PREVIO

El debate acerca de la nueva constitución, como muchos de los que se realizan en Chile, no solamente parece haber eludido el tema central del mismo sino desnuda la existencia de otra voluntad. Un querer hacerlo así, y no de otra manera. Una intención consciente y deliberada de entorpecer o dilatar el nuevo proceso constituyente.

Puede parecer paradojal que, desde el mismo día del Rechazo, la conversación al interior de la escena política nacional se orientara en cómo volver a hacer realidad la promesa de una nueva constitución y cumplir, de esa manera, el acuerdo de 15 de noviembre de 2019. Y que los acuerdos, para llevar a cabo tal propósito, se alcanzarían dentro de ese mes. Pero así no sucedió. Pasó septiembre; ha pasado octubre. No sabemos si también lo hará noviembre. Como en el poema de José Zorrilla, ‘pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó”. Esperamos no repetir, más tarde, con el insigne vate, que ‘un año pasado había’, a pesar que es lo que pareciera va a suceder. Como lo señala con franqueza Vlado Mirosevic, diputado del partido Liberal:

“No sabemos si vamos a tener nuevo proceso constituyente”i.

EL INTRÍNGULIS DEL DEBATE

A pesar que el tema sigue siendo relevante en las encuestas —como lo ha sido en la última CADEMii— no es materia de interés para ciertos parlamentarios, como, por ejemplo, los que pertenecen al partido Renovación Nacional cuyo presidente, el senador Francisco Chahuán se ha permitido señalar:

“Nos estamos tomando todo el tiempo necesario para los efectos de no cometer los mismos errores que se cometieron durante el anterior proceso”iii.

Palabras que no difieren, en lo medular, de aquellas que manifestara el general Pinochet, a insinuación de Jaime Guzmán —y que, repetida por el entonces intendente Felipe Guevara el 22 de mayo de 2020 (‘No tenemos plazos, lo que tenemos son metas’)— hizo decir irónicamente al analista Claudio Nash, en su cuenta de Twitter, en esa misma oportunidad:

“No sé dónde he escuchado eso antes”.

No parece necesario recordar aquí que el partido Republicano, simplemente, no quiere una nueva constitución; tampoco lo parece advertir, que toda demora en iniciar el proceso implica la vigencia continua de la actual carta fundamental, a la manera que sucede en Islandia, nación en la que, luego de haberse entregado al Parlamento, en julio de 2011, el proyecto de nueva constitución, aún no lo despacha ese cuerpo colegiado, manteniendo vigente, con esa maniobra, la antiguaiv.

Sin embargo, a esos problemas deben agregarse otros que las discusiones habidas al interior del Congreso han puesto de manifiesto, como lo son si acaso se nombrará una comisión ad hoc o no, si esa comisión tendrá determinado número de miembros,

“[…] si sus integrantes serán 100% electos o habrá expertos designados por los partidos”v,

si los miembros de esa Comisión deben o no ser personas con determinados atributos, si acaso no es mejor que el Congreso mismo realice esa función, si el organismo debe o no contar con un consejo de expertos, si debe existir un órgano que dirima las controversias, si ese órgano ha de ser el Senado o la Corte Suprema, en fin.

Sin embargo, no deja de ser sorprendente que, a pesar de todas esas diferencias, exista consenso mayoritario en ese órgano colegiado en torno a atribuirse poder constituyente o, al menos, facultades omnímodas para determinar las materias que puede o debe abordar una nueva constitución y la manera de poder incluirlas en el texto del proyecto que ha de someterse a la consideración de la ciudadanía, como parece creerlo el senador de EVÓPOLI Luciano Cruz-Coke:

«El Congreso no puede renunciar a su potestad constituyente derivada porque tiene una enorme legitimidad»vi.

Una barbaridad jurídica como la formulada por el legislador, jamás se manifiesta sola: por el contrario, parece multiplicarse en boca de otros sujetos tan desmesurados como quien la ha proferido. A la manera del senador de RN Francisco Chahuán:

“Nosotros siempre dijimos que no sería en octubre, porque nos estamos tomando todo el tiempo necesario para los efectos de no cometer los mismos errores que se cometieron durante el anterior proceso y por tanto una frase que acuñé es ‘hay que ir sin prisa pero sin pause’”vii.

A esta extrema fatuidad, hay que agregar evidentes faltas de respeto tanto al tema mismo propuesto como a la comunidad nacional, algunas de las cuales, simplemente, colindan con el desdén, el insulto explícito o la grosería. No puede sino calificarse de esa manera

“[…] la primera reunión entre las directivas de los partidos políticos y los jefes de bancada del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, con miras al inicio de un nuevo «itinerario constituyente» luego de la derrota del Apruebo en el reciente plebiscito nacional”viii.

