En su sentencia 207/2020 de 29 de mayo, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo consideró que el Sáhara Occidental no podía ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen según el artículo 17.1 c), que exige haber nacido en nuestro país para solicitar la nacionalidad.

Esta sentencia, ante la que cabe interponer recurso, podría cerrar el paso a los y las saharauis con DNI español de la entonces provincia 53 y a sus descendientes, vía por la que han obtenido la nacionalidad miles de ellos en los últimos años. Desde Podemos recordamos que Naciones Unidas considera al Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización desde 1963, y que en 1975 la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que ni Marruecos ni Mauritania ostentan soberanía alguna sobre su territorio. Es más, en 2002, el departamento jurídico de Naciones Unidas volvió a recordar que los Acuerdos de Madrid firmados por España con ambos países no significaban transferencia alguna de la soberanía del Sáhara Occidental ni podían trasladar de manera unilateral el estatus de España como «potencia administradora». De hecho, estas interpretaciones del derecho internacional se han incorporado a varias sentencias emitidas por tribunales de nuestro país en los últimos años.

Desde Podemos demandamos que nuestro país cumpla con las obligaciones jurídicas e históricas con el Sáhara Occidental. En el caso concreto de la nacionalidad, que España pueda abrir procesos extraordinarios para otorgar la nacionalidad a los y las descendientes de la antigua colonia, como hizo anteriormente con la comunidad sefardí y en otros procesos extraordinarios, como la concesión de la nacionalidad a los brigadistas internacionales. En todo caso, recordamos que nuestro país debería otorgar el acceso a la nacionalidad española a los y las saharauis en las mismas condiciones que lo hace con otras excolonias, es decir, dos años de residencia y no diez. Así lo exigió el Congreso de los Diputados en una proposición no de ley aprobada por unanimidad por la Comisión de Justicia el 15 de septiembre de 2016, así como los trabajos lanzados, pero que no se llegaron a tramitar, de una proposición de ley para modificar el Código Civil presentados el 19 de julio de 2016.

Este debería ser el primer paso para que España cumpla con sus responsabilidades históricas con el Sáhara Occidental. Desde Podemos apoyamos la libre determinación para el pueblo saharaui, reconocida en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante un referéndum, así como pedimos promover el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

En estos tiempos en los que todo el planeta sufre la pandemia del coronavirus, hemos pedido el aumento de la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) a las instituciones europeas y de España, y exigimos una intervención urgente ante la grave situación de los presos saharauis encarcelados en Marruecos para evitar que sean contagiados por la COVID-19, tal y como pidió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.