Acuerdo de Paz en Colombia: una tarea pendiente

29.06.2020 - Redaccion Colombia

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Acuerdo de Paz en Colombia: una tarea pendiente
(Imagen de pixabay)

Por: Zenaida Espinosa y Jorge Escobar Banderas

Casi cuatro años han pasado de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. En ese trasegar han sido varias las transformaciones que se han logrado impulsar, no obstante, todavía quedan muchas deudas por cumplir, pues hasta hoy sólo se registra un 25% de avances en lo acordado. 

Hacer un seguimiento a los distintos compromisos suscritos, ha sido una tarea compleja, aseguran desde el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, que publicó recientemente el informe que analiza los avances del acuerdo entre diciembre del 2018 y noviembre de 2019, como parte de la tarea de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación (CSIVI).

El informe “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial” recoge diversos artículos de prensa, reportes de entidades estatales, ONGs, centros de pensamiento y organizaciones internacionales, contrastado con el testimonio de miembros de la sociedad civil y el gobierno.

¿Cómo va el cumplimiento de lo acordado?

De acuerdo con las revelaciones del Instituto Kroc, el acuerdo se encuentra en un proceso de implementación y acercamiento territorial en el que se hace necesario construir sobre los avances que se han logrado en años anteriores, con miras a reducir las brechas socioeconómicas entre las zonas más golpeadas por el conflicto. 

El primer punto del acuerdo hace referencia a la reforma rural integral. Aquí los especialistas afirman que hay avances en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en el catastro multipropósito (1), además de subrayar como uno de los principales logros en este período su inclusión en el Plan de Nacional de Desarrollo. Sin embargo, junto con el punto sobre drogas, son los que menos avances presentan, cuestión que preocupa, debido a que son dos de los elementos nodales sobre los cuales han girado las causas del conflicto: la tenencia de la tierra y el narcotráfico.

Una de las tareas pendientes para la implementación es la inclusión de las comunidades para generar prácticas confiables y transparentes, lo cual se ha visto golpeado por el asesinato constante de líderes y lideresas en los territorios, pues se ha perdido confianza con el proceso, sobre lo cual llama la atención el informe. Colombia ha acudido a un préstamo del Banco Mundial con el objetivo de fortalecer el catastro multipropósito y establecer criterios sobre el tema de la tenencia de la tierra en las zonas más afectadas por el conflicto, porque sólo así se podrá avanzar en mejores procesos de planeación y aumento en la recaudación de impuestos con un sentido de equidad y redistribución. Sin embargo, el gobierno ha de hacer mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad para la población en los territorios, para el caso de reclamantes de tierras y todo tipo de liderazgos que propenden por la calidad de vida y la dignificación de los habitantes.

El segundo punto de los acuerdos de paz es la participación política de aquellos sectores afectados por el conflicto armado. El informe del Instituto Kroc destaca que uno de los asuntos que ha afectado el avance tiene que ver con la negativa del Congreso en la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que permitiría la participación de las víctimas. 

En cuanto a la reforma política, se constató que las disposiciones avanzaron muy poco durante el último año. El proyecto de ley final contó con amplias críticas dentro del Congreso, mientras que el gobierno del presidente Iván Duque optó por retirar el proyecto de acto legislativo después de la exclusión de listas cerradas y paridad de género.

Asimismo no se tomaron en cuenta las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), donde se le otorgaba mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el financiamiento de campañas y partidos políticos. 

Mientras tanto, los ajustes normativos para garantizar la movilización y la protesta pacífica, también presentaron un estancamiento durante el último año. De acuerdo con el informe, se hace necesario promover los consensos necesarios para su aprobación en el Congreso de la República. 

A su vez, le hace un llamado a los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (2), para tomar un papel proactivo en la implementación territorial del acuerdo, al promover la inclusión de sus comunidades en las diversas discusiones y espacios de incidencia, debido a que este es un momento de la implementación que requiere grandes esfuerzos a nivel local, con el fin de alcanzar las metas de mediano y largo plazo. Buena parte del porcentaje del avance, está dado por las metas de corto plazo, que tenían que ver con la desmovilización, la dejación de armas y la reincorporación. 

¿Estamos cerca del fin del conflicto?

El “Fin del Conflicto” se presenta en el apartado número tres. En primer lugar se destacan avances en la reincorporación socioeconómica de algunos grupos de excombatientes, quienes por su disposición han accedido a las garantías otorgadas por el gobierno, con la veeduría de la comunidad internacional. 

Igualmente, han sido aprobados diversos proyectos productivos en el Consejo Nacional de Reincorporación, no obstante, su ha incluido a 3159 ex integrantes de las FARC, cerca del 24% de esta población. Otra tarea pendiente es la búsqueda de soluciones permanentes para los espacios de reincorporación, cuyos contratos de arrendamiento se vencieron en agosto del 2019. De hecho algunos de los excombatientes se han visto en la necesidad de abandonar espacios territoriales por la falta de garantías de seguridad.

