PorJorge Núñez Arzuaga¹

Impulsan en Argentina una campaña para reconocer a Internet, telefonía celular y TV por cable como servicio público esencial y estratégico.

Las asociaciones Internauta (Asociación Argentina de Usuarios de Internet) y Consumidores Responsables, junto a las agrupaciones políticas Frente Grande y Progresistas, lanzaron conjuntamente una campaña para juntar firmas por una Internet, telefonía celular y TV por cable como servicio público esencial y estratégico (www.internetesencial.org) en la cual solicitan al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y al Poder Ejecutivo Nacional que implementen una tarifa social como aporte de equidad.

Los propulsores de la iniciativa, a la que se suman ya más de 60 instituciones, están convencidos que “el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio”, por ese motivo consideran que los servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción o tarifa “deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse como Servicios Públicos Esenciales y Estratégicos para el país”.

“Debemos pensar en una Argentina Integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional, donde nuestras mujeres, jóvenes, niñas y niños, mayores, sectores de la economía popular y PyMEs tengan un lugar de equidad a la hora de hacer valer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación”, afirman en el documento.

Para el presidente de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, “En la Argentina se ha legislado ampliamente sobre la importancia del acceso a la comunicación como derecho inalienable, enmarcados no solamente por la declaración de internet como Derecho Humano por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2016, sino mucho antes, cuando se sancionó la ley 27.078 Argentina Digital en el año 2014 o cuando se erradicó la Ley de radiodifusión de la dictadura y se sancionó en el año 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, sin embargo “cuando uno se pone a ver el mapa oligopólico de este país nos encontramos con tres empresas que tiene la mayor cantidad de concentración de medios: telefonía, internet y televisión por cable. Tenemos una necesidad imperiosa por el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana las tecnologías de la información, y porque hoy nadie puede pensar que una familia carezca de un teléfono o no necesite conectarse a internet”.

Iniciativas legislativas

En la provincia de Buenos Aires hay dos proyectos presentados: en la Cámara de Senadores uno del legislador del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, y otro en la Cámara baja por la diputada  Susana González (Frente Grande), autora de una iniciativa que busca terminar con el monopolio empresarial de las comunicaciones.

En el orden municipal hay varios ejemplos. En la ciudad de Bahía Blanca el concejal Federico Tucat (Juntos por el Cambio) presentó una iniciativa pidiendo a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires la liberación de datos móviles para los estudiantes de todos los niveles: “Muchos estudiantes no cuentan con conexión de internet en sus domicilios, lo que imposibilita poder seguir el dictado de clases virtuales y genera una desigualdad notoria en el acceso a la educación”. Mientras en la capital bonaerense, La Plata, la concejala Yanina Lamberti (Frente de Todos) elevó un proyecto al Concejo Deliberante para garantizar el acceso a internet en los barrios periféricos de la ciudad, “Pedimos que desde el ejecutivo municipal se garanticen los medios necesarios para que haya zonas de libre navegación”. Y en Santa Rosa de Calamuchita (provincia de Córdoba), el edil Estanislao Eraso (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para que se brinde de manera gratuita el servicio de internet a docentes y estudiantes que no cuenten con ese servicio en sus hogares, a fin de cumplir con las clases virtuales.

Por su parte la diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos) afirma “En este marco en particular de aislamiento preventivo y obligatorio, está más que demostrado que son un servicio público, tanto la telefonía celular como la internet. Se utilizan para el teletrabajo, para que nuestros niños estudien y se necesita una forma de regulación acorde a esta situación”. Para la legisladora “Esta pandemia nos ha demostrado la importancia de que estos servicios sean declarados esenciales, estratégicos y sean considerados un Derecho Humano dado que la educación, el trabajo, las relaciones familiares y humanas hoy son efectuadas a través de estos medios de comunicación a través de las redes y de forma virtual”.

En el mismo sentido que Schwindt se manifestó el diputado Pablo Carro (FdT)  que también promueve un proyecto de ley que considera un derecho humano el acceso a internet, al igual que su par Darío Martínez, y la senadora nacional Silvia Sapag, quienes en sus respectivas cámaras tienen sendos proyectos de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil e internet.

Preocupación y propuestas desde la ONU

“El internet es un bien público mundial poderoso y esencial que requiere el mayor nivel posible de cooperación internacional; sin embargo, nos están faltando esos pilares fundamentales de cooperación”, advirtió  Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en el Evento Virtual de Alto Nivel sobre el Impacto de los Cambios Tecnológicos y el Alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“La conectividad digital es indispensable tanto para superar la pandemia como para conseguir una recuperación sostenible e incluyente. Pero no podemos permitir que las modas tecnológicas superen nuestra capacidad de dirigirlas y proteger el bien público”.

La ONU reiteró la importancia de las ocho recomendaciones incluidas en la guía elaborada por el Panel de Alto Nivel para la Cooperación Digital: 1. Conectividad universal. 2. Bienes digitales públicos. 3. Inclusión en el mundo digital de los más vulnerables. 4. Construcción de capacidad digital. 5. Apego a los derechos humanos en el espacio cibernético. 6. Inteligencia artificial ética, confiable, sustentable y segura. 7. Confianza y seguridad digital. 8. Cooperación digital global.


¹ Poeta y periodista. Miembro del Centro de Estudios Humanistas Moebius, Mar del Plata (Argentina).