El 6 de abril pasado inició en Honduras el juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser coautor del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres. Durante más de dos meses hemos asistido a los innumerables y sistemáticos intentos de la defensa para enturbiar y retrasar el avance del juicio.

Roberto David Castillo es un ex oficial de la inteligencia militar hondureña, graduado de la academia de West Point, y fue presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), la empresa titular de la ilegal concesión para la explotación del río Gualcarque y promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) lucharon durante años.

Después de la condena de los autores materiales del brutal crimen, el juicio contra Castillo es clave para asegurar a la justicia los que armaron las manos asesinas. A medida que avanza la evacuación de pruebas lo que está quedando cada vez más claro es que todo conduce a Castillo, a los principales accionistas de Desa, a varios funcionarios coludidos con el crimen, a un sistema financiero nacional, internacional y multilateral, que dice promover el desarrollo al tiempo que sigue financiando proyectos de muerte.

También se está confirmando que el móvil del asesinato de Berta Cáceres fue la oposición al proyecto Agua Zarca, en un contexto de ataques sistemáticos contra ella, las comunidades Lenca y el Copinh, que también son parte integrante del crimen. Una violencia propia de un modelo neoliberal extractivista, racista y patriarcal que acapara territorios, saquea bienes comunes, persigue, criminaliza y asesina a defensoras y defensores en total impunidad.

Berta fue asesinada en cuanto luchadora social, lideresa de un proceso de resistencia territorial y en cuanto mujer. En este sentido, compartimos el análisis de la familia, del Copinh y de la acusación privada de que su muerte violenta fue un femicidio territorial, es decir un ataque misógino contra una mujer empeñada a combatir el despojo y en la defensa del territorio, de la naturaleza, de su cuerpo.

Castillo debe ser juzgado y condenado en cuanto autor intermediario del crimen, enlace entre los autores intelectuales y la estructura sicarial que contrató para ejecutar el asesinato de Berta.

De la misma manera instamos al Estado de Honduras, en especial al sistema de administración de justicia, a tener el valor, la independencia y la determinación de investigar, enjuiciar y condenar a los integrantes de la estructura criminal que planeó, financió, ejecutó y participó del femicidio de Berta.

Solamente así se podrá garantizar justicia integral para Berta, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron. Lograr justicia para Berta significa romper la barrera de impunidad que atenaza a Honduras, alimentando la persecución sistemática de defensoras y defensores de la tierra, los bienes comunes, los derechos humanos en general.

Desde el Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (CLAMU) nos solidarizamos con la familia de Berta, con el Copinh y con las comunidades Lenca que a diario sufren los embates de un modelo depredador y asesino.

Nos mantendremos vigilantes del proceso y en constante divulgación a nivel internacional de todo lo que acontezca en la Causa Berta.