Ver: Excombatientes de las FARC se van de Ituango, pero no saben para dónde

Ver: Reincorporados dejarán ETCR de Ituango por presunto plan de exterminio 

De hecho el informe destaca que el 2019 fue el año más mortal para los y las excombatientes de la extinta guerrilla, debido a que fueron asesinados un total 77 excombatientes y, sumado a los asesinatos de líderes, lideresas, ha generado un efecto devastador en la implementación del acuerdo final y en su percepción ante la sociedad y la comunidad internacional. En ese sentido se hace un llamado para revisar las garantías de seguridad en los territorios, que proteja la vida de quienes siguen comprometidos y para lograr sostenibilidad del proceso.

A pesar de esto, el gobierno sigue en una actitud negacionista, pues el mismo Consejero Presidencial para la Estabilización expresó a la Radio Nacional de Colombia que “la Fiscalía sostiene que dichos asesinatos han ocurrido por disputas del narcotráfico y no por la condición de excombatientes”, lo que desconoce las condiciones de los territorios y, además, estigmatiza al grueso de los excombatientes que ahora están comprometidos con el proceso de reincorporación.

Ver: Gobierno se pronuncia sobre informe del Instituto Kroc 

A pesar de eso, el informe destaca que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Policía, han avanzado en el esclarecimiento de algunos homicidios, pero no ha sido suficiente ante el alarmante crecimiento. Mientras tanto, que la falta de participación de la sociedad en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha permitido impulsar ante este espacio las políticas adecuadas de protección.

En el cuarto punto se busca una solución a la problemática derivada por el uso de drogas ilícitas, pero los retrasos en el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se presentaron porque el gobierno hizo revisiones durante seis meses y, los cambios realizados, generaron desconfianza entre la población.  Existen algunos avances en materia de proyectos destinados a la seguridad alimentaria, pero el asesinato de algunos participantes, nuevamente genera gran temor en las comunidades.

Ver: ‘El Gobierno desprecia la decisión campesina de arrancar la coca’: Eduardo Díaz Uribe 

El quinto punto se refiere al acuerdo sobre las víctimas del conflicto. De acuerdo con las apreciaciones del informe, éste registró los mayores avances durante el 2019. El éxito se debe al funcionamiento de entidades pertenecientes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pues han generado participación y debate público. Cabe resaltar que son instituciones que, por su naturaleza jurídica, son independientes al gobierno, así que el avance de sus labores no son atribuibles a la voluntad del ejecutivo. La Comisión de la Verdad, deberá entregar su informe en diciembre de 2021, mientras que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, tienen una extensión para su acción de por lo menos 20 años. 

Asimismo se fortaleció el despliegue territorial de inclusión con las víctimas donde la participación de mujeres, comunidad LGBTI y las comunidades étnicas le otorgó mayor legitimidad, pero se hace el llamado a una mayor profundización en estos puntos, pues fueron las poblaciones con mayores niveles de vulneración en el marco del conflicto armado y, por lo tanto, se debe avanzar en los procesos de reparación colectiva, donde se no registraron avances significativos. 

El sexto punto es la implementación, verificación y refrendación. El 2019 fue un año cuyos avances fueron mínimos en este sector. No se logró establecer una agenda conjunta entre el Estado y los exintegrantes de las FARC que aborde los temas legislativos y de seguridad. 

La firma de este acuerdo es un proceso que durante los próximos años va a requerir la comprensión de diversos ámbitos de la sociedad, con el objetivo de alcanzar propuestas y planes que permitan el crecimiento de aquellas poblaciones que durante años fueron las víctimas de la violencia. El Instituto Kroc asegura que se requieren, por lo menos, 10 años de avances sostenidos para alcanzar los objetivos.

De cara a este 2020, la pandemia ocasionada por el Covid-19 obligará a realizar ajustes en distintos frentes. Sin embargo, la participación activa de la ciudadanía y comunidades será clave para garantizar que se fortalezcan las iniciativas de paz y no se convierta en la tarea pendiente de todo un país. 

Notas

(1) Catastro multipropósito. Hace parte de los compromisos del Acuerdo de Paz y va en beneficio de los municipios para el recaudo de impuestos, debido a que Colombia de los 17’128.662 que tiene el país, solo el 5’380.575 están actualizados. Según Dinero, «el catastro multipropósito servirá para contar con información precisa y actualizada del territorio para el diseño de mejores políticas públicas y aumentar el acceso y derecho a la propiedad de la población, lo que les permitirá estar en la legalidad y acceder a servicios financieros y del Estado» (Dinero, julio 19 de 2019).

(2) Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Son órganos consultivos de los gobiernos territoriales (alcaldías o gobernaciones), cuyo fin es propender por el logro y mantenimiento de la paz, facilitar la colaboración armónica de las entidades y los órganos estatales y promover una cultura de reconciliación y no estigmatización (Ver más en Viva la Ciudadanía)

Categorías: Derechos Humanos, Paz y Desarme, Política, Sudamérica
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