Por: Doris Balvín (*)

El Decreto Supremo Nº 003-2022-MINAM que declara de interés nacional la emergencia climática marca un derrotero hacia el futuro en nuestro país, dado el reconocimiento por parte del Estado, de que nos enfrentamos a una emergencia, y esto es muy importante porque pone en evidencia la gravedad del problema.

Esta realidad hasta hace poco no era reconocida por las autoridades. En el plantón que hicieran los colectivos juveniles convocados por Viernes por el Futuro, el 29 de noviembre del 2019, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, le dijo a los jóvenes que no estaba de acuerdo con su propuesta de declarar la emergencia climática porque “crearía temor y rechazo” en la ciudadanía[1]; afirmaciones por cierto muy lamentables, pero que eran parte del “sentido común” gubernamental de ese momento.

Saludamos entonces que ahora estemos en otra etapa y que el gobierno del presidente Pedro Castillo haya dado el primer paso para atender la demanda de las nuevas generaciones que claman por equidad intergeneracional y justicia climática. Se puede decir que, de esta manera, el Perú muestra voluntad política de contribuir decididamente a encarar uno de los mayores retos que enfrenta la especie humana en su futuro inmediato, estabilizar el clima del planeta evitando el colapso climático.

Lo positivo que trae el decreto

Este intenta ser una respuesta para poner en marcha la acción del Estado en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el Acuerdo de París, y que van en la orientación de precisar medidas de políticas o instrumentos de gestión que permitirían responder a dicha emergencia climática y/o asignar presupuesto para su ejecución. En este sentido se puede afirmar que es un paso adelante. Incluye como líneas de acción prioritarias: la gobernanza climática, la educación en cambio climático; el monitoreo y seguimiento, el financiamiento climático; así como los derechos humanos y la justicia climática.

Es un primer intento de vincular la reactivación económica, financiamiento y respuestas al cambio climático en cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional; y de precisar algunas medidas que no quedaron explícitas en la Ley Marco de Cambio Climático. Así, tenemos el caso de precisar que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) incorpore la gestión integral del cambio climático en la actualización del Plan Director de las áreas naturales protegidas; o medidas de adaptación y de mitigación que forman parte de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en los Planes Maestros de las referidas áreas, claves en la protección de la Amazonía; de igual manera las previstas de monitoreo y seguimiento que ayudarán a encarar la mitigación y en particular en la adaptación al cambio climático, dado nuestro caso de país altamente vulnerable.

Otra novedad que introduce el decreto se refiere a la promoción de energías renovables no convencionales, como la promoción del hidrógeno verde y la electro movilidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe proponer acciones como: actualizar el Reglamento Nacional de Vehículos, para promover el ingreso de vehículos eléctricos, híbridos y accionados con hidrógeno verde; y diseñar, en coordinación con las autoridades competentes, mecanismos de promoción para la electromovilidad con énfasis en el transporte urbano. Esta es la única medida con impacto en el entorno urbano y que vale la pena destacar.

De igual modo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), conforme a sus competencias, priorizarán medidas para fortalecer la gobernanza de los bosques y el control de la deforestación, para reducir la deforestación hasta un 30% al 2030.

Lo pendiente

La mayoría de medidas son solo declarativas y un tanto vagas, como la que refiere que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, promoverán el uso estratégico de tecnologías digitales y datos como parte de las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático a nivel nacional; o impulsar la inclusión de criterios relacionados a la adaptación y mitigación en el Plan de acción para el desarrollo de la Segunda Reforma Agraria; medidas declarativas y de promoción que no necesariamente implica la asignación de presupuesto, que es lo que se requiere dada la urgencia de acción en estos temas.

De otro lado, las medidas previstas se dan en una lógica que no cuestionan la estructura económica global vigente, y lamentablemente no apuntan a orientar la reactivación económica post pandemia a la mitigación y adaptación al Cambio Climático; es más, nos pone al servicio de la lógica del crecimiento económico sin límites utilizando mecanismos de mercado como el de carbono, seriamente cuestionada por los grupos de la sociedad civil. Dispone que el Ministerio de Economía evalúe en coordinación con el Ministerio del Ambiente la determinación del precio del carbono y, en función a esta, identifique las acciones requeridas para su aplicación progresiva en el Perú, es decir tienes derecho a pagar por contaminar en una lógica perversa que busca mantener el statu quo.

Igualmente posibilita que las autoridades identifiquen mecanismos para acceder a fuentes de financiamiento, reforzar la dependencia financiera para implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, sin cuestionarse donde se encuentra la raíz del problema.

