El pasado sábado 7 de mayo, la Convención Constitucional (CC) aprobó las normas que configuran un nuevo tipo de Estado en el ámbito económico-productivo, lo que abre camino a la construcción de un modelo de desarrollo que podrá terminar con el neoliberalismo. Antes, la CC había aprobado normas que garantizaban derechos sociales fundamentales, dando fin tanto a la mercantilización de la salud, educación y la previsión, como al vergonzoso asistencialismo a la extrema pobreza.

Ahora, la CC nos dice que “el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica” y por tanto podrá desplegar actividades empresariales. Las normas agregan explícitamente el objetivo de la diversificación productiva y el fomento de la innovación y, junto a ellos, otorga prioridad al tema medioambiental. A ello se agrega que el Estado “debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados”.

La instalación constitucional de este nuevo tipo de Estado es un cambio sustantivo para nuestro país. Diversificar la economía, el despliegue de iniciativas empresariales del sector público, el fomento a la innovación y la protección del medio ambiente cambiarán nuestra forma de vivir porque la actual base productiva del país, fundada en los recursos naturales, es de una inmensa fragilidad. Es el fundamento material de las desigualdades, del empleo precario y crecimiento de la informalidad, agotamiento del crecimiento y de la caída en la productividad.

En efecto, la actual base productiva y exportadora del país, basada en recursos naturales, es extremadamente frágil. No sólo porque las materias primas están sujetas a sorpresivas fluctuaciones de precios en el mercado internacional, sino también porque ese tipo de producción no potencia todas las fuerzas productivas y su focalización territorial impide su difusión al resto de la sociedad. En realidad, es un negocio de altas ganancias para una minoría de grandes empresarios, pero el escaso valor agregado que genera estrecha la frontera productiva y no ayuda a la creación de fuentes sólidas de empleo.

Mientras se sobreexplotan las materias primas, y sus beneficios se concentran en una minoría empresarial, que los produce y exporta, el medioambiente se ha visto crecientemente afectado. Además, ello ha afectado la disponibilidad de agua, porque se resta al consumo humano para ser utilizado abundantemente en faenas agrícolas y mineras.

La minería cuprífera se exporta sin ningún valor agregado, mientras la sobreexplotación de la pesca industrial ha provocado el colapso de los principales recursos marinos. Paralelamente, el arrasamiento del bosque nativo ha estado acompañado por un aumento en las plantaciones forestales exóticas, especialmente pino y eucalipto, con un daño irreversible a las tierras.

Así las cosas, con una estructura productiva escasamente sofisticada, al sector privado no le interesa invertir en ciencia y tecnología. Y el Estado tampoco lo hace. Evidencia de ello es una magra inversión en ciencia y tecnología de apenas un 0,35% del PIB para ciencia y tecnología, mientras en la OCDE es de 2,5%.

Con una matriz productiva basada en recursos naturales, y con escasa investigación en ciencia y tecnología, la economía sufre una caída en la actividad económica y en la productividad en los últimos años, que conduce a empleo precario y crecimiento de la informalidad.

Como lo ha dicho Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, la economía chilena, fundada en el precio del cobre, sin refinar, cierra las puertas al desarrollo. Ello lo ratifica el economista Ha-Joon Chang, de la Universidad Cambridge, cuando señala que el desarrollo se potencia sólo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas; cuando mejora su capacidad de organizarse en actividades industriales, en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo. O sea, la diversificación productiva junto al progreso técnico y la educación de los trabajadores son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los países.

El crecimiento económico sobre la base de recursos naturales y su exportación al mundo no han abierto camino al desarrollo de Chile. Incluso ese tipo de crecimiento alcanzó su límite, se agotó. En esa matriz productiva y exportadora radica la limitación al desarrollo y es además la base material de las desigualdades: en el ingreso, entre territorios, en salud, educación y pensiones.

¿Por qué no se han implementado cambios sustantivos para modificar la matriz productiva y exportadora de recursos naturales? Porque en la lógica neoliberal debe ser exclusivamente el mercado el orientador de los operadores económicos. Y para el empresariado rentista es menos costoso producir recursos naturales y el Estado inmóvil no hace políticas públicas para su reorientación. Pero, sobre todo, porque ello está establecido en la Constitución de 1980. Al Estado no le está permitido intervenir los mercados y tampoco puede desplegar actividades empresariales.

La Constituyente viene a modificar esta situación. Sus normas para la nueva Constitución anuncian un nuevo modelo económico, cuya diversificación desplegará nuevas fuerzas productivas. No estaremos limitados a producir recursos naturales. Ahora, será posible impulsar industrias de trasformación, sin que los mercados lo impidan. Será esta base material la que permitirá aumentar la productividad, recuperar el crecimiento y mejorar la base impositiva del país, para que puedan financiarse los derechos sociales, garantizados en la nueva Constitución. Y el Estado podrá convertirse en un agente activo de la transformación productiva.

Esto, por cierto, no gusta a la minoría empresarial rentista y tampoco a sus empleados, los economistas del establishment. Por eso rechazan la nueva Constitución. Les resulta doloroso, no sólo tener un Estado que garantice derechos sociales a todas las familias chilenas, sino también consideran inaceptable que el Estado lleve a cabo actividades empresariales e incluso que intervenga el mercado, mediante la política pública, para reorientar a los inversionistas en favor de procesos productivos que agreguen valor a los recursos naturales.

La Convención Constituyente abre camino a un nuevo modelo de desarrollo. Las actividades productivas se desplegarán en todos los territorios y no sólo dónde exista cobre, pesca y producción forestal. La diversificación será el nuevo fundamento material del modelo de desarrollo, con un apoyo efectivo de la ciencia y tecnología modernas, promovidas por el Estado. Así, será posible relanzar el crecimiento y la productividad en las distintas ramas de la economía, en respuesta al ya agotado modelo rentista. Ello permitirá una confluencia positiva de trabajadores, Pymes, grandes empresarios y Estado, sin eludir la protección del medioambiente y, al mismo tiempo, garantizando el funcionamiento efectivo de la competencia.