Mucho ha dolido al gran empresariado la aprobación en la Cámara de Diputados del retiro de 10% de los ahorros de los afiliados, administrados por las AFP. Su reacción ha traspasado las fronteras gremiales para invadir directamente ámbitos políticos y legales. Entregan una furibunda declaración, por cierto, en el Mercurio (13-07-2020) que cuestiona la constitucionalidad de la medida, olvidándose que la aprobación cuenta con el quorum correspondiente de los 3/5, según la actual Constitución. Agregan, de forma irresponsable, que el retiro del 10% pone en riesgo la estabilidad democrática del país.

Van incluso más lejos, al hablar, como en otros tiempos, sobre la utilización de “resquicios legales”. En efecto, señalan que la decisión de los diputados no es algo aislado, ya que, según los firmantes, existirían otras medidas del Parlamento que han pasado a llevar la institucionalidad (no se dice cuáles) y que han afectado las reglas del juego.

Reglas del juego, estabilidad democrática, resquicios legales e inconstitucionalidad, son los términos amenazantes que utiliza el gran empresariado para referirse a una decisión que contó con el apoyo de toda la oposición y de 13 parlamentarios de gobierno. Sorprendente ofensiva de los fácticos que, al ver afectados sus intereses, no vacilan en patear el tablero.

Por su parte, los ejecutivos de las AFP han procedido de manera similar, enviando cartas a sus afiliados para amedrentarlos. En ellas, AFP Hábitat, por ejemplo, señala que: “La votación de la Cámara de Diputados, en la cual se aprobó la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los afiliados retirar el 10% de su ahorro, solo puede ser considerada como un error histórico.”  Algo similar hicieron el resto de las AFP.

Las amenazas del empresariado cuestionan la legalidad del comportamiento de los parlamentarios. Y, en cuanto a los argumentos técnicos sobre retiro del 10%, no agregan absolutamente nada a su conocida defensa dogmática del modelo económico.

En efecto, el bloque empresarial habla de su “profunda preocupación por la estocada” a las pensiones de los trabajadores y que ello afectará su seguridad social. Su sinceridad es cuestionable, porque nadie cree que aquellos patrones estén interesados en el bienestar de los trabajadores. Además, los bajos salarios que pagan y la inestabilidad laboral hacen imposible alcanzar una pensión digna al final de la vida laboral. En realidad, los fondos de las AFP no son un seguro para los ancianos.

El segundo argumento, y aquí sí los patrones hablan con sinceridad, es que las AFP son un pilar de la institucionalidad económica, del modelo neoliberal. Los fondos depositados en las AFP son recursos de bajo costo que han servido al gran empresariado para ampliar sus negocios. Esta es la institucionalidad que cuidan los empresarios.

Finalmente, lo que más preocupa al empresariado es la restitución del retiro del 10% y el eventual “fondo colectivo”, al que deberán aportar el Estado y los empresarios. Eso les duele, porque no quieren entregar recursos al fondo ni tampoco pagar mayores impuestos y por ello argumentan que lo relevante (como siempre) es la recuperación económica y el empleo.

Las AFP y el gran empresariado han resultado damnificados. Les fallaron el gobierno y también los políticos que las protegen. En medio de su desesperación están operando como un partido político más. La aprobación del retiro del 10% cambia el sentido común. Modifica lo intocable. Gracias al movimiento ciudadano “No más AFP”, a las protestas de 18-O y producto de la pandemia, gran parte de los políticos han entendido que la protección de la vida es un valor superior a los negocios de las grandes empresas.

No sabemos cómo terminará esta historia. Está pendiente su aprobación en el Senado. Sin embargo, los poderes fácticos ya están actuando para proteger el corralito que impide a los trabajadores usar sus ahorros en medio de la pandemia. Como sea, la votación de la Cámara de Diputados ha debilitado la fortaleza de las AFP.

La declaración de los gremios patronales y las cartas de las AFP son una advertencia a la ciudadanía. Las reacciones tan desproporcionadas de los fácticos por el 10% pueden convertirse en rebeldía aún mayor cuando se inicie el proceso constituyente y se ponga en cuestión el modelo económico.