En mi opinión, estas medidas tienen como base la evaluación de que como país nos corresponde seguir creciendo sin cuestionar el cómo y no plantean encarar la reactivación económica post pandemia, en el contexto de crisis climática. Tampoco toman en cuenta que se están produciendo cambios en la matriz energética mundial que requieren redefinir nuestra ubicación en la economía global produciendo cambios sustanciales en la estructura productiva extractivista que es la que refuerza el cambio climático. En este sentido nuestra tarea, no solo es cumplir con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, derivadas del Acuerdo de París, sino que será indispensable salir del extractivismo.

En este contexto son claves medidas concretas orientadas a la transformación energética como la de reconvertir a Perupetro, hoy promotora de la inversión en petróleo, en una empresa de promoción de las energías renovables no convencionales; y a Petroperú, hoy dedicada a la extracción petrolera, en una empresa que lidere la reconvención energética hacia las energías renovables no convencionales. De igual manera serán claves las políticas que posibiliten transformar nuestra estructura productiva como se viene planteando desde los distintos colectivos que son parte de la Alianza Ecosocial[2] .

En efecto, en el Pacto Ecosocial se plantea reorientar la reactivación económica con un enfoque de economía ecológica, social, solidaria y popular hacia una transformación socioecológica, favoreciendo el desarrollo de economías descentralizadas sólidas y promoviendo el desarrollo de un empresariado local y regional que garantice derechos y agregue valor a la diversidad ecológica y cultural de sus territorios; creando cadenas de valor e incrementando la producción ecológica de bienes y servicios[3].

Es decir, colocar en el eje de nuestro bienestar una economía basada en la seguridad y soberanía alimentaria, además de adoptar medidas claves como las de proteger nuestras fuentes de agua; nuestros recursos marino costeros (evitando el riesgo de desastres ecológicos como los derrames petroleros en el mar o en la Amazonía); y en especial la protección de la Amazonía para evitar que esta entre en un punto de no retorno, poniendo en riesgo nuestras fuentes de agua -esta última tarea requiere de un enfoque regional que involucre a todos los países amazónicos-.

Cabe igualmente señalar que no se han tomado en cuenta medidas propuestas por la Alianza Ecosocial en la carta abierta al presidente de la República en julio último, ya citada, como:

  1. la puesta en marcha de Programas de empleo de emergencia y fomento de emprendimientos articulados a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Por ejemplo: reforestación, siembra y cosecha de agua, infraestructura verde, movilidad sostenible, manufactura sostenible, entre otros;
  2. la Protección efectiva de la Amazonía, combatiendo las actividades causantes de su destrucción: tala ilegal, minería ilegal, cambio de uso de suelo para la expansión agrícola, narcotráfico, entre otras -invirtiendo en alternativas económicas sostenibles, en diálogo intercultural con las comunidades indígenas y locales-;
  3. programas de reforestación y de recuperación de bosques degradados con participación activa de los pueblos originarios hasta lograr la deforestación cero;
  4. cumplir con el compromiso internacional de proteger al menos el 10% de nuestro dominio marítimo, no sólo por la conservación ambiental sino para garantizar la productividad pesquera de nuestro mar, reorientando la industria pesquera de consumo humano indirecto al consumo humano directo, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, apoyando la pesca artesanal y la acuicultura;
  5. aprovechar el nuevo ciclo de altos precios de los minerales sin repetir los errores del pasado, implementando las reformas pendientes en el sector minero en términos ambientales y tributarios y respetando la voluntad de las comunidades locales -orientando los excedentes a la diversificación productiva y el fortalecimiento de las economías locales-.

Vemos pues que las medidas planteadas -en la norma que declara la emergencia climática- si bien son un avance, no son suficientes para enfrentar la envergadura de la crisis climática y lamentablemente no responden a una estrategia de gobierno de largo plazo. Orientar las políticas a cumplir con nuestros compromisos derivados del Acuerdo de París, no nos garantiza lo que hoy se requiere de cara al futuro para producir una real transformación económica y cultural necesaria para armonizar la relación ser humano – naturaleza en dirección evolutiva; una transformación que coloque al ser humano, y no al dinero, como valor central en nuestra sociedad y que recupere nuestra casa común.

Fuente foto: ABC.

(*) Abogada, Mg. en gestión Ambiental Urbana, activista en ecología social, es parte del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, Coordinadora de la Red de actividades más allá del Cambio Climático y colaboradora de Pressenza Internacional.

[1] Ver, diálogo de los jóvenes de Viernes por el Futuro con la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz durante la entrega del Pacto Ecosocial y su pedido de declarar el país en emergencia climática: https://www.facebook.com/cesarbejarano21/videos/2467172483381768/

[2] Ver Carta abierta dirigida a los electos para el período 2021 – 2026, congresistas y presidente Pedro Castillo “La reactivación económica debe impulsar la transición ecológica”.

[3] Pacto Ecosocial documento completo en el siguiente link http://bit.ly/PactoEcoSocial21