Y, claro. La reunión se efectuó en la Sala Jaime Guzmán del Senado, en Valparaíso, ante un inmenso retrato del fundador de la UDI y constituyente designado, considerado alma de la actual carta fundamental.

Los temas indicados, sin lugar a duda, son relevantes y tienen la virtud de concitar la atención de la comunidad nacional; sin embargo, no se pronuncian sobre el fondo del asunto que implica el establecimiento de una nueva constitución que es, precisamente, determinar dónde se encuentra el origen de la potestad constituyente o, lo que es igual, dónde radica la ‘soberanía’.

LA SOBERANÍA EN LA CONSTITUCIÓN ACTUAL

La constitución de 1980, que rige actualmente —con las modificaciones de rigor que se le han introducido a lo largo de su vigencia—, contiene una referencia explícita al hecho en su art. 5, inciso 1º.

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

El artículo en comento contenía solamente un inciso cuyo texto original nunca fue modificado; hoy, su redacción se mantiene: el espíritu de los constituyentes designados no ha sido alterado.

En consecuencia, si la soberanía radica en la Nación, queda por determinar qué es una nación. La hermenéutica jurídica nos señala que el Diccionario de la Real Academia Española puede resolver esa duda aún cuando brinda dos acepciones al respecto. La primera señala que nación es el

“Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno”;

en su acepción segunda, nación también podría ser un

“Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”.

QUIÉN DETENTA LA SOBERANÍA

De conformidad, pues, a la propia legislación vigente, el ejercicio de la soberanía—que, de acuerdo con el diccionario que hemos tenido a la vista, para cumplir las reglas de interpretación aceptadas por el estado chileno, no es sino el “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”—, pertenece a la comunidad nacional, es decir, a la ‘nación’. Esa comunidad es la detentadora de la soberanía y, en consecuencia, el verdadero poder constituyente. Y esa soberanía —que solo puede ser ejercida por la ciudadanía—, se encuentra protegida por la parte final del inciso primero del art.5 que dispone:

“Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

¿A qué se debe, sin embargo, que un conjunto de audaces —como ya lo hemos visto— quiera atribuirse, porfiadamente, el derecho a ejercer por sí y ante sí la soberanía nacional?

UNA MINORÍA AMBICIOSA Y TREMENDAMENTE PELIGROSA

La ‘élite política’, que existe actualmente en nuestro país, es heredera de la que existió hasta antes del golpe militar de 1973. Adquirió notable desarrollo luego de la instalación de la democracia post dictatorial en 1990 pues las condiciones estaban dadas para que así ocurriera: bastaba solamente dejar al ratón al cuidado del queso. Y ese desarrollo se produjo luego de la instalación de lo que hemos denominado ‘democracia post dictatorial’.

La nueva forma de gobierno instalada a partir de 1990, funcionó como continuadora de la institucionalidad dictatorial y, por lo mismo, fue debilitándose progresivamente hasta la rebelión de 18 de octubre de 2019. El Acuerdo de 15 de noviembre de 2019, si bien no tuvo grandes repercusiones en lo inmediato, permitió la reagrupación de esa ‘élite’. Pero ello solamente pudo ser posible con la llegada de la pandemia y el ascenso de los movimientos políticos que encabezaron los dirigentes estudiantiles de 2011 quienes, contrariamente a lo que se suponía, iniciaron un rápido proceso de asimilación a las formas y contenidos elitistas vigentes hasta ese momento, luego de la asunción al mando de la nación del presidente Boric.

Con graves dificultades para imponerse, dado el frágil respaldo político que lo sustenta, la actual administración no solamente se ha mostrado tremendamente débil ante la oposición sino, además, extraordinariamente dócil a los requerimientos de los sectores opositores, especialmente luego del plebiscito de 04 de septiembre de 2022. Al otro lado, ese suceso —interpretado restrictivamente y en su favor, por la oposición—, ha enardecido los ánimos de esos sectores haciendo difícil la aplicación del programa de Gobierno. Apoyada en las fuerzas que tiene en el Congreso, la oposición ha sido implacable y tremendamente renuente a aceptar cambios que impliquen modificar las bases de la forma de acumular impuesta por la dictadura y desarrollada por ella misma. No debe sorprender, así, que estime no solamente ser detentadora del poder constituyente sino, además, aventure en fijar las reglas y condiciones sobre las cuales ha de pronunciarse la ciudadanía.

UN PROCESO QUE YA NO ES TAL

En el ejercicio de esta facultad que se autoasigna, la ‘elite política’, instalada en el Congreso, ha iniciado la ralentización del proceso constituyente en forma tal que, notables ex personeros del Poder Judicial, como lo es Milton Juica, han denunciado que los congresales

“[…] tratan de obstaculizar cualquier posibilidad de que exista en Chile una nueva Constitución. Usando una frase muy común, están chuteando la pelota para adelante, a fin de que pase luego el tiempo y la gente se olvide de este tema”ix.

