Por Maxine Lowy (i)
A días del plebiscito sobre la constitución, jóvenes de la comuna de Huechuraba, nacidos, igual que su comuna, en el amanecer pos-dictadura, toman el pulso del momento histórico que vive Chile.
Huechuraba, distrito nortino de Santiago, acurrucado entre cerros pintados con una paleta de tonos amarillos, naranjos y verdes, nació a fines de 1990. Es una comuna de gran diversidad socio-económica que varía entre los portfolios de acciones millonarias de la vitrina arquitectónica de la Ciudad Empresarial y los angostos pasajes de La Pincoya y El Barrero donde muchos habitantes ganan sueldo mínimo.
Sigue en auge el desarrollo del parque de sedes corporativas, con sus impecables prados, acentuados por escultura, mientras los barrios que empiezan a un kilómetro de ese lugar, tienen como promedio 0,5m2 de áreas verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 9m2 de áreas verdes para una vida sana. Según el Censo del 2017, este sector de Huechuraba se caracteriza por 17,5% de hogares hacinados (16,4% promedio en Santiago), y pobreza multidimensional (carencias de salud, educación y nivel de vida) alcanza 28,84% (20,0% en Santiago).
Según cifras del Ministerio de Salud, al 20 de octubre, en Huechuraba, una comuna de 112.500 habitantes, había 4330 casos confirmados, 52 casos activos, y 160 fallecidos a consecuencia de COVD-19. A mediados de junio, cuando el contagio estaba en su punto más alto, Huechuraba contaba entre las 20 comunas del país con más decesos, según informes del Ministerio de Salud, lo cual pareciera corroborar la relación entre pobreza y contagio.
Un sábado a mediodía, en un pasaje de la población Pablo Neruda, gente empieza a congregarse; el aroma rico que emane desde una casa asegura que falta poco para el almuerzo. Pronto saldrán de la casa inmensas ollas con diez kilos de un guiso de garbanzos, mezclado con acelga, zapallo y caldo, almuerzo para 150 personas. Mientras esperan, algunos leen información sobre el plebiscito, que los anfitriones han hecho disponible.
Es Pincoya Digna, la última olla común de las muchas que surgieron en este sector de Huechuraba, al norte de Santiago, entre marzo y agosto 2020, para paliar el hambre, producto de la cesantía causada por la pandemia del coronavirus. Las demás ollas comunes se apagaron cuando los vecinos fueron beneficiados por la ley promulgada a fines de julio como medida de emergencia, sobre la oposición del gobierno, que les permitió cobrar el 10% de montos acumulados en los fondos de pensión.
Al principio esta olla comuna funcionaba en el intemperie frente a una iglesia, trasladándose a esta casa, cuando su gestor Juan Pablo Valladares, 29, conocido como JP, se quebró un pie. En esta etapa de Pincoya Digna, los principales cocineros son JP, su padre Juan y madre Sandra.
“Nosotros empezamos a realizar ollas porque desde antes veíamos las necesidades que existen en las población,” dice JP. “Cada día existen más pobres, y las personas de plata se aprovechan de ellos. Con la nueva constitución esperamos poder elegir y conseguir cosas con el pueblo y para el pueblo.”
Sandra todavía se asombra de su propia capacidad de preparar almuerzos para tantas personas desde su pequeña cocina y comedor. “Nunca antes cociné para más que cinco!”, exclama, a la vez que reconoce que terminan las jornadas cansados y acalorados. Pero su esposo Juan, quien desde marzo quedó sin trabajo en obras de construcción, afirma decididamente, “Acá tenemos que estar por la gente. Hay gente que realmente necesita.” Quienes esperan una porción de garbanzos no tienen fondos de pensión para cobrar, y siguen cesantes, sin los medios para sostener a sus familias.
Durante dictadura, la abuela paterna de JP ayudaba mantener una olla común en un sector aledaño, y su padre recogía leña de los cerros para calentar las ollas. Hace 20 años Juan y Sandra preparaban desayunos y almuerzos para 40 niños de parte de una iglesia. Que hoy Juan Pablo coordina una olla común da cuenta de un espíritu solidario hereditario. Es una tradición no tan solo de la familia Valladares, sino la que caracteriza diversos sectores de su barrio, en su conjunto La Pincoya, en que la solidaridad entre vecinos fue una forma más de resistencia contra políticas inhumanas. Da cuenta además de la persistencia de profundas carencias 30 años después de la inauguración del primer gobierno democrático elegido en pos-dictadura.
