Crecen las voces contra las concertinas para migrantes del puerto de Santander

Por Redacción El Salto

Después de elevar la valla exterior hasta los cuatro metros e instalar sensores de movimiento, desde mediados de noviembre las autoridades portuarias de Santander están desplegando concertinas en un perímetro vallado de diez kilómetros alrededor del puerto de la ciudad. Según el presidente de la autoridad portuaria, Francisco Martín, el objetivo es “disuadir” a los migrantes albaneses que intentan entrar en el recinto para colarse en las bodegas de los ferries o en algún contenedor con destino al Reino Unido.

Diversos colectivos de defensa de los derechos humanos y de acogida de personas refugiadas llevan semanas denunciando el “racismo institucional” y la utilización de la migración como “chivo expiatorio”. Jesús Puente González, de la organización Pasaje Seguro, contradecía las palabras de la autoridad portuaria en El Faradio: “El Sr. Martín sabe que las concertinas no disuaden a ninguna persona que quiera cruzar una valla, lo único que hacen es desgarrar a unas cuantas de esas personas”. Según este colectivo de acogida de personas refugiadas, la instalación de concertinas forma parte de una campaña de criminalización de las personas migrantes albanesas, a quienes “han acusado de casi todo”.

“¿Está dispuesto el Sr. Martín a asumir los costes humanitarios de los desgarros en las concertinas? ¿Está dispuesto a asumir su coste reputacional para el Puerto de Santander? ¿También el penal? ¿Qué hará la Autoridad Portuaria cuando las concertinas no eviten los saltos? ¿Electrificarlas?”, se preguntaba Puente González.

Según explican desde Pasaje Seguro, en Santander existe un colectivo de albaneses que “malvive en condiciones pésimas, sin agua corriente, sin luz eléctrica y en un edificio abandonado”, cuyo objetivo es llegar al Reino Unido, donde tienen lazos familiares y esperan tener “una vida mejor”. En una petición de firmas online en Change.org —que ya ha superado los 43.600 apoyos—, esta organización demanda que se retiren estas alambradas rematadas en cuchillas cortantes.

Según recuerdan desde este colectivo, las concertinas y cuchillas “han demostrado causar gravísimos daños y lesiones en otras fronteras: se han documentado cortes, infecciones y desgarros en manos y extremidades de personas que se quedan enganchadas en su intento desesperado de cruzarlas, por no hablar de las dificultades para bomberos y cuerpos de seguridad a la hora de desengancharles en altura”.

En julio 2018, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, mostró su rechazo a las concertinas de Ceuta y Melilla, a las que calificó “de una crueldad intolerable”. En junio de 2020, el Gobierno comenzó a reemplazar estas concertinas instaladas en 2005 por una corona metálica en forma de semicírculo y por vallas un 30% más altas. En algunos tramos, la valla que separa de Marruecos llegará a medir diez metros de altura.

La retirada de las concertinas fue uno de los principales compromisos en 2018 del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se sustenta, además de en las declaraciones del Defensor del Pueblo en la posición contraria de la Comisión Europea. Ya en 2013, la comisaria de Interior Cecilia Malmström sostenía que “las concertinas no han impedido entrar a la gente”, sino que lo único que hacían es herir a la gente que entraba.

Según Pasaje Seguro, esta decisión podría “romper con el consenso alcanzado sobre el carácter agresivo y violento” de las concertinas y podría llevar a que su uso “se vuelva a generalizar si consiguen imponerlas en el Puerto de Santander”. De ahí viene, dicen, la “responsabilidad” de promover una movilización contra esta medida.

Irregularidades

El eco de las protestas contra las concertinas del Puerto de Santander ha llegado lejos. La ONG internacional No Name Kitchen, con presencia en Grecia, Bosnia, Serbia y Ceuta, ha denunciado “la irregularidad y crueldad” de las cuchillas de Santander y exige su eliminación inmediata.

Detrás de esta crisis, señalan desde la ONG, se encuentra la nueva situación generada a partir del Brexit y la transformación de Santander en una “frontera internacional” ante la restauración de las barreras aduaneras con el Reino Unido y la potencial llegada de migrantes clandestinos escondidos en ferries, algo que se puede traducir en multas a las compañías navieras, señalan.

Además de los motivos humanitarios, No Name Kitchen señala una batería de irregularidades cometidas en la instalación de las concertinas. En primer lugar, apuntan en un comunicado, la instalación inicial no se ha hecho pública y ha sido tomada “de forma unilateral” por el presidente del puerto, cuando de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante esta decisión debería haber contado con la autorización del Consejo de Administración de la entidad portuaria.

La licitación del proceso, valorada en 188.000 euros, denuncian desde esta ONG, tampoco ha pasado por el Consejo de Administración del puerto, donde la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, tienen voz y voto. Aunque la iniciativa de Vox de blindar el puerto de Santander de junio de 2021 sí obtuvo un apoyo unánime, “en ningún caso se especificó la instalación de alambres de espino provistos de cuchillas en forma de arpón diseñadas para penetrar, enganchar y ocasionar graves heridas, incluso la muerte”.

Además, continúan, la instalación de concertinas es contraria a las Normas Urbanísticas Regionales recogidas en el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre (art. 88.5), donde “se prohíben los cierres construidos con malla de alambre electrosoldado, alambre de espino u otros materiales análogos susceptibles de generar daños”.

“Cuando una persona emigra deja atrás no solo su país, sino también su familia, amigos, su propia lengua, el paisaje… en definitiva, todo lo que nos construye como personas. Hacen falta razones muy fuertes para llegar a tomar esa decisión, y nada puede parar esa determinación. Por ello, el uso de concertinas es ineficaz y desproporcionado, y constituye una violación clara de los derechos humanos. Las concertinas matan, desangran, cortan cuerpos y los marcan de por vida”, dice Ricardo Fernández, coordinador de No Name Kitchen.