La ‘élite política’ se está mofando de la ciudadanía. No solamente confunde atribuciones, sino defiende los errores en que incurre, como lo hace un ignorante. Milton Juica es terminante en sus juicios: el Congreso

“Tiene legitimidad perfectamente para modificar constituciones, eso sí, pero para dictar una nueva Constitución se le devuelve el poder constituyente a la ciudadanía, que es la que determina finalmente si que quiere una Constitución y cómo debe ser una Constitución”x.

Pero el contrasentido mayor es que esa ‘élite’ es una minoría. ¡Una porción ínfima de la población nacional y que, a pesar de ello, sigue defendiendo sus privilegios y prebendas!

En efecto, de acuerdo a datos proporcionados por el propio SERVEL, la suma total de los miembros de los partidos políticos al 30 de septiembre de 2022 era de 428.937 personas, cifra que no alcanza al 3% del total de personas inscritas y habilidades para votar en el plebiscito de 04 de septiembre de 2022 que fue de 15.076.690 votantes.

Esas personas (428.937) no solamente deciden el destino de los 15 millones de votantes, les imponen sus candidatos y el tipo de Estado capitalista que ha de imperar durante el tiempo en que detenten el mando de la nación sino, además, les impiden organizarse de la manera que ellos quisieran, sancionando su veleidad con la prohibición de aceptarlos como independientes.

COMO DEBERÍA SER UNA COMISIÓN CONSTITUYENTE

Noviembre es el penúltimo mes del año calendario; nos recuerda acontecimientos y personas. Nos recuerda, una vez más el aniversario del nacimiento de uno de los hombres más ilustres que ha engendrado nuestra nación, con quien tuvimos el privilegio de trabajar: Clotario Blest Riffo. Incansable luchador sindical, profundamente convencido de los derechos de la ciudadanía, nunca aceptó someter a la Central Única de Trabajadores CUT, obra, suya, a las normas establecidas por la legislación positiva dictada para las organizaciones sindicales. Altivo como era, convencido que la soberanía radica en la comunidad nacional que no es sino lo que se acostumbra a denominar ‘pueblo’ o ‘poder popular’, sostuvo que era deber de la legislación nacional reconocer la forma de organización que los trabajadores querían darse para sí, beneficio que solamente obtuvo bajo el gobierno de Salvador Allende.

Por eso sostenemos nosotros que una Comisión, Convención o Asamblea, comisionada para entregar a Chile su proyecto de nueva constitución, ha de ser un grupo de personas elegidas para tal efecto por votación popular, al margen de los partidos políticos, y que, una vez elegidas, fijen ellas mismas, sus propias pautas y forma de funcionamiento. Fórmula que, por lo demás, parece compartir, el ex ministro Juica:

“Si estamos hablando de construir una nueva Constitución, me parece que la voz principal debe ser la ciudadanía. Soy partidario de una comisión constituyente elegida por la ciudadanía sin bordes, porque los bordes lo están fijando órganos políticos que en la opinión pública no tienen mucha confianza en ellos”xi.

 

i Arriagada, Maria: “Vlado Mirosevic (PL):’No sabemos si vamos a tener nuevo proceso constituyente’”, 05 de noviembre de 2022.
ii Véase la encuesta CADEM de 31 de octubre de 2022 según la cual el 71% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en tener una nueva constitución.
iii Ernst, Juan Pablo: “Senador Chahuán por el acuerdo constituyente: ‘Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario’”, ‘El Dinamo, 31 de octubre de 2022.
ivCifuentes, Cristina: “Islandia, la constitución más innovadora que quedó inconclusa”, ‘La Tercera’, 13 de marzo de 2020.
v Vera, Diego: “¿100% electa o con expertos?: oposición y oficialismo mantienen distancia por nuevo proceso constituyente”, ‘El Mostrador’, 19 de octubre de 2022. Con negrita en el original.
vihttps://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/09/24/1073706/senador-cruzcoke.html
vii Suazo, Camilo: “Chahuán (RN) sobre falta de acuerdo constituyente”, Radio Biobío, 31 de octubre de 2022. Con negrita en el original.
viii Opazo: “Broma de mal gusto: Primera reunión del ‘nuevo itinerario constituyente’ se realizó en la Sala Jaime Guzmán del Senado”, ‘El Ciudadano’, 12 de septiembre de 2022.
ix Ganora, Emmanuel: “Milton Juica, ex ministro de la Corte Suprema: ‘(En el Congreso) tratan de obstaculizar cualquier posibilidad de que exista en Chile una nueva constitución’”, ‘The Clinic’, 01 de noviembre de 2022.
x Ganora, Emmanuel: Art. citado en (10).
xi Ganora, Emmanuel: Art. citado en (10).