“No debería ser responsabilidad de los vecinos organizar las ollas comunes,” resalta JP. “El estado es el responsable por tenernos como país donde no podemos conseguir [lo esencial] como en otros países. Por eso llegamos al estallido social. Si nos callamos seguiremos sufriendo lo que algunas personas de población hemos pasado.”
Desde la casa de la familia Valladares se escucha nítidamente lo que pasa a ocho cuadras de distancia, en Recoleta, avenida neurálgica de la comuna: los hinchas que celebran los triunfos de sus equipos, los manifestantes que exigen justicia y mantienen viva la memoria y los enfrentamientos con la policía, que empapa todo el sector en gases lacrimógena.(ii) También escuchan el retumbo de percusión de grupos de batucadas, que surgieron en los ‘90, y están en su gloria en los carnavales que desfilan por la avenida en diciembre de cada año.
En semanas recientes, un conjunto- bloko, en parlanza batuquera- de 30 tambores, baja los viernes, acompañado por lienzos y banderas que pregonan, “Apruebo, Convención Constituyente”. Antes de tomar su tambor, Javiera, 28, abogada y percusionista del grupo cultural El Trauco, dice: “Muchos de nosotros no tenemos conocimiento social cultural de lo que realmente nos afecta una constitución tan mal redactada. Qué mejor que ahora que podamos nosotros mismos educar a nuestros padres, a nuestros abuelos y decirles que es hora de cambios.”
En primera fila del bloko, van cinco muchachas, con tambores repiques cargados de las caderas; adelante va el repique mayor, Richi, 30, bandera en mano, quien marca el ritmo al bloko.
“A los 7 años tomé tambor por primera vez. Como niño uno quiere tomar el más grande, que suena más fuerte, el mas bacán. Ahora uno sabe que todos son importantes y, ahora, yo toco repique, el mas chico.” La batucada ha formado una cultura chilena poblacional, que da expresión a la “resistencia de la juventud, sobre todo en La Pincoya, sin posibilidades, sin vocación, sin ocupación, que se encuentra con el arte para salir adelante.”
Richi estudió en un colegio privado-subvencionado a los pies del cerro, y está agudamente consciente de ser el único de su generación aceptado a un liceo de calidad. Posteriormente, estudió mecánica automotriz en Inacap, instituto de capacitación técnica creado por el gobierno de Salvador Allende. “La segregación se da por el poder adquisitivo, donde la educación se forma por el mercado. No puede ser que no tengas opciones para poder estudiar por ser pobre. Eso se tiene que cambiar.”(iii)
Su liceo, el emblemático Instituto Barros Araña (INBA) al cual niños postulan desde todos sectores geográficos y sociales de la ciudad, está en el centro de Santiago. Estudiantes del INBA participaron activamente del movimiento estudiantil secundario, que en 2006, empezó el proceso de despertar a los chilenos del legado catastrófico de la dictadura en la vida cotidiana. “Viví la revolución pingüino. Fuimos fuertemente reprimidos, castigados por los autoridades, algo que no olvidamos. No viví dictadura pero, por fin mi país despertó, se abrió los ojos por fin.”
Su madre, Lupa Fuentes, 61, sí recuerda dictadura en Huechuraba, y el día del año 1980 cuando se votó la constitución que desde entonces rige Chile. Vivía con su madre y cinco hermanos en El Bosque 1, otra población de Huechuraba. Camiones militares pasaban por las calles, y en una época, soldados coparon el barrio. Una vez, pararon frente a la casa de un vecino, un señor que “siempre explicaba las cosas porque entendía un poco mas,” y se lo llevaron a golpes. “Todos teníamos miedo,” dice. La noche del 10 de agosto 1980 el General Augusto Pinochet interrumpió la transmisión televisiva de un partido de futbol para anunciar que, en un mes más- el séptimo aniversario del golpe de estado- los ciudadanos votarían sobre una nueva constitución.
