Partió la campaña publicitaria en torno al plebiscito constitucional en medio de un contexto nacional e internacional cuya complejidad ha hecho dudar a algunos respecto de su realización y/o de la legitimidad de los resultados que surjan.

La complejidad está dada esencialmente por un clima caracterizado por un malestar generalizado del que difícilmente alguien pueda escapar. En unos, tiene su origen en el descrédito de las clases dirigentes de todo orden: políticas, empresariales, deportivas, religiosas, militares. Descrédito ganado como consecuencia de la violencia que encierran los abusos y privilegios en que han incurrido y que se han ido perpetuando y agudizando sin que se les ponga coto. Muy por el contrario, que han ido in crescendo. Pocos se salvan. En otros, el malestar se centra en la violencia callejera con sus consecuencias en el quehacer cotidiano, y su prolongación en el tiempo sin que se visualice en las autoridades pertinentes la capacidad y/o voluntad para ponerle coto.

La guinda de la torta está dada con la aparición en el país del coronavirus que algunos visualizan como una suerte de tabla de salvación para zafar del plebiscito, mientras otros lo ven como un elemento distractivo manipulado por sectores interesados.

El estallido social desatado el 18O tiene dos vertientes claramente diferenciadas: la violenta y la no violenta. El malestar se expresa de las dos formas. Si bien la violenta es minoritaria, es la que “más se ve”, la que más se resalta, es la que se debe rechazar sin medias tintas, al igual que la otra violencia encarnada en los abusos y privilegios desmedidos. En una democracia de verdad los conflictos se dirimen pacíficamente, conversando, dialogando, sin imposiciones, mirándonos a los ojos. Ese es el camino.

Desde hace tiempo que en el país se ha abierto la discusión en torno a la constitución sin que salga humo blanco no obstante las múltiples modificaciones de las que ha sido objeto, las que el tiempo ha ido mostrando como insuficientes. Hace unos años, en el 2013, un connotado abogado constitucionalista sostuvo que el problema se iba a solucionar por las buenas, o las malas, dada su incapacidad para ordenar y responder adecuadamente a las urgentes demandas de mejoras en ámbitos claves, tales como salud y educación, entre otros. Bajo el gobierno de Bachelet se intentó iniciar un proceso constitucional pacífico, sin saqueos, sin destrucción, sin vandalismos, como una forma de encauzar el malestar reinante. No se tuvo éxito por las más diversas razones. Desgraciadamente tuvo que ocurrir el estallido social del 18O para que la clase política entendiera esto.

No hay dudas que el acuerdo alcanzado a mediados de noviembre del año pasado para iniciar el proceso constituyente fue la válvula de escape dada por la política para evitar un potencial quiebre institucional. Hacer buen uso de esta oportunidad está en nuestras manos, teniendo claro que el tema constitucional no es todo el problema, sino que tan solo parte importante de él.