al país.
No nos olvidemos que durante la Dictadura Militar cientos de miles de chilenos salieron al extranjero forzados por razones políticas y económicas. Prácticamente no hubo país de la tierra que no recibiera a la diáspora chilena y, además, le bridara una acogida ejemplarmente hospitalaria, gracias a los cual hasta ahora se calcula en más de un millón los que se quedaron definitivamente en los países de acogida. Pasada nuestra interdicción ciudadana consta que muchos compatriotas han regresado por su propia voluntad y sin que nadie los haya compelido hacerlo. Salvo con algunos recursos ofrecidos por Alemania y otros países europeos destinados a solventar el oneroso retorno y reinserción de estos en nuestro país. Huelga decir, al respecto, que constan casos de exiliados chilenos que tuvieron una indecorosa conducta en el exterior con lo que arriesgaron diversas penas y sanciones que deliberadamente fueron tratadas con mucha discreción a fin de no afectar la imagen de aquellos chilenos bien comportados y que se ganaron el afecto de las naciones anfitrionas.
Desde Chile, ahora la situación se aprecia muy poco simétrica. Por la frivolidad propia de la clase política, la insolvencia mediática y la ignorancia de muchos, el país prefiere achacarles a los inmigrantes gran parte de los trastornos en seguridad, llegando al extremo de asumir conductas xenofóbicas con la intención de arrancar aplausos y eventuales sufragios. Desconociendo, así, lo que podemos comprobar todos los días: la valiosa presencia de miles de trabajadores llegados a nuestro territorio que colaboran ejemplar y honestamente en las más diferentes actividades agrícolas y forestales, así como en la industria, el comercio, ciudades y pueblos. Sin cuyo esfuerzo difícilmente podríamos haber alcanzado los actuales índices productivos, así como nuestro alto estándar de país exportador.
Lamentablemente, nuestros gobernantes han seguido el camino de deslindarse de la suerte de nuestros países hermanos, ejerciendo una supremacía que no se condice con nuestro precario nivel democrático y esos agudos déficits en materia de igualdad social, instrucción pública, vivienda y servicios sanitarios. Con prácticas de corrupción que se han igualado a las de los peores regímenes de nuestra región. Bajo la paradoja, además, de tener un gobierno de izquierda muy dócil a los intereses de las grandes potencias, cuanto de la oligarquía nacional. Y que ahora escoge el camino de los estados de emergencia como de la represión policial y militar para conjurar las justas demandas de nuestra población indígena y de los millones de chilenos pobres e indigentes.
Agreguemos el asombro que nos produce que muy pocos se acuerden del derecho humano a la emigración consagrado universalmente y del cual tantas veces en su historia tantos chilenos tuvieron que recurrir para escapar de la pobreza y de las convulsiones políticas.