Ese mes la oposición fue permitida un solo acto público, encabezado por el ex presidente Eduardo Frei Montalva. En los barrios periféricos como el de Lupa, los vecinos se juntaban a escondidas para conversar y para informarse. “Decían que sería una estafa y los cambios favorecerían a los militares.” Cuando fue a votar, le cortaron un pedazo de su carnet de identidad, porque no había registro electoral. Las vocales de mesa de las votantes mujeres eran nombradas por SEMA-Chile, la Secretaria Nacional de la Mujer, dirigida por la esposa del dictador.
Richi escucha atentamente el relato de su madre. Nació en 1990, pero toda su vida ha sido regimentada por la constitución impuesta por la dictadura. El año pasado junto a amigos batuqueros, formó un conjunto que se llama Resistencia, para ir los viernes durante el estallido social a Plaza Dignidad, a acompañar los cánticos. “Es tanto el poder y la avaricia que tienen los políticos que son capaces de hacer cualquier cosa. La poca fe que tengo al sistema trato de utilizarla lo mas concentrada posible, para que el ultimo pedacito de esperanza que tengo, ojalá resulte.”
En la intersección de las avenidas Recoleta y Del Pincoy, una veintena de personas flamean banderas a favor de una nueva constitución. Está la concejala Carolina Rojas Charcas, de descendencia aymará, quien afirma, “El impacto de la constitución es transversal para todos: los adultos mayores, los pueblos originarios, las mujeres, los estudiantes. Por eso estamos todos por el Apruebo. A nosotros nos heredaron esta constitución. No refleja lo que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestros nietos.”
En la misma esquina, la artista visual Rayen Espíndola reparta volantes de Apruebo. Nacida después de dictadura, Rayen señala, “Queremos una constitución que esté basada en derechos, pero esta nos ve como consumidores no como personas. Y el lugar de la mujer siempre se nos ha oprimido, aún más en esta constitución. Es importante terminar con ese legado de Pinochet. Hay que perder el miedo a generar cambio.”
Vecinos y vecinas de esta comuna ya tuvieron un ensayo general en diciembre 2019, cuando la municipalidad de Huechuraba y la Asociación Chilena de Municipalidades de la cual es vicepresidente el Alcalde Carlos Cuadrado Prats, organizó una consulta ciudadana. De las 17.000 personas que participaron, 94,3% votó a favor de cambiar la constitución, y 80,7% favoreció una Convención Constitucional. También señalaron como demandas prioritarias mejorar la calidad de salud publica, mejorar las pensiones, y contar con educación pública de calidad.
No obstante, Richi, el repique mayor, permanece escéptico, recordando que anterior a las movilizaciones del 2019, un plebiscito estaba ausente del horizonte político. “A pesar de lograr quizás un mínimo avance con el plebiscito, la calle no se tiene que soltar porque lamentablemente no podemos confiar en nada ni nadie. Mientras exista injusticia, los jóvenes y la gente en general tienen que estar en la calle, exigiendo lo justo para todos.”
Otro viernes más, la batucada resuena entre los cerros de Huechuraba. Cada golpe de tambor anuncia y denuncia, como hacían los tambores mensajeros de África, y después, en Brasil. La generación pos-dictadura tendrá la palabra y dará su propio mensaje el 25 de octubre.
(i) Maxine Lowy, periodista y traductora, vive en una población de la comuna de Huechuraba.
(ii) El 11 de septiembre de 1998, durante una protesta por el aniversario del golpe militar, la estudiante y bailarina Claudia López murió por un disparo por policía.
(iii) Según un estudio del 2020 realizado por Fundación Sol, Huechuraba se encuentra entre las 10 comunas de la Región Metropolitana, donde los jóvenes tienen mayor endeudamiento por educación superior, y terminan desertando por falta de medios para pagar los prestamos extendidos por el CAE (Crédito con Aval del Estado). El mecanismo creado por el gobierno de Ricardo Lagos (200-2006), buscaba aumentar el acceso al sistema de educación superior, pero resultó en el endeudamiento familias de escasos recursos, por la tasa de interés de 5,8%, lo cual se redujo a 2% durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
