A más de una semana de realizadas las elecciones de constituyentes en Chile, en todos los análisis hay acuerdo que fue una elección que desfondó a los partidos tradicionales, con una derecha y una DC que obtienen sus peores resultados, una socialdemocracia que queda sumergida en una amarga crisis y el pacto de izquierda, Apruebo Dignidad, que logra importantes resultados, zafando bien de este terremoto institucional y quedando como la coalición con mejores posibilidades de disputar el próximo gobierno, aunque eclipsado con el éxito obtenido por los independientes y la Lista del Pueblo, quienes – sin lugar a dudas – son los grandes ganadores.

Pero, ¿cómo explicar este verdadero terremoto político?

Para intentar entender qué fue lo que pasó, hay que remontarse al desborde social del 18 de octubre de 2019, en donde un pueblo abusado soltó la bronca acumulada durante 30 años, poniendo en jaque el gobierno de Piñera. Fue un desborde incontrolable, no violento, sin líderes ni orgánicas, lleno de simbolismos e impugnatorio de toda la institucionalidad. Es decir, aunque solo se advertiría meses después, se había iniciado un verdadero proceso destituyente, diverso, variado y heterógeneo.

Un mes después de la revuelta, la bronca aún no era posible de contener, razón por lo cual, la institucionalidad amenazada firmó un acuerdo estableciendo un camino institucional para cambiar la constitución de Pinochet aún vigente. Este acuerdo dividió fuertemente a los sectores progresistas y de izquierdas, entre los que apoyaron tal acuerdo y aquellos que no quisimos firmarlo pues entendemos que la lucha institucional debe estar al servicio de la lucha social.

Pero las manifestaciones no pararon y en el parlamento comenzó la discusión legislativa del acuerdo firmado en noviembre. Y aquí es cuando se produce esa combinación virtuosa, de un movimiento social que se expresa, empuja y exige; y parlamentarios de izquierdas y progresistas que se emplazan correctamente, legislando de cara a la gente y de espalda a la institucionalidad. Estos parlamentarios de izquierda se la jugaron para que el acuerdo firmado en noviembre, que establecía una convención constitucional amañada, limitada y llena de trampas guzmanianas, fuera tensionado en la discusión legislativa y terminara lo más parecido a una Asamblea Constituyente.

Así fue como entre diciembre del 2019 y marzo del 2020 se aprobaron leyes que serían claves para explicar los resultados de las elecciones recién pasadas: se aprobó que la futura convención constituyente sería paritaria, es decir, que estaría compuesta por la misma cantidad de convencionales hombres y mujeres; que habría escaños reservados para los pueblos originarios y que los independientes podrían inscribir sus propias listas, sin depender de los partidos, pues se entendió correctamente que la futura Convención no podía ser un simple espejo del parlamento en ejercicio. Este proceso legislativo, duro y áspero por la férrea oposición de la derecha y la indecisión de sectores del centro neoliberal, permitió que las desconfianzas y recriminaciones de las izquierdas producto del acuerdo de noviembre fueran poco a superándose.

Pero la bronca siguió expresándose sin que nadie ni nada lograra detenerla, llegando a su punto máximo en el multitudinario 8 de marzo feminista del 2020. Luego vendría la pandemia y la institucionalidad respiraría aliviada pensando que sería la oportunidad para sofocar el desborde y recuperar el “orden amenazado”. Pero la pandemia gatillaría una gran crisis económica, desnudando aún más las injusticias del modelo neoliberal y evidenciando que el gobierno de Piñera solo se preocupaba de los grandes grupos económicos, en desmedro de la vida y la salud de los sectores más vulnerables y la clase media empobrecida. Mientras las ollas comunes se multiplicaban, los chilenos se enteraban con indignación que los supermillonarios, incluido Piñera, aumentaban sus fortunas personales en miles de millones de dólares. El pueblo acumulaba más y más bronca.

Fue así como se llegó al primer hito institucional del itinerario propuesto por el acuerdo de noviembre y mejorado en la discusión legislativa. En el plebiscito de octubre del 2020, un arrollador 78% de los chilenos se manifestó a favor del cambio constitucional a través de una Convención, demostrando que la energía destituyente seguía muy vigente y dándole una bofetada a la derecha conservadora pero también a esa izquierda purista que había llamado a no votar.

Entre ese plebiscito y las elecciones recién pasadas, llegó la segunda ola de la pandemia, agudizando la crisis económica y evidenciando la indolencia del gobierno de Piñera que siguió protegiendo a los grandes grupos económicos. Para paliar la crisis económica, el parlamento aprobó por segunda y tercera vez que las personas pudieran retirar un 10% de sus fondos previsionales, y nuevamente Piñera hizo todo lo imaginable para evitarlo, protegiendo impúdicamente los intereses de las AFPs por sobre el de las personas. La bronca aumentaba.

