Hoy el mundo está luchando contra una pandemia, y tarde o temprano la cuestión sanitaria se resolverá, pero las consecuencias económicas serán devastadoras, posiblemente peores que las del crack de 1929, si no se implementa a nivel mundial un amplio plan de reactivación y un shock redistributivo. Pero semejante plan de ninguna manera puede ser financiado con un mayor endeudamiento que hundiría aún más a los pueblos, sino que debiera financiarse disponiendo del capital concentrado y poniéndolo al servicio de la humanidad (y no en su contra como estuvo hasta ahora). Llegó la hora de ponerle un límite a la sacralización ad infinitum de la propiedad privada, compeliendo a la riqueza más concentrada a canalizarse hacia el desarrollo equitativo y sustentable.

Toda fundamentación ideológica acerca de un posible correlato entre la propiedad privada, el mérito individual y la estabilidad social, podría resultar razonable dentro de ciertos límites. Pero cuando unas pocas fortunas en el mundo acumulan más riqueza que media humanidad, (y la tendencia indica una aceleración del fenómeno), esos fundamentos se derrumban, porque no hay mérito personal que justifique semejantes diferencias, porque ningún derecho adquirido por unos pocos puede legitimar la marginación de millones, y porque no habrá estabilidad social con semejantes desigualdades.

Hace tiempo ya que en el mundo se viene cuestionando el monstruoso nivel de desigualdad; pero frente la actual pandemia y sus consecuencias económicas, se torna urgente la implementación de políticas drásticas al respecto. Así como en otros momentos históricos, la irracionalidad de las conflagraciones mundiales forzó a los gobiernos a llevar adelante economías de guerra y de postguerra, adecuando las estructuras productivas para ponerlas al servicio de las urgencias; en este momento histórico ha llegado la hora de una gran convergencia mundial que otorgue consenso a medidas económicas radicales, imprescindibles en esta emergencia de la lucha contra la desigualdad, la marginación, la deshumanización y el desastre ambiental. Hoy debieran reorientarse los sistemas financieros y productivos hacia una reconversión del sistema económico global, que tenga como objetivo sacar a la gente de la pobreza, asegurar los derechos humanos básicos, y modificar la matriz productiva en función de un consumo equitativo y ambientalmente sustentable.

No será suficiente con cobrar mayores impuestos a quienes concentran la riqueza, porque si bien habrá que hacerlo para poder financiar programas de emergencia, eso no cambiará estructuralmente la matriz distributiva y productiva. Habrá que obligar a que las fábricas de armamentos de reconviertan en fábricas de vehículos, maquinarias e insumos. Habrá que obligar a los bancos y fondos de inversión a que dejen de especular y se dediquen a financiar la producción y el consumo de bienes y servicios necesarios, en el marco de políticas de protección ambiental. Habrá que forzar a la reinversión productiva de las ganancias de las grandes empresas, terminando con la fuga a paraísos fiscales y la especulación.

Un criterio para ponerle límites a la propiedad privada debiera consistir en que el grado de libertad para disponer de un capital y su renta sea inversamente proporcional a su magnitud. A mayor capital, mayor responsabilidad social para destinarlo al progreso de toda la sociedad y no simplemente a la rentabilidad de unos pocos. Si alguien tiene una pequeña o mediana empresa, verá la mejor manera de invertir sus ganancias, dentro de ciertos marcos legales, fiscales y ambientales. Pero si alguien es dueño de grandes empresas o bancos, su influencia sobre la economía es mayor, por lo cual sus decisiones deberán acotarse a un marco más restringido en el que la prioridad sea el bien común. Y desde luego que no estamos hablando de donaciones simbólicas para cuidar la imagen empresarial, ni de recomendaciones o sugerencias de parte del sector público al privado. Estamos hablando de que los Estados con verdadera Sensibilidad Humanista, emergentes de un nuevo Contrato Social, deberán intervenir activamente para direccionar las inversiones de los grandes capitales hacia las áreas de interés general, mediante políticas tributarias que vuelvan prohibitivas otras aplicaciones de fondos que no coincidan con el interés de las mayorías. Algunos dirán que tal intervención pública en el ámbito privado es violatoria del derecho de propiedad; pues habrá que responderles que los derechos humanos de las mayorías tienen prioridad por sobre los derechos de propiedad del capital concentrado. Inversamente, otros podrían suponer que, en lugar de redireccionar las inversiones, resultaría “más revolucionario” expropiar todo y distribuirlo de una sola vez; pues habrá que explicarles que si se derriba un manzano para repartir las manzanas, en poco tiempo no habrá más frutos. En cualquier caso, viene bien recordar este fragmento del Documento Humanista.

“La ganancia no destinada a la reinversión en la empresa, no dirigida a su expansión o diversificación, deriva hacia la especulación financiera. La ganancia que no crea nuevas fuentes de trabajo, deriva hacia la especulación financiera. Por consiguiente, la lucha de los trabajadores ha de dirigirse a obligar al capital a su máximo rendimiento productivo. Pero esto no podrá implementarse a menos que la gestión y dirección sean compartidas. De otro modo, cómo se podría evitar el despido masivo, el cierre y el vaciamiento empresarial? Porque el gran daño está en la subinversión, la quiebra fraudulenta, el endeudamiento forzado y la fuga del capital, no en las ganancias que se puedan obtener como consecuencia del aumento en la productividad. Y si se insistiera en la confiscación de los medios de producción por parte de los trabajadores, siguiendo las enseñanzas del siglo XlX, se debería tener en cuenta también el reciente fracaso del socialismo real.”1

Desde luego que ante la emergencia sanitaria y económica actual, se debiera garantizar desde ahora el incremento de los presupuestos de salud y una renta básica para cada ser humano, que le permita no caer en la pobreza. Para ello habrá que gravar con fuertes impuestos a las grandes fortunas en los niveles nacionales; pero como existe una gran desigualdad de recursos en los diversos países, la ONU y los organismos de crédito internacional debieran ocuparse de la conformación de un fondo internacional que atienda tales necesidades en los países más desfavorecidos. Bastará con que en el ámbito de la ONU se acuerde una reducción drástica y simultánea en el gasto militar de las potencias, para que se liberen recursos suficientes. Y bastará con que los organismos de crédito internacional, en lugar de ocuparse de velar por los intereses de los prestamistas, apoyen a los países endeudados a sortear la crisis.

Pero mientras se atiende la emergencia inmediata, se debe ir configurando la imagen de un mundo nuevo, mediante cambios estructurales y profundos, porque ya no hay tiempo para más dilaciones, y en el área económica eso implica definitivamente ponerle límites a la propiedad privada y a la dictadura de los mercados que nos han llevado a la depredación del ser humano y su hábitat.

Como siempre decimos, todas estas decisiones están muy lejos de la voluntad de la mayor parte de los gobernantes, así que será necesario que los pueblos presionen en la dirección correcta, y quizás hoy como nunca hay una oportunidad para que los diversos pueblos del mundo puedan sintonizarse y converger en la construcción de un futuro común.

 

1 Silo -Documento Humanista – 1993