Lo que ha imperado durante estos últimos meses es el esfuerzo de los partidos políticos por consolidar sus pactos electorales y reducir al mínimo la cantidad de candidatos presidenciales. La centroderecha logró finalmente concordar solo un abanderado por sobre las aspiraciones que tenían Joaquín Lavín, de la UDI, Mario Desbordes, de Renovación Nacional y de Ignacio Briones, de Evópoli.

En un claro reconocimiento de la crisis e impopularidad de sus partidos, el ungido finalmente fue el independiente Sebastián Sichel, quien ciertamente demostró mayor empatía entre los ciudadanos que concurrieron a la primaria legal para decidir el nombre de su postulante a La Moneda. Desde allí, las tiendas que respaldan todavía a Sebastián Piñera parecen haberse ordenado bastante y, a pesar de sus magros resultados electorales, a todos los hace estar confiados en llegar al menos a la segunda vuelta de los comicios de noviembre próximo. Aunque el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, prometió mantener su candidatura presidencial a sabiendas de que le sustraerá votos a la fórmula del oficialismo.

El Frente Amplio y el Chile Digno del Partido Comunista y de otros tres partidos pequeños y varios movimientos, convocaron también a un buen número de votantes en su respectiva primaria. En esta se impuso, rompiendo todos los pronósticos, Gabriel Boric por sobre Daniel Jadue, por lo que el partido de la hoz y el martillo y sus aliados hoy están comprometidos a trabajar, aunque sea con desgano, por el triunfo presidencial del joven diputado magallánico.

Pero todavía existe una gran cantidad de referentes impelidos a reducir el número de los que pretenden la primera magistratura. En la autodenominada centro izquierda son todavía manifiestos los obstáculos para lograr una lista unitaria que pueda llegar a la segunda ronda presidencial, en el entendido general que nadie podrá reunir la mayoría absoluta de los sufragios. Los opositores al Gobierno todavía deberán superar escollos tan severos como los representados por las candidaturas de la socialista Paula Narváez y Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, como además la misma pretensión del Presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Ellas y él, aunque ya acordaron hacer una consulta ciudadana, no han superado sus diferencias y no están del todo animados de confluir en un solo liderazgo para representar al mundo concertacionista.

Entre otras explicaciones, lo cierto es que algunos dirigentes siguen objetando el enorme y escandaloso gasto que este proceso les va a demandar a sus colectividades (unos 400 millones de pesos), además de asustarlos de que esta consulta (que no puede llamarse primaria) no se legitime sin la concurrencia de al menos un millón de votantes. Una cifra considerada por todos como mínimamente digna para equipararse a la afluencia de votantes de las primarias de los derechistas y del Frente Amplio y bloque Chile Digno.

Por otro lado, parece evidente el temor que todos estos tienen a la posibilidad de que esta consulta ciudadana pueda acentuar las tensiones especialmente entre demócrata cristianos y socialistas, porque ya se asume que el PPD y los radicales estarían contestes en apoyar a cualquiera de las dos precandidatas del sector.

No deja de ser curioso que el Partido Progresista de Enríquez Ominami se haya omitido de cualquier referéndum popular para así reservarse la posibilidad de proclamar a un candidato presidencial propio, con lo cual la disgregación de las fuerzas opositoras se pueda hacer todavía más crítica y, por cierto, terminar favoreciendo a la derecha. Debemos considerar, además, que ante el Registro Electoral ya se han inscrito unos 22 nombres de quienes, vía recolección de firmas, buscarán estar presentes también en la papeleta presidencial. ¿Cuántos de estos lograrán su cometido?

Pero a la luz de batatazo electoral de la oposición en los comicios para elegir a los 155 constituyentes (ochenta por ciento de apoyo) los más optimistas piensan que aun con tres o más candidatos presidenciales sería posible derrotar a la derecha, si es que en una segunda vuelta sus respectivos votos se suman a los de quien obtenga la primera o la segunda mayoría nacional. Es así como algunos piensan que sería saludable que Yasna Provoste y Paula Narváez compitan entre ellas sin remilgos y se ahorren el mal rato de enfrentarse en una primaria que deben organizar en pocas semanas y siempre con el riesgo de convocar a un discreto número de militantes y simpatizantes.

Lo anterior podría también estimular el apetito de la Lista del Pueblo y de otros referentes sociales por proclamar también a un candidato de sus filas que, en el desencuentro evidente de los ex concertacionistas, pudiera superar en votos a ambas candidatas y arribar a una segunda vuelta para medirse con Sichel y la derecha. Un escenario muy apetecido por los sectores más rebeldes pero también por el propio oficialismo, que confía en que los concertacionistas van a terminar apoyando en una segunda vuelta a su candidato a fin de evitar el triunfo de los sectores más radicalizados. En una especie de vuelta de mano, por lo demás, de lo sucedido en la reciente elección del gobernador metropolitano cuando, en el balotaje, la derecha respaldó al DC Claudio Orrego para impedir que ganara la izquierdista Karina Oliva.

Es claro que, de nuevo, no son las ideas ni los programas presidenciales, sino las calculadoras de los operadores políticos las que van a definir a los competidores definitivos, después de que las encuestas nada han acertado respecto de la conducta de los potenciales votantes. No olvidemos que existen unos diez millones de ciudadanos proclives a abstenerse o que esperan la irrupción de renovados actores políticos. Se teme, asimismo, que en las negociaciones que ya se iniciaron para integrar las nóminas de candidatos al Parlamento puedan producirse rupturas que liberen a los partidos derrotados en las primarias presidenciales de apoyar a los vencedores. Se asume que ya no es tiempo de que las órdenes de partido puedan asegurar la conducta de los ciudadanos. Tanto Sichel, como Boric o quienes resulten candidatos o candidatas en todo el dividido espectro político tienen un voto cautivo muy limitado e incierto.