Mientras haya una vena autogestionaria y autoorganizativa en nuestra sociedad, aún cabe la esperanza de tender puentes entre sus multiplicidades por la vía no estatal, es decir, a través de las fortalezas que nos confiere la noción de multitud.
Fuente: Yerel Vásquez – Revista Ideele / Servindi.
La actual situación política no cesa de interpelarnos acerca de la vigencia histórica de nuestra propia clase dirigencial y la manera en cómo se producen los procesos políticos que nos confinan continuamente a la parálisis. Basta observar las dinámicas que caracterizan a las organizaciones políticas, a los líderes de opinión pública, los medios de comunicación y al elector-ciudadano promedio para entender que, en general, la lógica que subyace a la política peruana es transaccional, muy ligada a intereses privados e inmediatista.
Ciertamente, la crisis política que se ha intensificado en estos meses no comenzó con las elecciones generales del 2020. Se trata de un problema que arrastramos por más de un quinquenio, lo que nos hace cuestionar también la vigencia del Acuerdo Nacional que se construyó con el retorno a la democracia ya entrado el siglo XXI. Aquel conjunto de políticas de Estado fue consensuado por las principales fuerzas políticas del momento post-Fujimori y le brindaron soporte a un periodo aproximado de 15 años de crecimiento en un contexto económico internacional favorable para la región por la exportación de minerales.
Este periodo coincidió con la aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2021, el Plan Bicentenario, que contó con seis ejes estratégicos como derechos fundamentales; oportunidades y acceso a servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y, recursos naturales y ambiente ¿Cuánto avanzamos hacia la imagen que tuvimos del Perú del Bicentenario? La última evaluación de este Plan de Desarrollo (1) nos mostró que aún quedan grandes retos pendientes.
«Nos encontramos en un escenario en el cual quienes deberían estar llamados a construir consensos amplios acerca del futuro del Perú en base a su representatividad frente al electorado que los eligió, no cuentan con la legitimidad y credibilidad necesarias. Por otro lado, cada vez se hace más fuerte en la ciudadanía la exigencia “que se vayan todos”. Sin embargo, en el supuesto que se lograran convocar unas nuevas elecciones generales, ¿Qué alternativas políticas serían las llamadas a promover la creación de consensos sobre el desarrollo nacional? Las opciones no son muchas y tampoco son novedosas. De hecho, gran parte de los partidos políticos y organizaciones que se dispondrían a disputar el gobierno y el Congreso serían los mismos responsables, unos más que otros, de la permanente crisis que asedia a nuestro ambiente político. En ese sentido, quizás la necesaria solución se encuentre fuera de la clase política oficial-formal que ejerce la soberanía del Estado peruano».
Entre las limitaciones que tuvo el PEDN 2021 podemos identificar que no se logró una opinión pública favorable sobre las instituciones de justicia, la cual se proyectó en 55% para el 2021, pero en 2018 obtuvo apenas un 10.2%. De igual manera sucedió con las elecciones internas en los partidos políticos, que, si bien se registra un aumento en el indicador, no se llegó a la meta planteada, además, no se mide la calidad de la democracia interna. Los indicadores de logros de aprendizaje escolar también se alejaron de las proyecciones para el 2021, al igual que los indicadores de seguridad ciudadana, en los que por ejemplo se registraron 11.6 víctimas de delitos por cada mil habitantes en el año 2018, cuando la meta para el 2021 era de 3 víctimas por cada mil habitantes. La misma situación se repite cuando se evalúa la efectividad gubernamental y el índice de percepción de la corrupción, los que alcanzan la mitad de los valores esperados para el 2021. Respecto a lo ambiental, la deforestación no fue frenada, sino que se incrementó a más de 155,000 hectáreas de bosque amazónico, mientras que solo el 39.22% de los pasivos ambientales mineros contaron con alguna intervención de remediación, lo que significó que aproximadamente el 60% de estos pasivos no fueron atendidos.
