Después de que a nivel nacional e internacional se denunciara el contenido aberrante de la Ley para la protección de la vida y la familia (decreto 18-2022) y que se multiplicaran las movilizaciones exigiendo su inmediato retiro, este martes la normativa fue archivada con el voto a favor de 119 diputados.
La ley, que rechazaba la diversidad sexual, prohibía hablar del tema en las escuelas y negaba a las personas del mismo sexo la posibilidad de casarse, crear uniones de hecho y adoptar, también aumentaba significativamente las sanciones a cualquier tipo de aborto.
En los días pasados, el presidente Alejandro Giammattei se había desmarcado de la nueva normativa y había solicitado al Congreso archivarla. De no hacerlo, el mandatario la habría vetado.
Varias organizaciones, que en los días pasados se volcaron a las calles para protestar contra una ley claramente retrógrada, sexista y discriminatoria, hicieron un llamado a no bajar la guardia.
Para la organización Visibles, que trabaja por la plena inclusión de las personas LGBTI, la mayoría de diputados archivaron la ley, pero no sus ideas retrógradas, anti derechos y corruptas.
“El Estado debe proteger los derechos humanos y la autonomía de las mujeres y personas LGBTI. Archivar una ley que los vulnera NO BASTA a garantizar a personas y familias la posibilidad de vivir bien y con dignidad. Cero confianza en el Congreso. Mucha atención y organización”, señalaron.
Varias organizaciones feministas y transfeministas de Guatemala coincidieron en la necesidad de mantenerse alerta, ya que otra iniciativa de ley, la 5940, fue aprobada por una comisión legislativa y avanza en su tramitación.
Esta iniciativa desinforma, discrimina y estigmatiza a las personas LGBTI, limitando hablar de ellas en las escuelas, medios de comunicación e instituciones públicas.
