Por: Jorge Escobar Banderas

La pandemia no fue impedimento para que la Minga Indígena se movilizara por Colombia en este 2020. Durante más de dos semanas, los pueblos originarios del país levantaron sus voces, con el objetivo de exponer las dificultades afrontadas en sus territorios.

Una de las metas era conversar con el presidente de la República, Iván Duque. Sin embargo, dicha solicitud no fue atendida desde el alto gobierno. El Ejecutivo optó por enviar a una serie de ministros y funcionarios a conversar con los mingueros en la ciudad de Cali. Ante esta situación, la Minga decidió movilizarse hacia Bogotá.

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De acuerdo con el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Hermes Pete Vivas, han sido muchos los acuerdos y propuestas construidas con el Gobierno Nacional, pero no se ha demostrado un avance significativo en el cumplimiento de las mismas; “nos han puesto los recursos en papel, pero no vemos la eficacia en el avance”, sostuvo.

La deuda del gobierno colombiano con la Minga Indígena

Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca

A su vez, Pete mencionó que en reiteradas oportunidades los compromisos son dilatados hasta concluir el mandato de los gobernantes, ocasionando así, la inexistencia de continuidad en los procesos que ya se han desarrollado. 

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En cuanto a la Minga desarrollada este año, Pete aseguró que esta tenía un carácter político y buscaba debatir con el presidente Iván Duque, temas como la implementación del Acuerdo de Paz en aquellos territorios donde se encuentran las distintas comunidades indígenas. Dice Pete que “esas situaciones nos han puesto a pensar mucho, también somos colombianos y sentimos la necesidad de salir al diálogo”.

Así mismo, el consejero mayor del Cric, resaltó que el tema de la seguridad ha despertado la preocupación al interior de las comunidades, debido a los asesinatos y masacres que se han perpetrado durante este año. 

El pasado 19 de octubre, mientras se desarrolló la minga en Bogotá, los pueblos indígenas del suroccidente del país, realizaron un juicio en contra del presidente de la República, quien recibió una sentencia por parte de las autoridades indígenas por incumplir las garantías de protección en la defensa de la vida y la paz en los territorios, asunto que hasta el día de hoy persiste y se ha agravado incluso, después de la movilización y las exigencias.  

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