Este consenso de mediano y largo aliento, aunque precario, elitista y, por ende, hasta cierto punto excluyente, con sus avances y limitaciones, sostuvo al sistema político para avanzar en la lucha contra la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica infantil, así como en materia de sostenibilidad fiscal, a pesar del centralismo y la corrupción generalizada en el gobierno multinivel. Sin embargo, el retorno del fujimorismo a la disputa por el gobierno central coincidió con el resquebrajamiento de los puntos en común hasta entonces construidos y respetados por los partidos políticos y la tecnocracia estatal vinculada a organismos financieros internacionales. Además, la pandemia del Covid-19 destapó la vulnerabilidad en la que se encontraba una porción importante de la población al no contar con acceso a servicios de salud de calidad, aseguramiento social, conectividad para actividades laborales y educativas, etc., lo que implicó, sin lugar a dudas, un retroceso importante en los pocos avances obtenidos. Por estos motivos, la renovación de los consensos políticos para continuar avanzando hacia una imagen predefinida del futuro del país es imperativa. Por ello, nos preguntamos ¿En manos de quiénes reside hoy la responsabilidad de construir un nuevo consenso amplio que coloque el desarrollo del país en el mediano y largo plazo por encima de los cálculos políticos cortoplacistas? Y la respuesta vuelve a entramparnos.
De acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (2) en enero del presente año, tanto el Ejecutivo como el Legislativo registraron una aprobación paupérrima frente a la población que representan, el primero con una aprobación de 28.9% y una desaprobación de 61.5%, mientras que el segundo tuvo una aprobación del 20% y una desaprobación de 77%. En el caso del gobierno, se puede inferir que el poco respaldo popular que capitalizó estuvo relacionado básicamente a la presencia y trabajo del exministro Hernando Cevallos en salud por su labor en cuanto al proceso de vacunación contra el Covid-19, el cual fue calificado por un 49% de los encuestados como un servicio muy bien o bien gestionado. No obstante, la posterior decisión del presidente Castillo de prescindir de sus aliados de la izquierda moderada, entre los que figuraba Cevallos, se produjo en un ambiente de mayores incertidumbres y cuestionamientos que certezas por los funcionarios designados en la reformulación del gabinete ministerial. En cuanto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tuvo una aprobación de 26%, mientras que su desaprobación ascendió a 65%.
«nos encontramos en un escenario en el cual quienes deberían estar llamados a construir consensos amplios acerca del futuro del Perú en base a su representatividad frente al electorado que los eligió, no cuentan con la legitimidad y credibilidad necesarias»
Entonces, nos encontramos en un escenario en el cual quienes deberían estar llamados a construir consensos amplios acerca del futuro del Perú en base a su representatividad frente al electorado que los eligió, no cuentan con la legitimidad y credibilidad necesarias. Por otro lado, cada vez se hace más fuerte en la ciudadanía la exigencia “que se vayan todos”. Sin embargo, en el supuesto que se lograran convocar unas nuevas elecciones generales, ¿Qué alternativas políticas serían las llamadas a promover la creación de consensos sobre el desarrollo nacional? Las opciones no son muchas y tampoco son novedosas. De hecho, gran parte de los partidos políticos y organizaciones que se dispondrían a disputar el gobierno y el Congreso serían los mismos responsables, unos más que otros, de la permanente crisis que asedia a nuestro ambiente político. En ese sentido, quizás la necesaria solución se encuentre fuera de la clase política oficial-formal que ejerce la soberanía del Estado peruano.
«quizás la necesaria solución se encuentre fuera de la clase política oficial-formal que ejerce la soberanía del Estado peruano».
