Por ADEP / Acción Directa en la Educación Popular

Desde 2014, la comunidad de metro-mangueira (conocida como «faveliña») sufrió una serie de desalojos criminales en función de la Copa Mundial y las Olimpíadas. ADEP ha apoyado la resistencia de la comunidad desde entonces. En 2016, las casas fueron incluso demolidas con gente dentro y el apoyo de los estudiantes de la UERJ fue fundamental para llevar la favela a la Universidad en acción. En esa ocasión, los guardias de seguridad de la universidad trataron de impedir la entrada de quienes intentaban escapar de la violencia policial e incluso rompieron una ventana y mantuvieron a los estudiantes bajo amenaza dentro de una habitación. La repercusión causada por el acto en UERJ fue fundamental para que la comunidad obtuviera una orden judicial que impidiera la continuación del traslado. Es importante recordar que hay más de 100 niños viviendo allí. Nuestros miembros han estado desarrollando actividades lúdicas con estos niños durante mucho tiempo, incluyendo películas, capoeira, teatro y otros eventos culturales que creemos que forman parte del desarrollo de la autoestima, la creación de la identidad social y el derecho a la infancia misma. El Estado, a su vez, cuando aparece en escena a través de sus fuerzas de seguridad, es sólo para violar derechos básicos, abusar de la autoridad y hacer detenciones arbitrarias. Este mismo año, ya durante la pandemia, recibimos la denuncia de que había personas secuestradas por agentes de policía, que cobraban rescates para no falsificar delitos, tan seguros están de la falta de ley y la impunidad que impera a través de la política de seguridad pública en las favelas.

Hoy, 25 de junio de 2020, se nos informó muy temprano de un nuevo desalojo que se estaba llevando a cabo en el lugar, anunciado por los medios de comunicación como un gran logro del gobierno de la ciudad de Río actuando conjuntamente con la subprefectura de Tijuca. Las casas que fueron demolidas esta vez eran construcciones recientes, no cubiertas por la orden judicial que detuvo el desalojo en 2016. Pero es importante decir que, contrariamente a lo que se está informando, no se trataba de casas construidas por especuladores para la venta o alquiler, sino que estaban siendo levantadas con gran esfuerzo y dificultad por gente a las que se le niega sistemáticamente el derecho constitucional a la vivienda. También intentaban construir una nueva sede para la asociación de vecinos y una pequeña iglesia local, ambas demolidas en anteriores operaciones y que todavía no pudieron volver a levantar.

Si se vuelven a construir casas en el lugar, se debe principalmente al hecho de que hay miles de personas sin hogar o que viven lejos de su trabajo, teniendo que arriesgarse diariamente en un transporte público insalubre durante la pandemia. Las casas que en su momento fueron demolidas dejaron un enorme espacio vacío que la ciudad no utiliza y no permite que las personas necesitadas vuelvan a ocupar porque tiene planes para poner fin a la favela de una vez por todas. Lo que los residentes locales que permitieron las nuevas construcciones, pueden haber creído, es que en medio del covid-19 no podía haber ninguna demolición, pero subestimaron el carácter genocida del gobierno, que espera que la gente gaste sus pocos ahorros para construir algo y luego pasa a destruirlo, sin que nadie sea compensado o indemnizado. Junto a esto, la hipócrita clase media de Tijuca y sus alrededores sonríe y celebra, a salvo en sus casas, la mediática y exitosa operación policial. A esas personas sólo queremos recordarles que la vivienda es un derecho fundamental y que negar este derecho, especialmente en este momento, es una política de muerte.

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