Por: Zenaida Espinosa Cabrera

El pasado domingo 28 de marzo se dio inicio a la semana santa en Colombia para el mundo católico, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y, cuya conmemoración, se ha caracterizado por la celebración de distintas actividades, como las conocidas procesiones.

Sin embargo, debido a que la pandemia del Covid-19 sigue vigente en el país, con aumento de casos y una lenta vacunación, se han extremado las medidas de bioseguridad y los protocolos para evitar que los contagios continúen creciendo. Por lo tanto, quedaron prohibidas las acostumbradas procesiones católicas, que por lo general, llevan a romerías de gente en las iglesias y lugares representativos de la fe.

De todos modos, el vía crucis en Colombia continúa de cuenta de los desplazamientos y asesinatos que no dan tregua y que, por el contrario, se incrementan pese al confinamiento decretado por el Gobierno Nacional y las autoridades regionales y locales en todo el país.

La grave situación por combates entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha tenido secuestrada a las poblaciones de Argelia y Caloto en el Departamento del Cauca, hechos que han hecho retornar el desplazamiento entre más de 2.500 campesinos de la zona.

Ver: Por enfrentamientos entre grupos armados, más de 2.000 personas salieron desplazadas en Cauca

La situación en el departamento del Cauca, al sur del país, es complicada luego de los Acuerdos de Paz, pues los territorios donde estuvieron las FARC durante años, hoy son disputados por más de 7 grupos armados y, unido a la ausencia del Estado, el pueblo queda en medio del conflicto.

Estos son algunos de los hechos de vulneración de los derechos humanos, registrados en los últimos días:

El 29 de marzo se reportó el desplazamiento de 4 mil personas en varias veredas del departamento de Nariño, como el Charco. La población huye de enfrentamientos en la zona y solicitan apoyo de los gobiernos departamental y nacional. La situación humanitaria es delicada.

En Barranquilla, Capital del departamento del Atlántico, en menos de 24 horas se presentaron 7 asesinatos.

El 30 de marzo fue asesinado el Líder Indígena Ramiro Ascue en Toribío, Cauca. Ascue Yule de 35 años era comunero de la vereda La Bodega de este Municipio ubicado al nororiente del departamento.

Este mismo día en el Municipio de Florida, Valle del Cauca, fue asesinado Carlos Alberto Vidal, quien se desempeñaba como presidente del Sindicato de Trabajadores de Cosecha Castilla (SINTRACCOS). El líder social murió tras recibir varios disparos cuando se dirigía hacia su vivienda ubicada en el barrio Casilda. Con Carlos Alberto son 38 los líderes asesinados en 2021.

El Pueblo Indígena AWÁ a través de un comunicado a la prensa, continúa denunciando su exterminio sistemático y la crisis humanitaria de su comunidad, pues los grupos armados no solo ingresan a estos espacios de tránsito público, sino también a sus viviendas, despojando del territorio a sus habitantes.

La violencia no da tregua, el fracaso en la implementación de los Acuerdos de Paz y la estrategia de seguridad del Estado, unido al abandono del campesinado, hace que el agricultor termine preso de los cultivos ilícitos que le dan algún rendimiento y las mafias en la zona se pelean por el monopolio, usando la lógica de la violencia por encima del precio y en la que terminan siendo víctimas las comunidades más vulnerables, sobre todo aquellos líderes que se la juegan por la sustitución de los cultivos ilícitos.

Mientras tanto, el nuevo Ministro de Defensa, Diego Molano, continúa dando declaraciones desafortunadas. Esta semana manifestó que las graves violaciones a los DDHH presentadas con el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 6.402 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que hace es crear mala imagen de las Fuerzas Militares.

Ver: ‘6.402 es la cifra que busca crear una imagen negativa de las FF. AA’

Las comunidades y líderes de opinión, encuentran ilógico cómo en la actualidad se presentan el mayor número de asesinatos en las zonas de conflicto donde existe más pie de fuerza militar y que no se hagan los controles necesarios contra las estructuras criminales; que tanta inteligencia militar en servicio no dé con los responsables y no se prevenga el accionar de los grupos armados y, además, siempre se llegue tarde al sitio de los hechos. A su vez en la Editorial del diario “El Tiempo”, se informa que, durante el 2020 según Medicina Legal, desaparecieron 1.579 menores: 811 regresaron vivos, 10 fueron encontrados muertos, pero no se conoce el paradero de 758.