Para los autores Michael Hardt y Antonio Negri (3), el mundo del siglo XXI entró en una etapa en donde las multitudes, como ellos llaman a la conformación plural, diversa, abierta y expansiva de las sociedades actuales, asumen un rol totalmente subversivo ante la soberanía entendida como el poder ejercido por los Estados. Estos autores entienden que la soberanía es una relación dual en la que los dominantes y subordinados dependen mutuamente de sí mismos para el sostenimiento del poder. Sin embargo, la configuración de las multitudes en el mundo moderno, les permiten crear relaciones sociales de manera autónoma al ámbito político centralizado, propio del Estado. Más aún, Hardt y Negri señalan que “ahora los ciudadanos tienden a ser los productores exclusivos de organización social. Eso no significa que la soberanía vaya a derrumbarse de inmediato, ni que los que gobiernan pierdan todo su poder. Pero sí significa que estos últimos son cada vez más parasitarios, y la soberanía cada vez más innecesaria. Asimismo, los que obedecen se hacen cada vez más autónomos y aptos para formar la sociedad por su cuenta” (Hardt & Negri, 2004: 382), lo que se realiza mediante la autogestión económica y la autoorganización política y social.
En el Perú, conocemos muy bien esos conceptos, basta con observar cómo se produjeron las olas migratorias de las distintas regiones del país hacia la capital durante el siglo XX, asentándose en las áreas periféricas mediante invasiones de tierras, sin importar que el Estado se opusiera frontalmente a sus intereses colectivos. Resistieron, se autoorganizaron política y socialmente en juntas vecinales y crearon el dinamismo económico necesario para la comercialización minorista en sus barrios y asentamientos humanos. Allí encontramos esa fuerza autogestionaria a la que se refieren Hardt y Negri, como producto de la confluencia de diversas costumbres, idiosincrasias y culturas, es decir, el apoyo y colaboración de un colectivo de individuos que se identificaban como iguales a pesar de provenir de distintas realidades.
«El contenido político, social y económico en la resistencia de las organizaciones autogestionarias peruanas es fundamental para pensar en un renovado proyecto de desarrollo del país».
Si se trata de autogestión y autoorganización, los ejemplos abundan. Uno de ellos está relacionado con las rondas campesinas, las que tuvieron un rol importantísimo en la lucha contra la subversión terrorista desatada por Sendero Luminoso entre los años 1980 y 1995, siendo vitales para su derrota. De igual manera sucedió con la creciente informalidad durante la crisis económica y social de los ochentas durante el primer gobierno de Alan García. Fueron los informales los que sacaron a flote una economía totalmente quebrada por la hiperinflación, pero detrás de la informalidad también se construyen lazos de identidad muy fuertes por procedencia, amistad y costumbres. Actualmente, podemos decir que la autogestión aún se mantiene vigente en el tejido social peruano. Se encuentra todavía en el sector informal, pero también en las mipymes, en las juntas vecinales, en las organizaciones de base y ollas comunes que enfrentaron los embates de la pandemia. El contenido político, social y económico en la resistencia de las organizaciones autogestionarias peruanas es fundamental para pensar en un renovado proyecto de desarrollo del país.
En consecuencia, mientras haya una vena autogestionaria y autoorganizativa en nuestra sociedad, aún cabe la esperanza de tender puentes entre sus multiplicidades por la vía no estatal, es decir, a través de las fortalezas que nos confiere la noción de multitud. Sobre esta base social, local y territorial, desde abajo hacia arriba, debe buscarse la transformación de la gubernamentalidad en base a la construcción de un nuevo pacto sobre lo que realmente importa para la sociedad peruana autogestionaria, interpelando a los organismos autónomos, a los ministerios en sus oficinas descentralizadas, a las empresas públicas y a los gobiernos regionales y locales para empujar la progresiva construcción de la dirección hacia dónde se dirigirá el país en el mediano y largo plazo.
Notas:
(1) CEPLAN. (2020). Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). Consulta: 18 de febrero de 2022. https://bit.ly/3KRnSRo
(2) IEP. (2022). Informe de Opinión – Enero 2022. Consulta: 18 de febrero de 2022. https://bit.ly/3ie9kPc
(3) Hardt, M. & Negri, A. (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Barcelona: Random House Mondadori. Consulta: 18 de febrero de 2022. https://www.traficantes.net/libros/multitud
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Fuente: Publicado en la Revista Ideele N°302 en febrero de 2022: https://bit.ly/36qBDrk