Y así fue como se llegó a la elección de constituyentes. Los sectores independientes se dieron cuenta de que las modificaciones legales realizadas eran una gran oportunidad que no había que desechar y, abandonando el equivocado y cómodo abstencionismo, decididamente se organizaron en múltiples listas, siendo la Lista del Pueblo la única que logró una coordinación e identidad nacional. Durante la campaña electoral, en una opereta ensayada durante treinta años, los medios de comunicación tradicionales entregaron sus pantallas y sus páginas escritas y virtuales, a los acostumbrados personeros de la derecha y del centro neoliberal; acusaron a la izquierda de ser los responsables de la división de la oposición, colocándola como irresponsable y enemiga del “orden perdido”. Además, levantaron personajes mediáticos para que usurparan el rol de ser los “voceros del pueblo”, personajes demagogos y populistas que, disfrazados de izquierda, se dedicaron a demonizar a los partidos y líderes de la lista Apruebo Dignidad. Pero mientras más demonizaban a la lista Apruebo Dignidad, más quedaba claro que dicha izquierda no era parte de esta falsa y triste opereta. Por cierto, en esta opereta, muy distinta de Fuenteovejuna, no había espacio para los independientes o la Lista del Pueblo, simplemente los invisibilizaron y ningunearon, pero estas listas ocuparon inteligentemente las redes sociales y los medios alternativos para difundir su mensaje impugnatorio de la institucionalidad.

Durante la campaña, la Lista del Pueblo, que aglutinó a sectores independientes muy vinculados con las movilizaciones en Plaza Dignidad y las luchas territoriales, ocupó hábilmente la franja de TV gratuita a la que tienen derecho todas las listas en competencia y con la ayuda de actores conocidos y queridos por la gente, envió un mensaje muy provocador y diferenciador de todo aquello que oliera a institucionalidad.

Los resultados finales de la elección de constituyentes ya los mencionamos al comienzo: un verdadero terremoto electoral que desfondó a la derecha, a la Democracia Cristiana y la socialdemocracia, los sectores que han gobernado los últimos 30 años; que dejó muy bien situada a la lista de izquierda Apruebo Dignidad conformada, entre otros, por el Partido Comunista, Acción Humanista y el Frente Amplio; y que , sin lugar a dudas, dejó como grandes ganadores a la Lista del Pueblo y los sectores independientes que se organizaron por fuera de la institucionalidad partidaria.

A diferencia del actual parlamento que es un verdadero espejo de las elites, en donde la gran mayoría de los parlamentarios proviene de colegios privados y unas cuántas universidades, la Convención elegida es claramente un espejo del Chile real: un 67% de los convencionales estudió en escuelas subvencionadas o municipalizadas y del 33% que estudió en colegios particulares, muy pocos provienen de los clásicos colegios de elite. Si a lo anterior le sumamos que habrán 77 mujeres y 78 hombres, 17 representantes de los pueblos originarios y 8 pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, entonces podemos concluir con claridad que el Chile real estará muy bien representado en esta convención. Además, cerca de dos tercios de los constituyentes no pertenecen a partidos y ninguna lista alcanzó el tercio de constituyentes para vetar las transformaciones.

Es decir, esta Convención, inicialmente diseñada muy amañada y guzmaniana, pudo ser trasformada sustancialmente gracias a parlamentarios que legislaron de cara a la gente. Pero después, gracias a una inteligente y valiente movilización electoral, el pueblo la transformó en una verdadera Asamblea Constituyente. En definitiva, un terremoto electoral gatillado por la bronca destituyente liberada en octubre de 2019 y que, a diferencia de otros momentos de la historia, cuando la bronca se expresó cortando cabezas o incendiando palacios, en el Chile del siglo XXI la bronca destituyente tomó los cauces electorales para derribar y desbordar toda la institucionalidad.

Con todo lo anterior se abre una gran esperanza, una oportunidad única de construir el Chile que queremos; no será una tarea fácil, habrá que sortear la oposición de una derecha y un centro neoliberal derrotado pero que aún mantienen un gran poder institucional. Simultáneamente habrá que superar desconfianzas y sospechas, entre una izquierda que dio una gran lucha institucional de cara a la gente, logrando superar las diferencias expresadas en el acuerdo de noviembre y que ahora le corresponde ganarse la confianza de ese movimiento social que tuvo la valentía de asumir la lucha electoral. Por su parte, al movimiento social le corresponderá asumir un nuevo rol, superando su tendencia endémica a la fragmentación y división, y siendo capaz de distinguir al diferente del traidor o al error del horror.

Con la elección de esta verdadera Asamblea Constituyente, se debiera clausurar el ciclo de la bronca destituyente e inaugurar un nuevo ciclo, difícil pero desafiante: el ciclo de la esperanza constituyente.